Tras el fuerte cruce en el Concejo, Daniel Ribetti difundió nuevas imágenes de la excavación y volvió a reclamar explicaciones sobre los controles municipales. Santiago Juliá respaldó el planteo, propuso llevar el caso a la Justicia si se acreditan las irregularidades y convocó a la oposición a discutir una reforma más profunda de los mecanismos de control del poder.
La controversia por una excavación de grandes dimensiones en un terreno del intendente Esteban Avilés, en barrio Villa Parque San Miguel, sumó un nuevo capítulo durante el fin de semana y amenaza con trasladarse del debate político al terreno judicial. Después del enfrentamiento que se produjo el jueves en el Concejo de Representantes, el concejal Daniel Ribetti volvió a exponer públicamente los cuestionamientos sobre la obra, mientras que Santiago Juliá, referente del Partido Demócrata, propuso avanzar en una denuncia judicial si se reúnen las pruebas necesarias.
El conflicto, que comenzó con el reclamo de una vecina por los movimientos de suelo realizados junto a su propiedad, adquirió así una dimensión más amplia. Ya no se discute solamente si la excavación cumple con el Código de Edificación de Villa Carlos Paz, sino también la capacidad del municipio para controlar con independencia una obra perteneciente al propio intendente y garantizar que las normas se apliquen de la misma manera a todos los vecinos.
La discusión cobró fuerza después de que el pedido de informes presentado por Ribetti no consiguiera los votos necesarios para su tratamiento inmediato. Solamente Ribetti y Pía Felpeto, ambos de Juntos por Carlos Paz, acompañaron la iniciativa, que terminó pasando a comisión sin que el Concejo aprobara la solicitud de planos, documentación técnica y actas de inspección.
Las imágenes que reavivaron la controversia
El sábado, Ribetti publicó en sus redes sociales una serie de fotografías de la obra y volvió a explicar los motivos de su presentación legislativa.
“El informe que pedí era para saber si el intendente cumple con el Código de Edificación”, señaló.
El concejal identificó cuatro aspectos que considera necesario esclarecer: una excavación de más de seis metros de profundidad junto a una vivienda, taludes sin estructuras de contención, suelo y vegetación que no habrían sido restituidos e instalaciones sanitarias ubicadas a poca distancia del muro medianero.
Los cuestionamientos forman parte de la denuncia administrativa presentada por Vanina Angélica Tebaldi, propietaria del terreno lindero, que dio origen al expediente municipal 252190/26 y posteriormente al pedido de informes de Ribetti.
El edil insistió en que el Código de Edificación establece obligaciones destinadas a proteger las construcciones, las propiedades vecinas y el ambiente serrano. Su reclamo apunta a determinar si esas exigencias fueron efectivamente verificadas por las áreas municipales responsables.
“Hay una pregunta que el Municipio todavía debe responder: ¿se controló efectivamente el cumplimiento de esas exigencias? ¿Hay actas de infracción?”, planteó.
El concejal cerró su publicación con un llamado a los vecinos: “Pedimos que las normas se cumplan y que los controles sean iguales para todos”. Y dejó abierta una pregunta sobre el funcionamiento municipal: “¿Vos creés que el Municipio está haciendo cumplir el Código de Edificación?”.
Juliá propone llevar el caso a la Justicia
La difusión de las imágenes provocó la intervención de Santiago Juliá, excandidato a Defensor del Pueblo y referente del Partido Demócrata de Villa Carlos Paz, quien respaldó el reclamo de Ribetti y propuso que el conflicto sea investigado judicialmente.
“Estoy muy de acuerdo con la denuncia de Daniel. No soy profesional en la materia, pero si las imágenes de por sí muestran ciertas infracciones al Código de Edificación, claro que la denuncia es válida”, expresó.
Juliá consideró especialmente grave la posibilidad de que un funcionario incumpla las normas que su propia administración exige respetar a los contribuyentes.
“Que un intendente no cumpla las normas del mismo Estado que encabeza es deleznable. Ese Estado es el que a nosotros nos pide plano, sellado, tasa, libre deuda e inspección para levantar una pared”, cuestionó.
Sin embargo, su planteo fue más allá del caso particular. Bajo la consigna “Que el árbol no nos tape el bosque”, sostuvo que la discusión sobre la excavación refleja un problema institucional de mayor alcance, relacionado con la concentración del poder y la falta de controles independientes.
En ese marco, formuló una propuesta concreta dirigida a las fuerzas opositoras.
“Trabajemos en una denuncia referida a esta situación y, si las pruebas existen de manera fehaciente, llevémosla donde corresponde, a la Justicia. Estamos dispuestos a acompañar esa denuncia. Es más, invitemos a todo el arco opositor a acompañarla”, manifestó.
De esta manera, el Partido Demócrata expresó su disposición a participar de una eventual presentación judicial.
El silencio de parte de la oposición también quedó bajo cuestionamiento
Juliá no limitó sus críticas al oficialismo. También apuntó contra los sectores opositores que no acompañaron el tratamiento inmediato del pedido de informes en el Concejo.
La votación del jueves dejó un dato político significativo: de los cuatro concejales opositores presentes, solamente Ribetti y Felpeto respaldaron la moción. Noelia García Roñoni y Fernando Revello no se sumaron, al igual que los siete representantes del bloque oficialista Carlos Paz Unido.
El resultado impidió que el proyecto avanzara en esa sesión y determinó su envío a comisión, donde todavía puede ser analizado y eventualmente regresar al recinto.
Para Juliá, la falta de acompañamiento de otros sectores opositores evidenció las dificultades para construir acuerdos incluso alrededor de un pedido de documentación administrativa.
El dirigente remarcó que el concejal había solicitado información básica para conocer las condiciones de autorización y ejecución de una obra, y cuestionó que no se hubiera reunido el respaldo necesario para exigirla.
Su convocatoria a promover una acción judicial busca ahora reunir a las distintas expresiones de la oposición alrededor de un reclamo común, pero también comprometerlas con una discusión que, según considera, no puede agotarse en la situación particular de Avilés.
“Tenemos un Estado que controla al vecino, y nadie que controle al Estado”
El punto más profundo del planteo de Juliá está relacionado con el funcionamiento de los organismos municipales y su capacidad para ejercer controles sobre quienes conducen el gobierno.
A su entender, la estructura institucional de Villa Carlos Paz favorece una concentración de poder que dificulta la fiscalización independiente de las decisiones del Ejecutivo.
“En Carlos Paz el que gana se lleva todo. El triunfo electoral es un ALL IN. Se lleva el Ejecutivo, se lleva la mayoría automática del Concejo, se lleva la mayoría del Tribunal de Cuentas. Se lleva de regalo hasta al que lo tiene que controlar”, sostuvo.
En ese escenario, cuestionó particularmente la dependencia jerárquica de los inspectores municipales respecto del intendente, una situación que también había sido señalada por Ribetti durante la sesión.
“El inspector que tiene que revisarle la obra al intendente depende del intendente. ¿Qué acta va a labrar?”, planteó Juliá, quien consideró que esa relación compromete la independencia de los mecanismos de fiscalización.
Su crítica se extendió al funcionamiento general del municipio y a las exigencias que enfrentan los vecinos para realizar obras, habilitar actividades comerciales o cumplir con sus obligaciones tributarias.
Para el dirigente, el problema aparece cuando esas exigencias no encuentran una contrapartida equivalente en los controles sobre quienes ejercen el poder.
“Tenemos un Estado que controla al vecino, y nadie que controle al Estado. Ahí está el bosque”, sintetizó.
A partir de ese diagnóstico, propuso impulsar una reforma política destinada a modificar la distribución de mayorías institucionales, fortalecer la independencia de los organismos de control y establecer mayores responsabilidades para los funcionarios que incumplan las normas.
La defensa del oficialismo y las respuestas pendientes
La nueva controversia se produce después de una sesión en la que el concejal oficialista Sebastián Guruceta defendió la actuación municipal y rechazó las acusaciones formuladas por Ribetti.
Durante el debate del jueves, Guruceta aseguró que la obra cuenta con planos aprobados conforme al Código de Edificación y acusó al edil opositor de tergiversar el contenido de los informes administrativos.
También reveló la existencia de un litigio judicial entre Avilés y Tebaldi por los límites de sus propiedades, que, según explicó, condiciona la ejecución de determinadas estructuras de contención.
El oficialismo sostuvo que las actuaciones municipales se ajustaron a las disposiciones vigentes y cuestionó duramente el contenido del pedido legislativo.
Sin embargo, el enfrentamiento dejó sin resolver públicamente las diferencias entre ambas posiciones: qué trabajos fueron autorizados, si la excavación efectivamente realizada coincide con los planos aprobados, cuáles son las obligaciones de contención del terreno y qué medidas adoptó el municipio para verificar su cumplimiento.
La existencia del conflicto judicial entre los propietarios constituye otro elemento de la controversia, pero no reemplaza la necesidad de determinar cuáles son las exigencias urbanísticas aplicables a la obra.
De una excavación a una discusión sobre los límites del poder
La propuesta de Juliá introduce una nueva instancia en un conflicto que, hasta ahora, se había desarrollado principalmente en el ámbito administrativo y legislativo.
Su intención es que una eventual investigación judicial permita establecer si existen irregularidades y, al mismo tiempo, que el caso abra una discusión política sobre la independencia de los organismos municipales.
“Los políticos no somos jueces. Y si nos quedamos señalando el pozo, dentro de cuatro años vamos a estar señalando otro, con otro nombre”, advirtió.
Por eso, insistió en que la respuesta no debería limitarse a una denuncia contra el intendente, sino incluir un compromiso de las distintas fuerzas políticas para impulsar cambios institucionales.
“El pozo es una muestra más de un sistema roto, por lo tanto, a la Justicia. Pero el bosque es tarea nuestra”, concluyó, antes de lanzar una convocatoria abierta: “¿Quién se suma?”.
La controversia queda así planteada en dos planos. Por un lado, la necesidad de esclarecer si la excavación realizada en el terreno de Avilés cumple con las disposiciones del Código de Edificación. Por otro, una discusión que involucra a oficialismo, oposición y vecinos sobre la transparencia de los procedimientos y la igualdad ante los controles municipales.
Mientras el expediente legislativo permanece en comisión y la posibilidad de una nueva denuncia judicial empieza a instalarse en el debate político, los planos, las inspecciones y las eventuales actas de infracción siguen siendo las piezas centrales para determinar qué ocurrió con la obra y cómo actuó el municipio.


































