El Concejo de Representantes tratará este jueves el proyecto de resolución que propone citar al secretario General y de Vinculación Institucional, para que brinde explicaciones sobre el retiro de la Policía de los inmuebles municipales.
El concejal Daniel Ribetti, del bloque Juntos por Carlos Paz, presentó un proyecto de resolución que será tratado en la sesión de este jueves del Concejo de Representantes, a través del cual solicita interpelar al secretario General y de Vinculación Institucional, Juan Manuel Lucero, por la decisión del Ejecutivo de intimar al Ministerio de Seguridad provincial a desalojar distintas dependencias policiales que funcionaban en predios municipales.
La medida, según fundamenta el proyecto, generó preocupación en la ciudadanía y una alteración en el esquema de seguridad urbana, especialmente en los barrios periféricos donde la presencia policial cumplía una función de proximidad con los vecinos.
Dependencias afectadas
Entre los espacios que la Policía de Córdoba debió abandonar figuran la Posta Policial de barrio Colinas (Roma esquina Sierra de la Ventana), el Depósito Policial de vehículos secuestrados (en el Corralón Municipal de avenida Perón), el Centro Verificador de Automóviles (calle Medrano), la Posta del Playón Municipal y el Centro de Monitoreo del Palacio Municipal.
De acuerdo con los considerandos del texto, la situación responde a desacuerdos entre la Municipalidad y el Ministerio de Seguridad en torno a las condiciones de uso, el mantenimiento de los inmuebles y las políticas de seguridad territorial.
Pedido de explicaciones
El proyecto convoca a Lucero a presentarse el 23 de octubre a las 18:00 en el recinto del Concejo para brindar un informe detallado sobre las razones de la medida, los convenios vigentes, los informes técnicos que la respaldan y el impacto que pueda tener sobre los índices de seguridad.
Ribetti fundamentó la iniciativa en el artículo 121 inciso 31 de la Carta Orgánica Municipal, que faculta al Concejo a interpelar funcionarios del Ejecutivo cuando existan hechos de interés público que afecten la seguridad y la convivencia ciudadana.
