El candidato a defensor del Pueblo por Unión Celeste y Blanco presentó una denuncia ante la Junta Electoral Municipal por presunta violación de la veda y uso indebido de recursos oficiales para hacer campaña. Apunta directamente a la actual gestión de la Defensoría, liderada por Víctor Curvino.
El candidato a defensor del Pueblo por el espacio Unión Celeste y Blanco, Santiago Nicolás Juliá, denunció este jueves ante la Junta Electoral Municipal una serie de presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos durante el proceso electoral que desembocará en los comicios del 29 de junio. En su presentación, acusa al actual defensor del Pueblo, Víctor Curvino, de haber desplegado una campaña personal disfrazada de gestión institucional, “en plena veda electoral“.
“La publicación sistemática y masiva de gacetillas de prensa, videos y posteos en redes sociales con la imagen del actual defensor ‘recorriendo barrios’, ‘resolviendo casos’ o ‘brindando capacitaciones’ viola la normativa vigente”, señala el escrito presentado por Juliá, que también denuncia la difusión coordinada de “tres casos resueltos de estafas” con testimonios de damnificadas, presentadas como evidencia de eficacia institucional.
Además, el candidato sostiene que se ejecutaron más de $5.500.000 en gastos de publicidad institucional entre mayo y junio, justo cuando está expresamente prohibido por ley realizar acciones de comunicación oficial con fines proselitistas.
“No comemos vidrio. No nos tomen el pelo y dejen de patinarse nuestra guita”, arremetió.
Fundamentos legales de la denuncia
La denuncia de Juliá se apoya en normas específicas que regulan la conducta de los funcionarios públicos durante los períodos electorales:
- Carta Orgánica Municipal – Art. 30: prohíbe la publicidad oficial de actos de gobierno en los 30 días previos a una elección.
- Ley Electoral Provincial 10.536 – Arts. 220, 221 y 222: prohíbe el uso clientelar de recursos públicos y sanciona este tipo de prácticas.
- Ley Nacional 26.571 – Art. 42: impide el uso de recursos institucionales con fines partidarios o electorales.
Juliá fue enfático en su crítica: “No se trata solo de un cartel o un spot. Se trata de un montaje comunicacional profesionalizado, con dinero público, diseñado para influir en la voluntad de los votantes en pleno proceso electoral”.
“No venimos a ocupar el cargo, venimos a cerrarlo”
En sus declaraciones públicas, el candidato arremetió contra lo que calificó como una estructura burocrática costosa e ineficaz: “La Defensoría gasta más de $500 millones por año. No podemos permitir que esa plata siga usándose para sostener una oficina vacía y una campaña invisible”, aseguró.
Su propuesta, insistió, es cerrar la Defensoría del Pueblo, a la que considera una institución “decorativa” y funcional al oficialismo. “Nuestra propuesta es clara: cortar con los privilegios, frenar la fiesta de los que viven del Estado y terminar con el despilfarro”, concluyó.
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