El legislador provincial presentó un pedido de informes en la Unicameral de Córdoba para que el Poder Ejecutivo explique los incrementos aplicados desde 2024 en el canon por uso de cuerpos receptores de efluentes. La iniciativa surgió a partir de reclamos de vecinos y referentes del sector turístico y gastronómico de San Antonio de Arredondo.
El legislador provincial Walter Gispert presentó un pedido de informes en la Unicameral de Córdoba para reclamar explicaciones al Poder Ejecutivo sobre los aumentos registrados desde 2024 en el canon por el uso de cuerpos receptores de efluentes.
Según se informó, la iniciativa tomó impulso a partir de planteos realizados por vecinos y por representantes del sector turístico y gastronómico de San Antonio de Arredondo, quienes cuestionan las subas aplicadas por la Administración Provincial de Recursos Hídricos y advierten por su impacto sobre actividades productivas de la región.
En el proyecto, Gispert solicitó que se detalle cuáles fueron los criterios técnicos, económicos y administrativos utilizados para justificar los incrementos, así como también el marco normativo que respalda esas actualizaciones.
Además, pidió que se informe cuánto se recaudó por este concepto en los últimos cinco años y cuál fue el destino específico de esos fondos. A la vez, requirió precisiones sobre la existencia de planes de obras cloacales, sus plazos de ejecución, las fuentes de financiamiento y las exigencias impuestas a nuevos desarrollos urbanos en materia de infraestructura sanitaria.
“El Estado no puede exigir pagos cada vez más altos cuando no garantiza un servicio básico como el sistema de desagües cloacales. Hoy los vecinos no tienen alternativa: o pagan estos cánones o no tienen dónde disponer sus efluentes”, expresó el legislador.
El planteo también pone el foco en la falta de información sobre la utilización de los recursos recaudados y advierte que los incrementos podrían afectar la inversión privada, el empleo y el desarrollo local, especialmente en zonas donde la actividad turística y gastronómica tiene un peso central.
“El acceso a servicios básicos no puede transformarse en una carga confiscatoria. Es necesario saber qué se hace con esos fondos y por qué se le exige cada vez más a quienes no reciben una contraprestación adecuada”, sostuvo Gispert.
El proyecto fija un plazo de 10 días para que el Ejecutivo provincial responda a los requerimientos formulados.
