La viralización de un video que muestra al defensor del Pueblo Víctor Curvino manejando con una copa en la mano desnuda la impunidad de quienes deberían custodiar la legalidad y agrava el descrédito de una institución ya cuestionada por su cercanía al gobierno municipal.
En plena campaña electoral para renovar la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz, la ciudad asistió con estupor a las imágenes que recorrieron las redes y WhatsApp: Víctor Curvino, electo para defender derechos ciudadanos, filmado conduciendo un vehículo con una copa en la mano. Diversos sectores denunciaron de inmediato que el funcionario estaba en estado de ebriedad, exigiendo su renuncia, un juicio político y hasta se registró una presentación en la Justicia para ser investigado penalmente. Curvino reconoció que el episodio existió, aunque intentó justificar que la grabación data de agosto de 2021, antes de asumir en el cargo aunque tras haber resultado ganador en las urnas y, por ende, ya ser funcionario electo.
Este bochornoso episodio no es un hecho aislado que pueda atenuarse por la fecha de la filmación, como cree el protagonista en su soberbia. Antes bien, golpea con fuerza a una defensoría que ya venía arrastrando un fuerte desprestigio institucional por la connivencia con el gobierno municipal y el alineamiento político que muchos denunciaban. Ver al titular de ese organismo burlarse de la Seguridad Urbana y aludir al intendente para “poner orden” resulta la prueba más cruda de cómo el poder, lejos de ser herramienta de servicio público, acaba convirtiéndose en coartada para evadir normas comunes.
La indignación ciudadana y el coro unánime de rechazos muestran que la sociedad no tolera más concesiones a la inconducta. Ocupar un cargo público no otorga un cheque en blanco para la impunidad: exige, por el contrario, un compromiso ético superior, ejemplaridad y respeto irrestricto a la ley. Quien asume funciones de representación y control debe ser el primero en acatar la normativa que defiende y en preservar la dignidad del rol.
El impacto de esta crisis va más allá de las risas grabadas aquella noche en la Costanera: erosiona la confianza en la política, refuerza la percepción de que las instituciones públicas protegen a sus allegados antes que al ciudadano y profundiza el escepticismo de quienes reclaman transparencia y honestidad. Si la Defensoría del Pueblo aspira a recuperar su verdadero sentido, debe desprenderse de prácticas opacas, garantizar su independencia y demostrar que sirve de verdad al vecino, no a intereses partidarios.
En tiempos donde cada gesto de un funcionario queda al alcance de una cámara, la justificación de “fue antes de asumir” no basta. La sociedad exige coherencia permanente y sanciones para quienes la traicionan. Quienes buscan la reelección -como Curvino- deben entender que el poder conlleva deberes ineludibles: cuidar el patrimonio ético de las instituciones y honrar cada voto con responsabilidad y respeto.
Sin eso, cualquier mensaje de defensa de derechos sonará tan hueco como las palabras que se le escucharon en aquel video.
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