El debate oral y público ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios comenzará el martes 21 de abril y tendrá como acusados a los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, señalados por presunto mal desempeño y negligencia grave en la investigación del crimen de Nora Dalmasso.
El martes 21 de abril comenzará el debate oral y público ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios en el que se analizará el desempeño de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro en la causa por el asesinato de Nora Dalmasso.
Los tres funcionarios judiciales llegan a esta instancia bajo la acusación de presunto mal desempeño y negligencia grave en distintas etapas de la instrucción del caso, uno de los expedientes más resonantes de la historia judicial cordobesa.
Las audiencias, que incluirán la recepción de testimonios, se desarrollarán en el edificio de la Legislatura provincial, ubicado en Avenida Emilio Olmos 580, a partir de las 8.30, y se extenderán en esta primera etapa hasta el 27 de abril.
El tribunal encargado de dictar el veredicto estará integrado por la presidenta del cuerpo y vicepresidenta de la Unicameral cordobesa, Julieta Rinaldi; los legisladores Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás y Walter Gispert; y la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Aída Tarditti.
Una vez finalizada la etapa testimonial, se deberá fijar la fecha para los alegatos de la acusación y de las defensas. De acuerdo con el marco legal vigente, el fallo final tendrá que dictarse antes del 28 de mayo, dentro del plazo máximo de 60 días hábiles posteriores a la formulación de la acusación.
El proceso se desarrollará bajo las previsiones de la Ley Provincial 7.956, que regula el funcionamiento de este órgano con facultades constitucionales para remover de sus cargos a magistrados y funcionarios de instancias inferiores cuando se acrediten faltas graves en el ejercicio de sus funciones o la comisión de delitos.
De esta manera, el jury abrirá una instancia clave para evaluar la actuación de los fiscales en una causa que, a casi dos décadas del crimen de Nora Dalmasso, sigue generando repercusiones judiciales e institucionales.
