Cuatro entidades profesionales presentaron una nota al Concejo de Representantes para manifestar su oposición al proyecto oficial. Advierten que las nuevas restricciones podrían agravar la crisis del sector.
Cuatro instituciones vinculadas al ámbito del urbanismo y la construcción en Villa Carlos Paz presentaron este miércoles una nota conjunta ante el Concejo de Representantes, en la que expresan su “claro y contundente rechazo” al proyecto de modificación del Código de Edificación que impulsa el Ejecutivo municipal.
El documento lleva las firmas de la Asociación Inmobiliaria de Villa Carlos Paz, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, el Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba y el Colegio de Técnicos Constructores y/o Constructores Universitarios, y cuestiona duramente el modo en que el gobierno de Esteban Avilés viene avanzando con una normativa que, según advierten, profundizaría las restricciones ya vigentes y pondría en jaque al sector.
“Reafirmamos que esta no es la forma de planificar una ciudad. Las decisiones que comprometen el desarrollo urbano deben nacer del consenso y el respeto por el conocimiento técnico y la realidad cotidiana de quienes habitamos y trabajamos en Villa Carlos Paz”, expresaron las entidades en el escrito dirigido al cuerpo legislativo local.
El proyecto de nuevo Código de Edificación fue tratado en el Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA), en cumplimiento de la ordenanza 7001, que suspendió por 12 meses la aprobación de nuevos edificios de viviendas colectivas, de oficinas y de usos mixtos. Esta medida, aprobada en agosto de 2023, fue prorrogada por un año más, por lo que regirá hasta agosto de 2025. El oficialismo busca que el nuevo código esté sancionado antes de ese plazo.
Las entidades señalan que, pese a haber participado activamente en las reuniones del CPUA y en el foro público convocado a tal efecto, sus observaciones técnicas, urbanísticas, sociales y ambientales no fueron tenidas en cuenta. Subrayan, además, que el proyecto fue aprobado únicamente con los votos del Ejecutivo y los concejales oficialistas, mientras que todas las instituciones —excepto CEPIA— se manifestaron en contra.
La crítica también apunta al funcionamiento del espacio de diálogo propuesto:
“Lamentamos profundamente que un espacio convocado como ámbito de diálogo y construcción colectiva, donde se solicita nuestro aporte profesional, se limite a ser una instancia sin impacto real. A esta altura, resulta agotador y frustrante repetir una y otra vez nuestra posición, cuando basta con repasar las actas o asistir a las plenarias para comprenderla. No nos estamos sintiendo escuchados”, expresaron.
Si bien desde algunos sectores se vincula el endurecimiento de las condiciones para nuevas construcciones a la crítica situación de servicios esenciales como el agua, la energía eléctrica o el gas, los profesionales alertan que un nuevo freno a la actividad inmobiliaria y constructiva podría agravar la ya delicada situación económica del rubro en la ciudad.
La nota concluye solicitando formalmente al Concejo de Representantes que no apruebe el proyecto impulsado por el Ejecutivo y escuche las voces del sector profesional.
