La Cámara baja fue convocada a una sesión especial para el martes 23 de junio con el objetivo de interpelar al jefe de Gabinete por la polémica de su declaración jurada. El mecanismo está previsto en la Constitución y podría derivar en su remoción, aunque el camino parlamentario todavía aparece complejo.
La crisis política por la situación patrimonial de Manuel Adorni sumará un nuevo capítulo en el Congreso. La oposición convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el martes 23 de junio, a las 14 horas, con el objetivo de tratar pedidos de interpelación al jefe de Gabinete y avanzar hacia una eventual moción de censura.
El pedido se produce después de que Adorni presentara su declaración jurada patrimonial y reconociera que había tenido ahorros no declarados previamente, que atribuyó a inversiones en Bitcoin realizadas antes de llegar al Gobierno. Sus explicaciones reavivaron los cuestionamientos porque, en su último informe ante Diputados, el funcionario había asegurado que no existía ocultamiento de bienes.
La ofensiva parlamentaria busca que el jefe de Gabinete vuelva al Congreso para dar explicaciones sobre su patrimonio, la rectificación de datos ante los organismos de control, su adhesión al régimen de Inocencia Fiscal y las inconsistencias que la oposición considera incompatibles con el cargo que ocupa.
Qué es una moción de censura
La moción de censura es un mecanismo previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994. Permite que el Congreso interpelen al jefe de Gabinete para evaluar su responsabilidad política y, eventualmente, avanzar en su remoción.
A diferencia de un juicio penal, no requiere probar un delito. Se trata de una herramienta de control político del Poder Legislativo sobre una figura del Poder Ejecutivo que, por mandato constitucional, debe rendir cuentas periódicamente ante el Congreso.
El procedimiento tiene dos etapas. Primero, cualquiera de las cámaras puede interpelar al jefe de Gabinete para tratar una moción de censura, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros. Si luego se busca removerlo, se necesita la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras.
En términos prácticos, para desplazar a Adorni no alcanzaría solo con una votación en Diputados. También debería haber una mayoría equivalente en el Senado, por lo que el camino institucional es más exigente que una simple citación o pedido de informes.
Lo que se sabe de la sesión
La sesión especial fue impulsada por distintos bloques opositores y aliados críticos del oficialismo. En el temario aparecen varios pedidos de interpelación que podrían derivar en el tratamiento de una moción de censura contra Adorni.
Sin embargo, el trámite no será automático. Los proyectos todavía no tienen dictamen de comisión, por lo que la oposición deberá conseguir primero quórum y luego aprobar una estrategia parlamentaria para emplazar a las comisiones correspondientes o forzar el tratamiento de las iniciativas.
Ese punto es central porque las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento están bajo control del oficialismo y sus aliados. Sin un emplazamiento aprobado en el recinto, la oposición no puede obligarlas a dictaminar.
Por eso, la sesión del 23 de junio aparece como una prueba política antes que como una instancia definitiva. Servirá para medir si los bloques que cuestionaron públicamente a Adorni están dispuestos a acompañar con votos una ofensiva concreta en el recinto.
El oficialismo confía en que podrá bloquear el avance de la moción, como ya ocurrió en intentos anteriores de interpelar al jefe de Gabinete. La oposición, en cambio, sostiene que el escenario cambió después de la presentación de la declaración jurada y de las declaraciones del propio funcionario sobre sus ahorros no declarados.
Repercusiones políticas
El caso Adorni generó un escenario inusual porque los cuestionamientos ya no provienen solo de la oposición más dura. También hubo pronunciamientos de espacios que acompañaron al Gobierno en votaciones clave.
El PRO endureció su postura y le pidió directamente al presidente Javier Milei que “defienda el cambio y no a Adorni”. Además, calificó como una “falta grave” que un funcionario diga ante los argentinos y ante el Congreso que no ocultó nada y luego admita lo contrario.
La UCR también cuestionó la situación del jefe de Gabinete y advirtió que sus explicaciones afectan la ejemplaridad que debe tener una de las máximas responsabilidades institucionales del país.
Desde Córdoba, el diputado nacional Juan Schiaretti fue más lejos y pidió directamente la salida de Adorni. “No puede seguir siendo jefe de Gabinete”, planteó, al sostener que el funcionario “le mintió al pueblo argentino” y “mintió ante el Congreso”.
También hubo críticas dentro del propio oficialismo. La senadora Patricia Bullrich calificó el caso como una “omisión ética”, mientras que la vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó públicamente las explicaciones de Adorni y profundizó las diferencias internas en La Libertad Avanza.
En paralelo, el Gobierno intenta descomprimir la situación con la presentación de Adorni ante el Senado, prevista para el 2 de julio, donde deberá brindar su informe de gestión. Desde la Casa Rosada sostienen que esa comparecencia debería canalizar las explicaciones institucionales y evitar que avance la moción.
Por ahora, Milei mantiene su respaldo al jefe de Gabinete. El Presidente considera que Adorni no mintió y que la ofensiva responde a una estrategia política de desgaste. Sin embargo, la presión parlamentaria y el malestar de aliados obligaron al oficialismo a defender un caso que ya impacta en la agenda legislativa.
La sesión del 23 de junio será, entonces, un test de fuerzas. Si la oposición logra reunir quórum y sumar a sectores dialoguistas, el Gobierno enfrentará una señal política incómoda. Si no lo consigue, Adorni ganará tiempo, aunque difícilmente cierre una crisis que ya quedó instalada en el centro de la escena nacional.
