Una vecina de Villa Parque San Miguel denunció un movimiento de suelo que habría dejado un desnivel de unos seis metros junto a su propiedad. Daniel Ribetti pidió acceder a los planos, cálculos técnicos y actas de inspección para determinar si la obra cumple con el Código de Edificación. Sebastián Guruceta defendió la actuación municipal, acusó al opositor de presentar información falsa y reveló un litigio entre el intendente y la denunciante por los límites de sus terrenos. El pedido de informes obtuvo solamente dos votos y pasó a comisión.
Una excavación de grandes dimensiones en un terreno perteneciente al intendente Esteban Avilés, en barrio Villa Parque San Miguel, abrió una fuerte controversia en el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz. Lo que comenzó como un pedido de informes sobre el cumplimiento del Código de Edificación derivó en un enfrentamiento entre oficialismo y oposición, con acusaciones de falsedad, referencias a un conflicto judicial entre propietarios y cuestionamientos sobre la imparcialidad de los controles municipales.
El proyecto fue presentado por Daniel Ribetti, de Juntos por Carlos Paz, a partir de una denuncia realizada por la vecina Vanina Angélica Tebaldi, quien cuestionó un movimiento de suelo en el lote lindero al suyo que, según su presentación, dejó un desnivel de aproximadamente seis metros sin las correspondientes obras de contención.
Ribetti sostuvo que las actuaciones de la Dirección de Obras Privadas no permiten establecer con suficiente claridad qué trabajos fueron autorizados, si se ejecutaron conforme a los planos aprobados y qué medidas se adoptaron para garantizar la seguridad de los terrenos.
La particularidad del caso quedó expuesta cuando identificó al propietario del inmueble cuestionado.
“Me queda claro quién es el propietario de este lote en cuestión y es el mismísimo Intendente”, afirmó.
El concejal oficialista Sebastián Guruceta confirmó que el terreno pertenece a Avilés, pero rechazó los cuestionamientos. Aseguró que la obra cuenta con planos aprobados, acusó a Ribetti de tergiversar información administrativa y reveló que existe un juicio iniciado por el mandatario contra la denunciante por una presunta ocupación de parte de su propiedad.
El intercambio dejó planteadas dos versiones contrapuestas sobre las inspecciones municipales y el cumplimiento de las normas urbanísticas.
Sin embargo, el pedido destinado a obtener los documentos que permitirían esclarecer esas diferencias no consiguió avanzar.
Solamente Ribetti y su compañera de bloque, Pía Felpeto, acompañaron el tratamiento sobre tablas. Los otros dos concejales opositores presentes (Noe García Roñoni y Fernando Revello) no se sumaron a la moción y Carlos Paz Unido tampoco la respaldó. Con apenas dos votos favorables, el proyecto pasó a comisión.
La consecuencia inmediata fue que el Concejo no aprobó la solicitud de planos, memorias de cálculo y actas de inspección, ni el pedido de un dictamen técnico al Consejo de Planeamiento Urbano y Ambiental.
Una excavación y un desnivel de seis metros
La controversia se originó en el expediente municipal 252190/26, caratulado “Tebaldi Vanina Angélica – Solicita interpretación técnica – B° Villa Parque San Miguel”.
La presentación cuestiona una intervención realizada en un terreno ubicado en una zona residencial RSM2, comprendida por las disposiciones de la Ordenanza 4021, que establece el Código de Edificación de Villa Carlos Paz.
Durante su exposición, Ribetti describió las consecuencias atribuidas a la excavación con una imagen contundente.
“La vecina va caminando por la superficie de su patio y hay un escalón de seis metros de altura al lote de al lado”, sostuvo.
Según explicó, el movimiento de suelo habría modificado considerablemente la topografía natural y generado un corte abrupto entre ambas propiedades, sin que se hubieran ejecutado las estructuras de contención correspondientes.
También mencionó cuestionamientos sobre la restitución del suelo y la vegetación, el eventual escurrimiento de aguas pluviales y la ubicación de una cámara séptica respecto de la línea medianera.
El concejal centró buena parte de sus argumentos en el artículo 10.2 del Código de Edificación, que regula determinadas intervenciones sobre terrenos con pendientes superiores al 15%.
Según detalló, la normativa establece condiciones para autorizar escalonamientos que superen los 1,60 metros y contempla exigencias técnicas relacionadas con planos, memorias de cálculo, muros de contención y la intervención de profesionales habilitados.
Su cuestionamiento fue que la respuesta municipal a la denuncia no permitía comprobar adecuadamente el cumplimiento de esos requisitos.
Ribetti señaló que, de acuerdo con el informe de inspección, la excavación se había realizado sobre roca sólida y no presentaría riesgo de desmoronamiento.
Pero sostuvo que esa apreciación no puede reemplazar la documentación ni las exigencias establecidas por el Código.
“La 4021 no le pide a un inspector que haga un juicio de valor si la roca es sólida o no es sólida”, afirmó.
Y agregó: “La contención tiene que estar y acá no está”.
El planteo no se limitó a discutir la estabilidad del terreno. También apuntó a determinar si la excavación ejecutada coincide con lo que efectivamente autorizó el municipio.
“La pregunta concreta es dónde están los planos”
Uno de los principales ejes del pedido de informes fue la documentación técnica correspondiente a la obra.
Ribetti cuestionó que se invocara la existencia de planos aprobados sin poner a disposición los elementos necesarios para verificar su alcance y su correspondencia con los trabajos realizados.
“La pregunta concreta es dónde están los planos”, reclamó.
El concejal pidió conocer el proyecto autorizado, las memorias de cálculo de las estructuras de contención, la identidad de los profesionales responsables y las características de la excavación.
“Quisiéramos saber si lo que se construyó está sujeto a lo que estaba planificado, queremos ver cuál es la memoria de cálculo, quién es el profesional que firmó, queremos saber las características de esa excavación”, explicó.
Y resumió su exigencia en una definición: “No alcanza, señora Presidenta, con afirmar, sino que hay que demostrar que lo realizado coincide con lo autorizado”.
La distinción resulta central para comprender el alcance del proyecto.
La aprobación de planos y la verificación de una obra efectivamente ejecutada son instancias diferentes. El planteo de Ribetti apuntaba precisamente a conocer qué documentación respaldó la autorización municipal y cómo se controló posteriormente su cumplimiento.
Otro aspecto que despertó sus cuestionamientos fue la respuesta de Obras Privadas sobre las medidas de seguridad.
Según la reconstrucción que realizó en el recinto, el informe municipal recomendaba, debido a la diferencia de altura entre los inmuebles, dar cumplimiento al artículo 7.3.2 del Código de Edificación.
La utilización de ese término motivó una crítica directa.
“Señora Presidenta, no se puede recomendar cumplir con la 4021, es una obligación cumplir con la 4021”, sostuvo.
Ribetti consideró que, cuando se detecta una infracción, corresponde aplicar los procedimientos previstos por las normas municipales, y no limitarse a sugerir su cumplimiento.
Para marcar la diferencia con el tratamiento que reciben otros propietarios, apeló a una expresión coloquial: “Cuando cualquier vecino tiene una infracción, va y le sacuden una multa y a llorar al campito”.
La discusión adquirió así una dimensión que excedía las características de la excavación: si los controles urbanísticos se realizan con el mismo rigor cuando el inmueble involucrado pertenece al propio intendente.
“El inspector tiene que ir a controlar a su jefe”
Ribetti dedicó parte de su intervención a explicar por qué consideraba necesario extremar la transparencia del procedimiento administrativo.
No afirmó que Avilés hubiera presionado a los inspectores ni que los agentes municipales hubieran actuado bajo coacción. Su cuestionamiento apuntó a una situación institucional particular: la dependencia jerárquica entre quienes deben realizar los controles y el propietario del terreno inspeccionado.
“Hay una situación que el inspector tiene que ir a controlar a su jefe”, expresó.
Para el concejal, esa circunstancia vuelve especialmente importante conocer quiénes intervinieron en las inspecciones, qué documentación tuvieron a la vista y qué criterios técnicos utilizaron para evaluar las condiciones de la excavación.
La Dirección de Obras Privadas forma parte de la administración que encabeza Avilés. Por eso, sostuvo, la forma de garantizar la imparcialidad de las actuaciones es permitir que puedan examinarse sus fundamentos y conclusiones.
El planteo no supone que la condición de intendente convierta automáticamente una obra particular en irregular.
Lo que Ribetti reclamó fue que esa condición tampoco implique un tratamiento diferente del que recibiría cualquier otro propietario.
Guruceta defendió la obra y reveló un conflicto judicial
La respuesta del oficialismo llegó a través de Sebastián Guruceta, quien rechazó con dureza los argumentos del proyecto.
El concejal introdujo un antecedente que, según sostuvo, Ribetti había omitido: Avilés mantiene un litigio judicial con Tebaldi por una presunta ocupación de parte de su terreno.
“El señor Intendente Municipal, Esteban Avilés, le ha iniciado un juicio a esta señora Vanina Angélica Tebaldi por la apropiación de 35 metros de su terreno”, afirmó.
Según su relato, el conflicto comenzó aproximadamente dos años atrás y estuvo precedido por mensuras, comunicaciones documentales y actuaciones notariales.
El edil aseguró que esos procedimientos permitieron identificar una ocupación indebida de una franja perteneciente al mandatario, motivo por el cual se iniciaron acciones judiciales.
También sugirió que la denuncia administrativa presentada por Tebaldi está vinculada con ese enfrentamiento entre vecinos.
Se trata, en cualquier caso, de la versión expuesta por Guruceta en el recinto. El resultado del litigio y los derechos sobre la franja en disputa no quedaron establecidos durante el debate legislativo.
El concejal utilizó además ese conflicto para explicar por qué determinadas obras de contención no habrían podido ejecutarse.
“Si yo no tengo delimitado y tengo un juicio de la apropiación de 35 metros sobre los muros linderos, claramente yo no voy a poder realizar […] ese tipo de cuestiones porque están en vías judiciales”, argumentó.
Según Guruceta, una vez resuelta la disputa, Avilés podrá completar las intervenciones correspondientes, incluidos los muros medianero y de contención.
La explicación introdujo una cuestión adicional: qué obligaciones de seguridad deben cumplirse mientras continúa el juicio y de qué manera el conflicto sobre los límites de las propiedades condiciona las obras necesarias.
Ribetti sostiene que la excavación debe ajustarse a las exigencias técnicas del Código de Edificación. Guruceta asegura que se ha cumplido con la normativa y que el litigio impide completar determinados trabajos.
La discusión no permitió establecer cuál es la situación técnica y jurídica concreta de esas intervenciones.
Acusaciones de falsedad sobre el contenido de un informe
El enfrentamiento se profundizó cuando Guruceta cuestionó directamente las afirmaciones incluidas en el proyecto de resolución.
El texto presentado por Ribetti atribuye a una respuesta de Obras Privadas, fechada el 21 de septiembre, referencias a una evaluación técnica realizada sin intervención de un profesional habilitado y sin verificar determinada documentación exigida por el Código.
También incluye una mención a los vínculos del propietario con el ámbito municipal.
Guruceta negó que esas afirmaciones correspondieran al contenido del informe.
“Es falaz, es falso, es mentiroso”, lanzó.
El concejal de Carlos Paz Unido acusó a Ribetti de incorporar información falsa en una presentación legislativa y calificó su conducta como “maliciosa, temeraria”.
Incluso sostuvo que el objetivo era “socavar la honra y la moralidad del señor Intendente”.
Para respaldar su posición, leyó un fragmento que atribuyó a la actuación de Obras Privadas, según el cual el propietario “posee planos aprobados conforme a la Ordenanza 4021”, incluido el artículo 10.2.
La discusión adquirió entonces una particularidad relevante.
Mientras Ribetti cuestionaba el contenido y el alcance de las inspecciones municipales, Guruceta afirmaba que el proyecto opositor tergiversaba lo expresado en esos mismos documentos.
No se trataba únicamente de dos interpretaciones sobre las exigencias del Código de Edificación. También existía una discrepancia sobre qué decía realmente la documentación administrativa.
Guruceta dedicó además parte de su intervención a defender la trayectoria patrimonial de Avilés. Afirmó que adquirió el terreno en 2004 y fue construyendo y ampliando su vivienda mediante créditos hipotecarios y préstamos personales.
Esa defensa amplió el enfrentamiento hacia la conducta personal del intendente, aunque el pedido de Ribetti no estaba dirigido a investigar el origen de su patrimonio.
Su objeto era determinar qué se había autorizado, qué se ejecutó y cómo actuaron las áreas municipales responsables del control urbanístico.
La documentación que se solicitó y no llegó al recinto
El proyecto de resolución presentado por Ribetti contenía dos pedidos concretos.
El primero requería que el Departamento Ejecutivo remitiera, en un plazo de diez días hábiles, documentación vinculada con el expediente municipal 252190/26.
Entre los elementos solicitados figuraban el plano aprobado de la obra, las firmas y visaciones correspondientes, las memorias de cálculo de muros de contención y taludes, y las actas de inspección realizadas desde el 10 de septiembre.
También se pedía identificar al titular registral del inmueble y acompañar la documentación respectiva.
El segundo pedido estaba dirigido al Consejo de Planeamiento Urbano y Ambiental (CPUA), al que se solicitaba una interpretación técnica de tres aspectos de la Ordenanza 4021.
Uno era determinar si los muros de contención deben considerarse construcciones a los efectos de los retiros obligatorios respecto de los límites de una propiedad.
Otro, establecer el alcance de la obligación de restituir suelo y vegetación cuando se realizan excavaciones que no están vinculadas con una edificación.
El tercero apuntaba a precisar si corresponde que un jefe de inspectores evalúe técnicamente la seguridad de una excavación sin intervención de un profesional habilitado en la materia.
Ribetti también mencionó durante su exposición la situación de una cámara séptica denunciada por la vecina, que, según señaló, no había recibido una respuesta específica de Obras Privadas.
El proyecto no proponía sancionar a Avilés ni declaraba acreditada una infracción. Solicitaba documentación y criterios técnicos para esclarecer los cuestionamientos realizados a la obra y a los controles municipales.
Sin embargo, la discusión terminó concentrándose en las acusaciones cruzadas.
Y el pedido de informes no consiguió los votos necesarios.
Dos votos y otro proyecto enviado a comisión
Finalizado el intercambio entre Ribetti y Guruceta, la moción para habilitar el tratamiento sobre tablas obtuvo solamente dos votos favorables.
Los únicos que la acompañaron fueron Ribetti y Pía Felpeto, ambos del bloque Juntos por Carlos Paz.
Los restantes integrantes de la oposición no sumaron sus votos al pedido y los siete representantes de Carlos Paz Unido tampoco lo hicieron.
El resultado impidió que el proyecto fuera tratado de inmediato y determinó su pase a comisión.
Esto no equivale a un rechazo definitivo de su contenido. Formalmente, el expediente puede ser analizado en comisión, recibir despacho y regresar al recinto.
Sin embargo, el funcionamiento habitual del Concejo de Villa Carlos Paz ofrece un antecedente poco alentador para numerosas iniciativas opositoras.
Las comisiones están presididas por el oficialismo, que dispone así de una posición decisiva para conducir la agenda de trabajo. Muchos pedidos de informes y proyectos presentados por las minorías terminan sin despacho ni tratamiento posterior.
En este caso, el resultado tiene una consecuencia institucional concreta: el Concejo no aprobó ninguna resolución que exigiera al Ejecutivo entregar los planos, memorias de cálculo y actas de inspección solicitados por Ribetti.
Tampoco avanzó el requerimiento de una interpretación técnica al CPUA.
La votación dejó así una situación particular.
El oficialismo defendió la legalidad de la obra, sostuvo que existen planos aprobados y acusó a Ribetti de presentar afirmaciones falsas sobre las actuaciones municipales.
Pero el pedido que permitiría acceder a esa documentación y examinar sus contenidos no obtuvo el respaldo necesario para avanzar.
Un control que involucra al propio intendente
La controversia tiene una resonancia especial en Villa Carlos Paz por la importancia que la gestión de Esteban Avilés atribuye públicamente al cumplimiento de las normas urbanísticas.
El Código de Edificación, la protección del paisaje serrano y las restricciones a determinadas intervenciones inmobiliarias han ocupado un lugar central en las posiciones defendidas por el gobierno municipal.
En ese contexto, el cuestionamiento de Ribetti apunta a un principio que debería alcanzar a todos los propietarios: la aplicación de las mismas exigencias y procedimientos de control, independientemente de quién sea el dueño del inmueble.
Guruceta respondió que la obra cuenta con las autorizaciones correspondientes y que existe un conflicto judicial que condiciona la ejecución de determinados trabajos.
Las dos posiciones dejaron abiertas cuestiones que requieren documentación y evaluaciones técnicas: qué obras fueron aprobadas, cuáles se ejecutaron efectivamente, qué medidas de contención corresponden, qué inspecciones se realizaron y cómo incide el litigio entre los propietarios.
A ellas se suma un problema institucional que Ribetti sintetizó con una frase: “El inspector tiene que ir a controlar a su jefe”.
La condición de Avilés como propietario no acredita por sí misma una irregularidad. Pero sí vuelve especialmente importante que los controles municipales puedan examinarse con transparencia.
Después de un debate que incluyó acusaciones graves y versiones contrapuestas sobre los informes de Obras Privadas, la sesión terminó sin una decisión legislativa que permitiera acceder a esos antecedentes.
El expediente continuará su recorrido en comisión, donde todavía podría ser estudiado y regresar al recinto.
Mientras tanto, la cuestión principal permanece sin una respuesta pública concluyente: si la excavación se ajusta a lo autorizado y qué actuaciones respaldan la decisión municipal de considerar cumplidas las exigencias del Código de Edificación en un terreno perteneciente al propio intendente.
