Los procedimientos se realizaron en distintos domicilios de la ciudad de Córdoba en el marco de una investigación por amenazas calificadas. La causa se inició tras una denuncia por un mensaje que circulaba en un grupo de WhatsApp integrado por jóvenes, en el que se hacía referencia a un posible hecho de violencia armada en una escuela.
Efectivos de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Córdoba realizaron una serie de allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la capital provincial, en el marco de una investigación penal por amenazas calificadas vinculadas a un establecimiento educativo.
Las actuaciones comenzaron a partir de una denuncia, luego de que se tomara conocimiento de un mensaje que circulaba en un grupo de WhatsApp integrado por jóvenes, en el que se hacía referencia a un posible hecho de violencia armada en una escuela.
Ante la gravedad del contenido y el riesgo potencial para la comunidad educativa, se activaron de inmediato los protocolos vigentes. En ese contexto, intervino la Fiscalía Penal Juvenil, que dispuso medidas urgentes para preservar la seguridad pública e identificar a los posibles responsables.
Según se informó, con las órdenes judiciales correspondientes, personal de Investigaciones, junto a grupos tácticos y unidades especiales, avanzó con los procedimientos y secuestró dispositivos electrónicos, armas blancas, manuscritos y otros elementos que serán incorporados a la causa y analizados por áreas de cibercrimen y pericias de la Policía.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, explicó que los allanamientos comenzaron desde las primeras horas del día y que se enmarcaron en una causa concreta que ya estaba bajo análisis judicial. En ese sentido, señaló: “Procedimos a identificar a un menor de 13 años, investigado en el hecho, quien integraba un grupo de WhatsApp donde se hablaba de ataques en escuelas”.
Más adelante, el funcionario agregó que “lo que se está investigando es un hecho concreto y, a partir del secuestro del teléfono de un menor, se pudo avanzar en el análisis de la información con autorización judicial”.
Quinteros también advirtió sobre la circulación de este tipo de contenidos en entornos digitales y sostuvo que “habitualmente estos mensajes se difunden en grupos de WhatsApp, donde se empiezan a viralizar y a captar a adolescentes que luego pueden pasar de una actitud pasiva a una participación más activa”.
En esa línea, remarcó que no todos los casos tienen la misma complejidad, aunque insistió en que se trata de hechos con consecuencias. “Hay que diferenciar a quienes creen que están haciendo una travesura de situaciones más complejas. En todos los casos se trata de hechos delictivos que tienen consecuencias”, expresó.
Prevención y trabajo coordinado
Desde el Gobierno provincial destacaron la importancia de la articulación entre el Ministerio de Seguridad, el Poder Judicial y el Ministerio de Educación para actuar ante este tipo de situaciones. Según se indicó, esa coordinación permite intervenir con rapidez, resguardar a la comunidad educativa y avanzar en la investigación con herramientas específicas.
Además, el ministro informó que en paralelo se concretó otro procedimiento en el interior provincial, donde se secuestró un arma luego de detectarse un video en el que un menor manipulaba un arma de fuego y hacía referencia a situaciones similares.
La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas para determinar el alcance real de la amenaza y establecer si hubo otros involucrados.
En el cierre, Quinteros volvió a poner el foco en el rol de las familias y de la comunidad educativa en la detección temprana de estas situaciones. “El primer núcleo que puede advertir estos comportamientos es el familiar. Por eso es clave la atención y el acompañamiento”, afirmó.
