Marcelo Iriarte, candidato de la lista “El Defensor Avanza con Transparencia”, presentó una denuncia formal ante la Junta Electoral Municipal por la presunta utilización de personal y recursos del Estado con fines proselitistas.
El candidato a defensor del Pueblo Marcelo Adrián Iriarte denunció este jueves ante la Junta Electoral Municipal de Villa Carlos Paz una serie de “hechos gravísimos” que, según afirma, comprometen la legitimidad del proceso electoral y vulneran derechos laborales y políticos de empleados públicos.
La presentación —realizada con carácter de urgencia— pone el foco en la supuesta participación de trabajadores municipales en actividades de campaña en favor del actual defensor del Pueblo, Víctor Curvino, quien busca su reelección. Iriarte señaló que hay evidencia de “utilización indebida, sistemática y directa de empleados municipales con fines proselitistas”, incluyendo reparto de folletería, uso de vehículos oficiales y cadenas de mensajes coordinadas desde áreas jerárquicas del Ejecutivo.
Entre las diferentes acciones, Iriarte alertó sobre una reunión a la que fueron convocados trabajadores municipales este jueves por la noche en un hotel de barrio Santa Rita (foto) donde, tras tener que dejar los celulares en una caja para evitar filtraciones, fueron instruidos sobre la estrategia de campaña del oficialismo.
“Estamos ante un fenómeno que no solo infringe el deber de neutralidad del Estado, sino que compromete gravemente el principio de libertad ideológica y política de los empleados municipales”, plantea el escrito.
La denuncia advierte además que la estructura de la Defensoría del Pueblo estaría siendo usada para favorecer una candidatura personal, en contraposición con su función institucional de control independiente sobre la administración municipal.
Violaciones normativas y posibles sanciones
La presentación cita una serie de normativas que estarían siendo vulneradas, incluyendo el Código Electoral Nacional (Ley 19.945), que prohíbe a funcionarios realizar actos de gobierno con fines electorales, y el Código Electoral de Córdoba (Ley 9571), que impide la publicidad oficial en los 30 días previos a la elección salvo excepciones puntuales.
Iriarte también menciona artículos específicos de la Carta Orgánica Municipal, como el 171 —que consagra la autonomía e independencia de la Defensoría—, y del Estatuto del Empleado Público Municipal (Ordenanza 538), que establece claras prohibiciones sobre la participación política de agentes del Estado en tiempo de servicio o bajo presión jerárquica.
En ese sentido, advierte que las conductas señaladas podrían derivar en sanciones administrativas, inhabilitaciones e incluso delitos penales como abuso de autoridad o violación de deberes de funcionario público, previstos en los artículos 248 y 249 del Código Penal de la Nación.
Responsabilidades institucionales
Además de responsabilizar al actual defensor del Pueblo y su adjunto, Iriarte solicita que también se investigue el rol de otras áreas del Ejecutivo y del Sindicato de Empleados Municipales. Sostiene que la organización gremial debe velar por el derecho de los trabajadores a no ser coaccionados para participar en actos políticos.
“Estas prácticas constituyen una forma de clientelismo inadmisible en un sistema democrático”, afirma el denunciante.
La nota enfatiza que la Junta Electoral tiene la obligación legal de intervenir de inmediato, en cumplimiento de su función de garantizar la equidad y legalidad del proceso electoral.
Medidas solicitadas
Entre los diez puntos principales del petitorio, se destacan:
- La intimación al Ejecutivo y a la Defensoría para que cesen con el presunto uso de recursos públicos con fines electorales.
- La instrucción a todas las dependencias municipales para evitar la participación de personal en tareas proselitistas.
- La creación de un canal confidencial de denuncias para empleados que sufran coacción política.
- La notificación al sindicato para que actúe activamente en defensa de la libertad de los trabajadores.
- La difusión pública del pronunciamiento, a fin de garantizar transparencia y evitar confusión entre los votantes.
En las consideraciones finales, Iriarte advierte que de no tomarse medidas inmediatas, se sentará un “precedente institucional nefasto” que podría erosionar la calidad democrática local.
“La Junta Electoral Municipal no puede mantenerse indiferente ni tolerante ante este tipo de irregularidades, que distorsionan gravemente el proceso electoral. De su accionar diligente o negligente depende la legitimidad del acto comicial y la confianza ciudadana en el sistema democrático.
No se trata de una formalidad electoral, sino de una elección crucial que definirá la conducción de un organismo de control independiente, cuya misión es nada menos que la defensa de los derechos de todos los habitantes de la ciudad frente a los abusos del poder público, que como ya se evidenció, están a la orden del día”, alertó Iriarte.
“No se trata solo de una elección, sino del respeto por las instituciones que garantizan los derechos de los vecinos y vecinas de Villa Carlos Paz”, concluye el escrito.
La denuncia quedó ingresada formalmente este viernes 13 de junio ante la Junta Electoral, que ahora deberá analizar los planteos y resolver si corresponde avanzar con las medidas solicitadas.
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