Amparándose en una cuestionada delegación de facultades resuelta a principios de año por el obediente bloque de concejales de Carlos Paz Unido, el intendente Esteban Avilés refuerza su voraz política recaudatoria y aplicará, desde noviembre, el quinto aumento unilateral en tasas municipales y servicios públicos concesionados.
La polémica ordenanza habilitó que estos incrementos puedan resolverse sin seguir el mecanismo dispuesto por la Carta Orgánica Municipal, que exige doble lectura legislativa con audiencia pública para garantizar la participación de los vecinos. Sin embargo, al igual que en marzo, mayo, julio y septiembre, desde noviembre se aplicarán de manera directa nuevas “readecuaciones” en las tasas municipales y los servicios de agua, cloacas, taxis, remises y transporte urbano de pasajeros.
En el caso de las tasas municipales, la suba será del 8,37%; en agua, 5,95%; agua en bloque, 8,19%; y cloacas, 5,42%. Para el transporte urbano, el aumento es del 8,37%, por lo cual el boleto costará 1073 pesos. También se autorizaron incrementos en la bajada de bandera y la ficha cada cien metros para taxis y remises.
Todos muy por encima de la inflación, sin ninguna explicación que lo justifique.
El paquete de aumentos fue validado de manera express por el bloque oficialista del Concejo de Representantes en la sesión del pasado jueves, luego de que el proyecto sea ingresado fuera de hora, evidenciando la intención de evitar que el tema tome estado público.
La postura de la oposición
Carlos Quaranta, del bloque Carlos Paz Inteligente, volvió a cuestionar lo mecánica que impone el oficialismo, y afirmó que la decisión del intendente Avilés de aplicar cinco aumentos bimestrales a las tasas y servicios municipales durante 2024, “ha significado un gran impacto en la economía de nuestros vecinos”.
“Desde el inicio hemos criticado esta medida tomada por el oficialismo por varios motivos. El primero porque los concejales del oficialismo delegaron funciones propias del Concejo en el intendente, ya que al aumento de las tasas y servicios debe contar con la aprobación en doble lectura del cuerpo legislativo y con audiencia pública donde los vecinos puedan manifestar su postura, derecho este que fue directamente eliminado.
En segundo lugar, rechazamos este proceso porque tal como lo venimos advirtiendo los aumentos que se han aplicado son exorbitantes, incluso muy por encima de la inflación del país”, dijo. Y precisó que las tasas municipales “han aumentado por encima del 160%, a lo que debemos sumar el 120% que ya había sido aplicado a fin de 2023 cuando se aprobara la tarifaria y presupuesto para el 2024.
El servicio de agua sufrió un incremento que supera el 150%, el servicio de cloacas alrededor del 180%, los taxis y remises por encima del 130%.
Todo esto, cuando la inflación acumulada a septiembre de 2023 era de 101,6%”.
Además, Quaranta cuestionó “la falta de claridad que en algunos casos pueden observarse al momento de hacer los cálculos de las actualizaciones por parte del Ejecutivo Municipal, debido a que hemos advertido y planteado inconsistencias en la aplicación de los índices correspondientes”.
“Los números son más que elocuentes y hablan por sí solos de la voracidad recaudatoria, que como contrapartida muestra una ciudad con problemas estructurales recurrentes que el gobierno no logra encaminar; como la insuficiencia en el servicio de transporte urbano de pasajeros, las notorias deficiencias y falta de inversión en el servicio de agua, el deterioro de las calles de la ciudad, la falta de mantenimiento vial (semáforos, sendas peatonales), la falta de obras de todo tipo, la falta de cuidado adecuado de espacios públicos en los barrios, el desorden en el tránsito por mencionar algunos”, expresó.
Por último, advirtió que, “hace meses venimos planteando la derogación de este mecanismo anómalo y contrario a lo que establece la propia Carta Orgánica Municipal, que ha eliminado la participación de los vecinos y la aplicación plena de las atribuciones del Concejo de Representantes, lo que fue desestimado sin ninguna explicación por parte del oficialismo”.
Desde el bloque de Juntos por Carlos Paz, Daniel Ribetti, sostuvo que este último ajuste “se suma a una serie de aumentos abusivos y consecutivos, todos ellos caracterizados por indexaciones que superan ampliamente la inflación”.
“Según nuestras estimaciones, el alza en las tasas municipales ha alcanzado un 64% por encima de la inflación acumulada. En el caso del servicio de cloacas, el incremento es aún mayor, llegando al 76%; taxis y remises se encarecieron un 33%, y el agua un 51%.
El transporte público, por su parte, se ha vuelto prácticamente inaccesible para muchos vecinos. Con una tarifa que alcanza los $1,070 por viaje, el servicio es cada vez menos útil y funcional, en especial tras los recortes de recorridos y frecuencia. Esta situación ha empujado a los ciudadanos a buscar alternativas más económicas, como las aplicaciones de transporte. Sin embargo, esta migración afecta negativamente la rentabilidad de los taxis, que, pese a ser uno de los servicios con menor incremento tarifario, sigue resultando caro para el bolsillo de los vecinos. Llevar los aumentos de taxis y remises a la par de los de agua o cloacas haría que simplemente dejen de ser una opción viable”, detalló.
Para Ribetti, “estos aumentos podrían tener sentido en un contexto inflacionario; sin embargo, en este caso no cumplen ni con la lógica ni con la racionalidad. Los incrementos están muy por encima de la inflación, y los servicios que reciben los vecinos son, en general, de mala calidad.
Es de conocimiento público el déficit de agua y la falta de inversión municipal en infraestructura en toda la ciudad. A esto se suma el mal estado de las calles, la escasez de insumos y profesionales en el sistema de salud, y la reducción de móviles de Seguridad Urbana en las calles, los cuales se encuentran parados para ‘ahorrar combustible’”.
Ante este panorama, sostuvo el concejal, “muchos vecinos nos preguntamos: ¿qué está haciendo el intendente con los millones que recauda?”
“La respuesta es preocupante. Entre el contrato leonino del servicio de recolección de residuos, creado por esta administración, y el enorme gasto que representa la planta completa de personal, se consume prácticamente el 60% del presupuesto mensual. Si sumamos a esto la creciente imposibilidad de los ciudadanos para afrontar estos aumentos desproporcionados, la conclusión es clara: estamos en una posición de extrema desprotección, atrapados entre impuestos asfixiantes y servicios deficientes”, concluyó.
Nota correspondiente a la edición n° 604 del periódico La Jornada, del 30 de octubre de 2024.
