Durante la primera reunión formal, no se tomó ninguna resolución. El oficialismo busca evitar el costo político de respaldar al defensor del Pueblo.
Como estaba previsto, y en medio de alguna expectativa, se llevó a cabo este martes por la mañana la reunión de la Sala Acusadora que debe decidir si da curso, o no, a los pedidos de juicio político contra el defensor del Pueblo, Víctor Curvino.
Las denuncias fueron presentadas por los ex candidatos Marcelo Iriarte y Santiago Juliá (ambos estuvieron presentes en el Concejo de Representantes, pero no los dejaron presenciar la reunión con el argumento de que era privada), a partir del video que se viralizó antes de las elecciones, donde se lo ve al defensor del Pueblo conduciendo con una copa en la mano y haciendo algunos comentarios como mínimo reprochables.
Vale recordar que la Sala Acusadora está conformada por seis concejales: cuatro oficialistas (Leonardo Villalobo -presidente-, Sebastián Guruceta, Raquel Merlino y Marcela Bosch) y dos opositores (Pía Felpeto y Fernando Revello). Para admitir la denuncia se requiere una mayoría de dos tercios de sus miembros, es decir, al menos cuatro votos afirmativos.
Durante este primer encuentro se avanzó poco. Apenas se esbozaron algunas consideraciones generales sobre el tenor de las denuncias y un intento claro por parte de los ediles del oficialismo de desviar la atención (hubo recurrentes menciones al ‘Caso Ribetti’, en alusión al planteo contra el concejal de JxCP por su domicilio).
Llamó la atención, también, que recién unos minutos antes de dar inicio a la reunión se distribuyera el descargo presentado por Curvino este lunes por la mañana, donde afirma que no estaba tomando alcohol y que aún no había asumido en su cargo. Y atando cabos, quizá fue por esperar este escrito que la reunión de la Sala Acusadora se reprogramó para este martes, cuando inicialmente estaba convocada para el lunes.
Lo cierto es que la reunión finalizó sin tomar ninguna decisión, de manera algo ambigua, porque no se definió cómo sigue el trámite, más allá de la voluntad expresada de buscar “información preliminar”.
Es que, en esta instancia, el rol de la Sala Acusadora es bastante sencillo: debe decidir si da curso al proceso de juicio político, habilitando el inicio de la investigación donde, entre otros aspectos, el acusado tendrá la oportunidad de defenderse y aportar las pruebas que se consideren necesarias.
Pero es en ese momento, y no antes —como intenta Curvino con la nota en la que pide que se declare inadmisible el pedido de juicio político—, que se abre el espacio para la defensa, de acuerdo a lo regulado por la ordenanza reglamentaria 5031.
En su artículo 12 establece que “los miembros de la Sala Acusadora deberán efectuar un análisis de admisibilidad de la denuncia presentada por el concejal o elector. Para que la denuncia sea considerada admisible, deberá contar con el voto positivo de la mayoría agravada de los miembros de la Sala Acusadora, en caso contrario queda desestimada”.
El artículo 13, en tanto, detalla que “si se ha declarado admisible la denuncia, la Sala Acusadora correrá traslado al denunciado en su domicilio legal, con copia del expediente que sustancia la causa, con la finalidad de que, en el plazo máximo de siete (7) días hábiles administrativos contados a partir de recibida la notificación, realice su descargo y ofrezca la prueba que haga a su derecho, en forma escrita”.
Queda claro, entonces, que lo que debe hacer la Sala Acusadora es decidir por sí o por no sobre el inicio de la investigación.
Resulta evidente que la intención del intendente Esteban Avilés es blindar a Curvino y desestimar las denuncias, pero para que ello ocurra, al menos los cuatro integrantes que le responden dentro de la Sala Acusadora deben votar en ese sentido. Lo que pretende evitar el oficialismo es pagar el costo político de defender una actitud que generó muchísimo repudio.
Así las cosas, el presidente Villalobo debería considerar que la reunión de hoy pasó a un “cuarto intermedio” (aunque en la práctica no se dijo nada de eso) y convocar a una nueva para votar. Y hacerse cargo de la decisión que toma cada uno.
