El gobierno de Lula da Silva evalúa aplicar medidas de reciprocidad después de que Estados Unidos impusiera un recargo del 25% sobre una parte de las exportaciones brasileñas. Las opciones incluyen restricciones a empresas audiovisuales y cambios sobre patentes, aunque todavía no existe una decisión definitiva.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva prepara una respuesta a los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos, que desde el próximo miércoles 22 de julio gravarán con un 25% adicional una amplia lista de productos brasileños.
La medida fue adoptada por la administración de Donald Trump mediante la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense y alcanzará, entre otros rubros, a muebles, maquinaria, calzado, azúcar y etanol. Productos centrales para Brasil, como la carne vacuna, el café y los aviones, fueron exceptuados.
Según las estimaciones difundidas tras el anuncio, las nuevas tarifas podrían afectar aproximadamente al 18% de las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos. Washington justificó la decisión en supuestas prácticas perjudiciales vinculadas con el comercio digital, los medios de pago electrónicos, la propiedad intelectual, el acceso al mercado del etanol y la deforestación ilegal.
Brasil rechazó esos argumentos y sostuvo que las conclusiones de la investigación estadounidense no justifican el incremento arancelario. El Ministerio de Desarrollo brasileño señaló que durante el último año se realizaron más de 30 reuniones bilaterales y defendió el carácter abierto y mutuamente beneficioso del comercio entre ambos países.
Reciprocidad sin afectar a los consumidores
El vicepresidente y ministro de Desarrollo, Geraldo Alckmin, y las autoridades económicas brasileñas remarcaron que el Gobierno busca una respuesta basada en la reciprocidad y no una represalia automática.
La intención es evitar un aumento generalizado de aranceles sobre las importaciones estadounidenses, debido a que una medida de ese tipo podría encarecer productos y materias primas dentro de Brasil.
Entre las opciones analizadas aparece la posibilidad de limitar determinadas actividades de empresas audiovisuales estadounidenses y suspender temporalmente patentes farmacéuticas o de semillas agrícolas. Esas alternativas continúan bajo estudio y hasta este sábado no habían sido formalizadas.
Brasil podría aplicar esas acciones mediante su Ley de Reciprocidad Económica, sancionada en 2025, que permite responder a medidas comerciales extranjeras consideradas perjudiciales para los intereses del país.
El Gobierno también analiza reactivar una disputa ante la Organización Mundial del Comercio por las reglas aplicadas a las transmisiones electrónicas, con el objetivo de contar con respaldo jurídico internacional antes de adoptar medidas más fuertes.
Asistencia para los sectores afectados
Mientras continúan las negociaciones, Brasil anunció un paquete de crédito cercano a los 13.300 millones de reales, unos USD 2.600 millones, para respaldar al sector rural y a otras actividades perjudicadas por las tarifas.
Los recursos estarán destinados a programas de desarrollo, refinanciación de deudas y asistencia para productores, especialmente los vinculados con la caña de azúcar.
El Ministerio de Hacienda aseguró que las medidas de apoyo deberán respetar las metas fiscales y la estabilidad macroeconómica. El Gobierno pretende contener las consecuencias sobre el empleo y las exportaciones sin provocar un deterioro de las cuentas públicas.
La disputa ingresó en la campaña electoral
El conflicto comercial también se convirtió en uno de los ejes de la campaña presidencial brasileña.
Lula responsabilizó al bolsonarismo por alentar presiones desde Washington, mientras el candidato Flávio Bolsonaro acusó al Gobierno de haber fracasado en las negociaciones con la administración de Trump.
El propio Flávio Bolsonaro había pedido a funcionarios estadounidenses que postergaran los aranceles hasta después de las elecciones brasileñas de octubre. El senador argumentó que la medida podía terminar beneficiando políticamente a Lula.
Las exportaciones brasileñas a Estados Unidos ya habían caído alrededor de un 13% durante el primer semestre, antes de la entrada en vigor del nuevo recargo. Por eso, el Gobierno busca mantener abiertos los canales diplomáticos mientras prepara una respuesta más firme en caso de que las tarifas comiencen a aplicarse.
Por ahora, Brasil no anunció una represalia definitiva. La estrategia combina negociación, apoyo a los sectores afectados y el estudio de medidas selectivas que puedan presionar a Washington sin trasladar el costo directamente a los consumidores brasileños.
