Marcelo Iriarte pidió al Concejo de Representantes que se inicie el proceso tras la difusión del polémico video. El oficialismo tiene los votos para bloquear la denuncia, pero el sorteo de agosto podría cambiar el tablero.
Marcelo Iriarte, ex candidato a defensor del Pueblo, presentó ante el Concejo de Representantes una solicitud formal para iniciar el proceso de juicio político contra el actual ombudsman, Víctor Curvino.
En su presentación, Iriarte pidió que se actúe conforme al artículo 184 de la Carta Orgánica Municipal y a las disposiciones del Código de Ética de la Función Pública. Señaló como fundamento la difusión del video que muestra a Curvino “conduciendo un vehículo automotor en horario nocturno, portando en una mano una copa con lo que presumiblemente sería una bebida alcohólica”, en una escena registrada por una mujer que lo acompaña y que también ironiza sobre la situación.
“Este material audiovisual, ampliamente difundido, ha generado una profunda conmoción en la opinión pública local”, advierte Iriarte en el escrito, y remarca: “No se trata de una situación privada sin trascendencia institucional. El Defensor del Pueblo no es un vecino más, sino el titular de un órgano constitucional autónomo cuya misión es proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a los abusos o desviaciones del poder público”.
En el petitorio, solicitó que se incorpore el video como prueba clave, se evalúe su admisibilidad y, de corresponder, se conforme la Sala Acusadora para iniciar el procedimiento correspondiente, garantizando “el debido proceso, la transparencia y la publicidad del trámite”.
Tiempos legales y parálisis por receso
El pedido fue recibido el miércoles 25 de junio. El dato no es menor, ya que tanto la Carta Orgánica Municipal como la ordenanza reglamentaria del proceso de juicio político establecen plazos perentorios para resolver.
La ordenanza 5031 detalla que “el intendente, los concejales, los miembros del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el Defensor del Pueblo Adjunto, podrán ser denunciados ante el Concejo de Representantes, por cualquier concejal o elector en pleno goce de su capacidad, con domicilio real en la Ciudad de Villa Carlos Paz”. En ese carácter lo hizo Iriarte.
Una vez formalizado el pedido, el Secretario Legislativo debe girarlo a la Presidencia, que a su vez lo elevará a la Sala Acusadora —en la persona de su presidente— dentro de los dos días de su recepción. Si la titular del cuerpo legislativo, Alejandra Roldán, respetó estos plazos, a más tardar el lunes 30 de junio debió haber notificado al presidente de la Sala Acusadora, el concejal Leonardo Villalobos (CPU).
Y en este punto se abre un enorme paréntesis. El Concejo de Representantes entra en receso legislativo durante julio, y la postura del oficialismo apunta a no contabilizar el mes como “días administrativos hábiles”. Así las cosas, la resolución se traslada a agosto.
Es que, “dentro de los dos días de recibida la denuncia, el presidente de la Sala Acusadora deberá citar a los miembros de la Sala a una reunión que se realizará dentro de los cinco días posteriores contados a partir de la citación, para considerar la denuncia”. En ese encuentro, los integrantes deben analizar su admisibilidad.
“Para que la denuncia sea considerada admisible, deberá contar con el voto positivo de la mayoría agravada de los miembros de la Sala Acusadora; en caso contrario, queda desestimada”, precisa la norma.
Mayoría propia… por ahora
El artículo 185 de la Carta Orgánica establece que “todos los años, en su primera sesión, el Concejo de Representantes se divide por sorteo en dos salas de igual número de miembros, a los fines de la tramitación del juicio político”.
El nuevo período legislativo comenzará el 1 de agosto con la sesión especial en la que el intendente ofrecerá su discurso anual, que este año cae viernes. El sorteo de las salas suele realizarse en la primera sesión ordinaria, prevista para el jueves 7 a las 18:00.
Con los plazos tan ajustados, la fecha en la que se realice la sesión de la Sala Acusadora para resolver si se admite la denuncia y se inicia la investigación pasa a ser clave. ¿Por qué?
Muy simple: hoy, la Sala Acusadora está dominada por el oficialismo. De sus seis integrantes, cuatro responden al intendente Esteban Avilés (además de Villalobos, la integran Sebastián Guruceta, Raquel Merlino y Marcela Bosch), y solo dos son de la oposición (Pía Felpeto y Fernando Revello).
Como las decisiones se toman por mayoría agravada —dos tercios de los votos, en este caso, cuatro— CPU cuenta por sí solo con “el número” para, si así lo decide, desestimar la denuncia y bloquear el inicio del juicio político contra Curvino.
Pero esto podría cambiar si la reunión se demora más allá del jueves 7, ya que la integración de la nueva Sala Acusadora se definirá por sorteo. Y aunque poco probable, podría darse el caso de que quede conformada por una mayoría opositora.
