“Es un acto de encubrimiento político”: Pía Felpeto cuestionó el blindaje a Curvino

Concejala Pía Felpeto.

La concejal criticó el rechazo oficialista a investigar al Defensor del Pueblo por un video que lo muestra presuntamente ebrio al volante, y advirtió que la Sala Acusadora no debe ser un escudo para funcionarios cuestionados.


La concejal Pía Felpeto (JxCP), integrante de la Sala Acusadora de Juicio Político, expresó su rechazo a la decisión de no admitir las denuncias presentadas por Marcelo Iriarte y Santiago Juliá contra el Defensor del Pueblo, Víctor Curvino, por la difusión de un video en el que se lo observa conduciendo por la Costanera con una copa en la mano.

“Esta decisión es una señal peligrosa. El juicio político es una herramienta institucional para esclarecer hechos que comprometen la ética pública, no un escudo para proteger a funcionarios cuestionados”, afirmó Felpeto, quien dejó constancia de su disidencia en actas.

En su exposición, advirtió que la negativa a abrir el proceso representa una omisión institucional grave, al desatender la verosimilitud del material y el reclamo ciudadano de transparencia. También remarcó que la actitud del oficialismo constituye un blindaje político en favor de Curvino, que impide esclarecer los hechos y debilita la confianza pública.

La edil respaldó su postura citando artículos de la Carta Orgánica Municipal, el Código de Ética Pública (Ord. 5922) y el Código de Convivencia Ciudadana (Ord. 7071), que exigen conductas ejemplares de los funcionarios y sancionan casos como el denunciado.

“Los vecinos merecen respuestas, no silencios. Esta negativa impide que la verdad se investigue y deja un mensaje preocupante: que algunos funcionarios están por encima de la ley”, sostuvo la concejal.

En ese sentido, Felpeto fue contundente: “Es un acto de encubrimiento político y una muestra alarmante de cómo el oficialismo se atrinchera para sostener privilegios a costa de la credibilidad institucional. Esta Sala no está para proteger a funcionarios ni para garantizar impunidad, sino para velar por el correcto funcionamiento de las instituciones y sostener el valor de la ética pública”.

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