El legislador Walter Gispert ha presentado un proyecto de ley en la Unicameral de Córdoba que busca regular la publicidad oficial de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos.
La iniciativa tiene como objetivo garantizar que esta publicidad tenga un carácter meramente informativo, educativo o de orientación social, prohibiendo la inclusión de nombres, imágenes o símbolos de funcionarios que puedan implicar una promoción personal.
El proyecto se fundamenta en la necesidad de mantener las buenas prácticas políticas y cumplir con la ley de ética pública, evitando que los funcionarios obtengan beneficios indebidos a través de la publicidad oficial.
Gispert argumentó que la promoción personal a través de estos medios puede ‘desvirtuar el propósito de la publicidad estatal’ y convertirse en ‘una herramienta de propaganda electoral, contraria a los principios republicanos’.
‘Es fundamental que la publicidad oficial no se convierta en una excusa para el autobombo de los funcionarios. Debemos garantizar que los recursos públicos se utilicen para informar a la ciudadanía, no para promover a quienes ocupan cargos de poder’, declaró el legislador por Punilla.
La ley también invita a los municipios a adherirse y adaptar sus ordenanzas locales a estos principios.
Este proyecto se enmarca en un contexto de creciente preocupación por el uso de fondos públicos para la promoción personal de funcionarios, una práctica que, según Gispert, puede erosionar la confianza en las instituciones democráticas.
Vale recordar, en este sentido, que en Villa Carlos Paz ya rige una ordenanza municipal que va en el mismo sentido del proyecto provincial (Nº 5264), y que prohíbe explícitamente la utilización de comunicaciones institucionales para promover intereses personales de funcionarios públicos, incluyendo la mención de nombres propios en mensajes publicitarios.
Claro que, aunque en su momento fue impulsada por Esteban Avilés cuando era concejal, una vez que asumió como intendente optó por esquivarla en numerosas oportunidades. Y, de hecho, por esta actitud el vocal del tribunal de Cuentas Gusta Molina, recientemente lo denunció penalmente por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
