La causa que investiga presuntos abusos sexuales contra niños y niñas del Jardín de Infantes Niño Dios, perteneciente al Centro Parroquial de Educación y Cultura Margarita A. de Paz, se convirtió en uno de los hechos de mayor impacto social de los últimos años en Villa Carlos Paz.
No se trata solamente de un expediente judicial. Alrededor de las denuncias se acumulan dolor, incertidumbre, enojo y preguntas que todavía no tienen respuestas claras. Las familias reclaman avances, medidas de protección y una investigación que no se limite al sacerdote señalado, sino que también determine si las autoridades del establecimiento actuaron como correspondía desde el primer momento.
Al cierre de esta edición, la causa reunía cinco denuncias formalizadas. La primera fue presentada en mayo de 2025 y cuatro de ellas fueron unificadas en la Fiscalía de Instrucción N° 3 de Villa Carlos Paz, a cargo de Jorgelina Gómez. Posteriormente se incorporó una quinta presentación, correspondiente a un niño de otro turno y cuya familia no tendría relación previa con las anteriores.
También existe la posibilidad de que en los próximos días se concrete una sexta denuncia, de acuerdo a las versiones que circulan.
La prudencia es indispensable. El sacerdote Alejandro Nicola, mencionado en las denuncias, conserva el derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial que determine responsabilidades. Esa garantía, sin embargo, convive con otra obligación igualmente central: proteger a las infancias, investigar con celeridad y adoptar medidas preventivas cuando la gravedad de una denuncia lo exige.
La tensión entre esos principios atravesó buena parte del último año. Para las familias, la reacción de la Justicia y de las autoridades educativas y eclesiásticas fue tardía. La demora en producir definiciones procesales, apartamientos preventivos y explicaciones públicas alimentó el malestar y dejó a la comunidad educativa expuesta a rumores, sospechas y posicionamientos anticipados.
Una investigación que avanzó lentamente
Las primeras denuncias datan de mayo de 2025. Desde entonces, el expediente incorporó testimonios, abordajes terapéuticos, dibujos y otros elementos aportados por las familias. La Justicia dispuso distintas medidas, entre ellas restricciones de contacto, análisis del material reunido y pericias.
Sin embargo, durante más de un año no se informó una imputación formal. Esa falta de una definición visible se convirtió en el principal motivo de las movilizaciones realizadas en la ciudad.
En mayo, familiares, vecinos y personas vinculadas a la comunidad educativa marcharon para reclamar protección para los niños, celeridad judicial y respuestas institucionales. La protesta volvió a repetirse el 12 de junio frente a los Tribunales de Villa Carlos Paz, bajo la consigna “Nuestros niños hablaron. Ahora la Justicia tiene que actuar”.
Las movilizaciones no buscaron reemplazar la investigación judicial ni dictar una condena pública. Expresaron, ante todo, el reclamo de familias que consideran que debieron esperar demasiado tiempo para obtener medidas concretas y ser escuchadas por las instituciones involucradas.
Durante la segunda marcha se conoció que la Fiscalía había dispuesto citar a Nicola en los términos del artículo 80 del Código Procesal Penal y había ordenado pericias psicológicas y psiquiátricas. La abogada Macarena Martín Ubiergo, representante de una de las familias, interpretó la convocatoria como una instancia previa a una posible imputación y la calificó como “un gran avance”.
La citación generó esperanza porque, según señalaron los denunciantes, hasta entonces el sacerdote no había sido convocado a comparecer. No obstante, al cierre de esta edición ese acto todavía no se había concretado y tampoco existía una imputación formal. La expectativa está puesta en que la medida pueda cumplirse en los próximos días y permita clarificar su situación procesal.
Cambios institucionales después de la exposición pública
La respuesta institucional también fue modificándose a medida que el caso tomó estado público.
El 27 de mayo, el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, confirmó que Nicola se apartaría momentáneamente del ámbito escolar mientras avanzaba la investigación. La decisión llegó cuando ya existían cuatro denuncias unificadas y después de los reclamos de las familias.
Días más tarde, el Arzobispado amplió la medida y dispuso su cese preventivo como párroco de la parroquia Niño Dios “por razones de índole pastoral”. En el mismo comunicado aclaró que la decisión no implicaba adelantar opinión sobre los hechos investigados. El presbítero Pablo Nassif fue designado administrador parroquial.
También renunció el representante legal del establecimiento, Luciano Freytes Varela, y fue reemplazado por Guillermo Buitrago. La salida se produjo en medio de cuestionamientos de las familias sobre el manejo inicial de las denuncias y el acompañamiento que recibieron.
Desde la Junta Arquidiocesana de Educación Católica se sostuvo que la institución dispone de protocolos específicos, que se puso a disposición de la Justicia desde la primera denuncia y que la Oficina de Prevención de Abusos y Cuidado de Víctimas fue informada e intervino dentro de sus competencias.
Esa explicación no cerró la discusión. Las familias piden que se determine de manera concreta qué protocolo se aplicó, en qué momento, quiénes fueron informados, qué medidas se adoptaron para proteger a los alumnos y cuál fue la colaboración efectiva brindada a la investigación.
La pregunta no alcanza solamente al representante legal o a la conducción eclesiástica. También incluye a directivos, docentes y cualquier persona que haya tenido conocimiento o intervención directa en las situaciones denunciadas. Investigar esas responsabilidades no supone afirmar que existió encubrimiento, negligencia u omisión. Significa establecer con precisión qué hizo cada integrante de la estructura institucional y si su actuación se ajustó a las obligaciones de cuidado.
El foco sobre las responsabilidades institucionales
La incorporación del estudio jurídico integrado por Luis y Martín Juez a la representación de una de las familias volvió a poner el tema en primer plano. Martín Juez confirmó que el patrocinio será gratuito y señaló que la familia buscaba mayor visibilidad ante la falta de avances perceptibles.
El abogado sostuvo que la investigación no debería limitarse al sacerdote señalado, sino alcanzar a quienes pudieran haber tenido responsabilidad por acción u omisión dentro de la institución. Al mismo tiempo, pidió evitar que el caso quede atrapado en una disputa política y remarcó la necesidad de preservar a los niños y a sus familias.
Ese planteo coincide con uno de los principales reclamos escuchados en las marchas: conocer si las señales fueron atendidas, si las denuncias activaron inmediatamente los mecanismos previstos y si existió una respuesta adecuada de quienes tenían a su cargo la protección cotidiana de niños de entre tres y cinco años.
En instituciones educativas, las medidas preventivas no equivalen a una sanción ni reemplazan el trabajo de la Justicia. Su función es reducir riesgos, preservar a quienes podrían encontrarse en una situación de vulnerabilidad y garantizar condiciones para que la investigación avance sin interferencias. Por eso, buena parte del cuestionamiento social se concentra en el tiempo transcurrido antes de que se produjeran los apartamientos.
Una comunidad atravesada por el dolor
El impacto excede a las familias denunciantes. La causa alteró la vida cotidiana de toda la comunidad educativa: madres y padres que necesitan saber si sus hijos estuvieron protegidos; docentes que continúan desarrollando su tarea en un contexto de sospecha y tensión; autoridades bajo cuestionamiento; y niños que deben ser preservados de la exposición pública.
En este escenario, el silencio o las respuestas incompletas generan un vacío que rápidamente se llena con versiones, interpretaciones y condenas anticipadas. Cuando las instituciones demoran en explicar qué hicieron y qué medidas adoptaron, la confianza se deteriora y la sociedad construye sus propias conclusiones.
El desafío es evitar dos extremos igualmente dañinos: minimizar denuncias de enorme gravedad o convertir la sospecha en una sentencia social antes de que actúe la Justicia. La protección de las infancias y la presunción de inocencia no deberían presentarse como principios incompatibles. Una investigación rápida, rigurosa y transparente es la única forma de resguardar ambos.
Después de más de un año desde la primera denuncia, Villa Carlos Paz espera respuestas. Las familias necesitan conocer la verdad y sentirse acompañadas. La comunidad educativa necesita recuperar certezas. Las personas señaladas tienen derecho a que su situación sea definida mediante un proceso con garantías. Y las instituciones deben explicar si actuaron a tiempo y de acuerdo con los protocolos que aseguran haber aplicado.
La causa recién comienza a mostrar movimientos que podrían conducir a definiciones procesales. Hasta que eso ocurra, la responsabilidad pública exige evitar el morbo, proteger la identidad de los niños y sostener una pregunta central: qué sucedió, quiénes lo sabían y si quienes debían cuidar hicieron todo lo que correspondía.
Nota correspondiente a la edición n° 624 del periódico La Jornada, del 24 de junio de 2026.
