sábado, junio 20, 2026
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Investigan contratos de la empresa de la esposa de Adorni con firmas vinculadas al Estado

La Justicia pidió documentación societaria y expedientes de contratación para determinar si existieron beneficios irregulares en negocios vinculados a la consultora de Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni. El Gobierno sostiene que la firma no tuvo contrataciones con el Estado nacional, mientras la pesquisa busca establecer si hubo conflicto de intereses a partir de vínculos con empresas que operan con participación estatal.


La causa judicial que involucra a Manuel Adorni sumó un nuevo frente y ahora pone la lupa sobre la actividad comercial de la empresa de su esposa. El juez federal Ariel Lijo, a pedido del fiscal Carlos Stornelli, ordenó una batería de medidas para determinar si hubo contrataciones entre organismos del Estado nacional y firmas vinculadas a Bettina Angeletti, en el marco de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.

Según lo que se conoce del expediente, la Justicia requirió copia de expedientes administrativos y documentación anexa sobre distintos procesos de contratación. Entre ellos figuran servicios de mensajería SMS, herramientas de comunicación y seguimiento, implementación y soporte técnico de Jira y Confluence, correos transaccionales y también la concesión de uso para la explotación comercial del predio de Tecnópolis. Además, pidió a la IGJ los legajos societarios completos de varias firmas para reconstruir su composición y posibles vínculos.

El eje de la investigación es determinar si existió algún “proceso de simulación” en esas contrataciones o si pudo haber un conflicto de intereses entre la función pública de Adorni y actividades económicas desarrolladas por su entorno familiar. Por ahora, de acuerdo con el dictamen citado en la causa, no hay imputados y las medidas fueron ordenadas como etapa de prueba para verificar si hubo irregularidades.

Dentro de ese universo aparece la consultora +BE, propiedad de Angeletti. En las respuestas enviadas por el Gobierno al Congreso para el informe de gestión de Adorni, la oposición preguntó específicamente por contratos y vinculaciones empresariales de esa firma con el Estado, organismos descentralizados y compañías con participación estatal. Allí se mencionó una denuncia sobre facturación por $6.370.000 en capacitaciones brindadas a National Shipping S.A. en fechas en las que Adorni ya era funcionario nacional.

La respuesta oficial fue que la Oficina Nacional de Contrataciones “no registra contrataciones de ‘+BE’ con el Estado Nacional”. Ese planteo, sin embargo, no cerró la discusión política ni judicial, porque parte de los cuestionamientos apunta a posibles negocios con empresas privadas que, a su vez, mantienen vínculos contractuales con firmas de participación estatal. Ese es uno de los puntos sobre los que la Justicia intenta avanzar con la documentación pedida en estas semanas.

El caso se suma a otras líneas abiertas en la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, que ya incluía la compra de inmuebles, pagos por refacciones y viajes cuestionados. En ese marco, la situación de Adorni se volvió uno de los principales focos de desgaste político para la Casa Rosada, mientras el Gobierno insiste en sostenerlo en el cargo y relativizar el impacto de las denuncias.

Hasta ahora, la posición pública de Adorni fue evitar precisiones sobre expedientes en trámite. En una conferencia de prensa realizada en marzo, afirmó que construyó su patrimonio en el sector privado, que está poniendo la información a disposición de la Justicia y que “todo lo que tiene que estar declarado está declarado”. También sostuvo que no respondería sobre aspectos específicos para no interferir en la investigación judicial.

Así, la causa abre un nuevo capítulo alrededor del jefe de Gabinete: ya no sólo por sus bienes, viajes y gastos, sino también por la posible relación entre su posición en el Gobierno y la actividad comercial de la empresa de su esposa. La clave ahora estará en la documentación que llegue al juzgado y en si esos papeles permiten confirmar o descartar un conflicto de intereses en negocios vinculados con el Estado o con empresas bajo su órbita de influencia.

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