Durante la sesión del pasado 24 de octubre, el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz sancionó una ordenanza que dispone que las instalaciones del Centro Ambiental Municipal “sean destinadas exclusivamente al cumplimiento del proyecto original, integrado por una Planta de Separación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y Relleno Sanitario, para la Ciudad de Villa Carlos Paz y Municipios vecinos según se convenga oportunamente”.
Además, se insta al Departamento Ejecutivo “a realizar las gestiones administrativas y/o toda aquella tramitación necesaria a fin de efectivizar” esta disposición.
La normativa, aprobada en trámite express solo con los siete votos del bloque oficialista a pesar de las advertencias y críticas de las minorías, apunta, básicamente, a impedir que el gobierno de la provincia siga depositando en el Centro Ambiental las cianobacterias que extrae del lago San Roque. Y respondió tanto a las directrices de la gestión liderada por el intendente Esteban Avilés como a la recomendación formulada en la misma línea por el defensor del Pueblo, Víctor Curvino.
En este sentido, también se insta al mandatario a “realizar las gestiones administrativas y/o toda aquella tramitación necesaria a fin de que se subsane la situación de la utilización del predio municipal para la disposición de cianobacterias por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba, tanto desde el punto de vista ambiental como en lo relativo al pago de los cánones correspondientes”.
A poco más de dos semanas, se conoció que la Cámara Contencioso Administrativa de 3° nominación emitió una resolución que informa al municipio “que se encuentra vigente la medida cautelar dispuesta por Auto N° 35, de fecha 19/03/2024, a la cual y bajo apercibimiento, debe dar efectivo cumplimiento”.
La referencia al Auto n° 35 tiene que ver con el primer capítulo judicial sobre la deposición final de las cianobacterias que tuvo lugar en el verano, tras la intempestiva decisión del municipio de impedir que los camiones de la provincia ingresaran al Centro Ambiental, tras unos 8 años de actividad ininterrumpida.
Esta postura se leyó en clave política, como airada reacción de Avilés a la designación de Emilio Iosa como director de la Cuenca San Roque, por parte del gobernador Martín Llaryora.
La provincia acudió a la justicia, y ésta ordenó la reapertura. Ahora se informó que esa medida cautelar sigue vigente.
Es decir que, más allá de la ordenanza aprobada, el Centro Ambiental debe seguir abierto para receptar las algas. Al menos por ahora.
La posición de Fundeps
Vale acotar que la intervención de la justicia en relación al saneamiento del lago San Roque se dio a partir del amparo ambiental presentado por Fundeps en noviembre de 2022.
En marzo de 2023, la Cámara Contencioso Administrativa de 3° nominación admitió parcialmente la medida cautelar solicitada en ese marco por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, y ordenó la confección de un proyecto de plan, cuyo objetivo principal es el saneamiento del lago San Roque, asociado al desarrollo sostenible de su cuenca.
En agosto de ese año, el gobierno de la provincia presentó el “Plan de Saneamiento del lago San Roque y de Desarrollo Sostenible” que incluye una serie de obras (la semana pasada se inauguró la infraestructura cloacal para las cuencas sur y media) y acciones de mitigación y remediación.
Este proyecto fue criticado por la organización ambientalista realizando múltiples observaciones.
Tras una consulta de La Jornada, desde Fundeps evitaron opinar sobre la disputa entre el municipio y la provincia.
“La disposición final de las algas que se retiran del lago San Roque es algo que debe definir la justicia en base a criterios ambientales. De un modo u otro, se trata de una medida paliativa sobre qué hacer con las algas”, expresaron. Y subrayaron que, “lo que nos interesa es que se resuelva el problema de fondo: un plan de saneamiento integral, serio y sostenible que evite la reproducción de las algas que contaminan la cuenca del lago San Roque”.
“Para eso no solo es necesario el trabajo coordinado de la provincia y los municipios, sino también la participación de la ciudadanía. Lo que buscamos con el amparo ambiental que presentamos en 2022 es que la justicia establezca los mejores estándares para el saneamiento ambiental de la cuenca del lago San Roque”, insistió Fundeps.
Recientemente, y teniendo en cuenta que época de mayor contaminación de la cuenca ha comenzado, y bajo la consigna “El lago San Roque no es joda” la organización ha lanzado una campaña de recolección de firmas para exigir a la justicia y a las autoridades medidas de prevención y saneamiento “eficaces y serias”.
