Instituciones académicas, organizaciones de salud pública y entidades de defensa de consumidores advirtieron que el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional para eliminar la Ley 27.642 implicaría un retroceso en el derecho a la información y en la protección de la salud, especialmente de niños, niñas y adolescentes.
Más de 300 organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y entidades vinculadas a la salud pública y los derechos de consumidores rechazaron el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional que propone derogar en su totalidad la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como Ley de Etiquetado Frontal.
La iniciativa, identificada bajo el Expediente 186/26, fue presentada ante el Congreso de la Nación y lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones.
Desde las organizaciones advierten que la eventual eliminación de la norma desmantelaría una de las políticas de salud pública más relevantes de los últimos años, ya que la ley no solo establece los sellos negros de advertencia en los envases, sino que también regula la publicidad de productos ultraprocesados dirigida a infancias, promueve entornos escolares saludables y prohíbe estrategias de marketing en alimentos con excesos de nutrientes críticos.
El proyecto oficial plantea la necesidad de reducir “limitaciones regulatorias, económicas” y avanzar hacia una armonización de criterios dentro del MERCOSUR. Sin embargo, las entidades que rechazan la medida sostienen que no existen argumentos sanitarios ni científicos que justifiquen la derogación.
“Rechazamos profundamente esta medida que representa un ataque directo a la salud pública. No existen argumentos sanitarios ni científicos que justifiquen la necesidad de derogar la Ley de Etiquetado”, señalaron.
Una herramienta de información para consumidores
Las organizaciones remarcan que la Ley de Etiquetado Frontal permitió mejorar el acceso a información clara, rápida y comprensible sobre la composición nutricional de los productos.
Según los datos difundidos, el 90% de las personas coincide en que los sellos negros permiten identificar de manera sencilla los productos poco saludables. Además, más de la mitad de la población afirmó haber modificado su intención de compra de bebidas, yogures y galletitas a partir de la implementación del sistema.
También destacaron que un 55,9% de los argentinos utiliza los octógonos “siempre o casi siempre” como guía al momento de decidir sus compras.
Antes de la sanción de la norma, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2019, solo el 13% de la población lograba interpretar la información nutricional tradicional ubicada al dorso de los envases. Para las organizaciones, los sellos permitieron democratizar el acceso a esa información, más allá del nivel educativo de cada consumidor.
En ese sentido, señalaron que el etiquetado frontal también ayudó a “desenmascarar engaños” al mostrar con mayor claridad la verdadera composición de productos que antes podían ser percibidos como saludables.
Críticas al argumento de la armonización regional
Uno de los puntos cuestionados por las entidades es el argumento oficial sobre la necesidad de unificar criterios con otros países del MERCOSUR.
Según plantean, los modelos discutidos en la región serían menos efectivos que el sistema argentino, basado en el Sistema de Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud.
Como ejemplo, indicaron que el modelo argentino detecta exceso de azúcares perjudiciales en el 68% de los yogures del mercado, mientras que el modelo uruguayo lo advierte en un 9% y el brasileño en apenas un 1%.
Para las organizaciones, reemplazar o eliminar el esquema vigente implicaría debilitar una política pública que hoy permite identificar con mayor precisión productos con altos niveles de azúcar, sodio, grasas o calorías.
“Avanzar en ese sentido significaría quitarle a la población una herramienta simple y efectiva para tomar decisiones informadas, e implicaría un grave retroceso en el derecho a la salud y a una alimentación adecuada”, advirtieron.
Finalmente, las instituciones firmantes llamaron a los integrantes del Congreso de la Nación a rechazar el proyecto y defender el derecho de la población a contar con información clara y transparente sobre los alimentos que consume.
