El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz volvió a debatir la aplicación de la ordenanza que regula el transporte privado mediante plataformas digitales. Mientras la oposición afirmó que el registro municipal no funciona y que la norma quedó a mitad de camino, el oficialismo respondió que la herramienta ya está disponible, aunque el circuito no se completa porque las empresas aún no se inscribieron.
El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz volvió a discutir la situación del transporte privado mediante plataformas digitales, como Uber, a partir de un pedido de informes presentado por la concejala Pía Felpeto (Juntos por Carlos Paz), quien advirtió que la ordenanza vigente “no está funcionando” porque no existe un registro operativo que permita inscribir a conductores y propietarios.
Desde el oficialismo, la concejala Raquel Merlino (Carlos Paz Unido) rechazó ese diagnóstico y sostuvo que la plataforma “está habilitada”, aunque aclaró que el proceso no puede completarse porque las empresas de redes de transporte todavía no se registraron y tampoco realizaron consultas formales ante el municipio.
El intercambio terminó con una breve réplica de Felpeto, quien aseguró que la explicación dada en el recinto debería llegar también al área municipal de Transporte, ya que —según planteó— allí le respondieron lo mismo que ella expuso en su proyecto.
La discusión volvió a dejar expuesto un punto sensible: a pesar de que la ordenanza fue aprobada para regular una actividad que ya existe en la ciudad, la implementación sigue generando diferencias sobre su estado real y sobre las responsabilidades políticas de esa demora.
El planteo opositor: una ordenanza vigente, pero sin aplicación real
Al abrir el debate, Felpeto recordó que el Concejo había sancionado “por unanimidad” una ordenanza destinada a regular el servicio de transporte privado a través de plataformas digitales. Según señaló, la intención era ordenar una actividad ya instalada, darle marco legal, proteger a los usuarios y fijar reglas de competencia.
Sin embargo, remarcó que esa meta todavía no se cumplió. En su intervención sostuvo que “hoy esa ordenanza está vigente, pero no está funcionando”, y ubicó el problema central en el registro municipal previsto por la propia norma.
En ese punto, afirmó que “desde el área de Transporte del municipio se nos confirmó que no existe al día de la fecha una plataforma operativa para la inscripción en el registro municipal”, y resumió esa situación con una frase directa: “el instrumento central de la ordenanza, el registro, simplemente no está”.
La concejala advirtió además que, mientras la regulación no termina de ponerse en marcha, la actividad siguió creciendo por fuera del esquema formal. Mencionó que “durante la temporada hubo picos de más de 600 vehículos operando mediante plataformas”, lo que, a su criterio, deja el servicio sin un marco de control adecuado.
También puso el foco en quienes quieren regularizarse y no encuentran cómo hacerlo. En ese sentido, planteó que “hay vecinos de Villa Carlos Paz que quieren hacer las cosas bien y no pueden”.
A partir de ese diagnóstico, explicó que el pedido de informes buscaba conocer en qué estado está la implementación, cuándo estará operativa la herramienta y cuántas personas intentaron anotarse sin éxito. Lo definió, además, como un reclamo institucional para “hacer que una ordenanza vigente deje de ser letra muerta”.
La respuesta del oficialismo: el problema no sería la plataforma, sino las empresas
En nombre del oficialismo, Merlino sostuvo que el proyecto opositor partía “de una premisa equivocada” y rechazó que el municipio no hubiera avanzado con la reglamentación.
“No es cierto que el municipio no haya avanzado en la implementación”, afirmó. Luego aseguró que “la plataforma digital prevista para la inscripción de las distintas categorías establecidas en la ordenanza se encuentra habilitada y a disposición”.
El núcleo de su explicación fue que el sistema fue diseñado de manera secuencial. Según detalló, “mientras las empresas de redes de transporte no se registren, los propietarios y conductores no pueden finalizar su inscripción porque no tienen una empresa habilitada para seleccionar dentro de la plataforma”.
Desde esa mirada, el obstáculo no estaría en la falta de herramienta ni en una omisión administrativa del Ejecutivo, sino en la ausencia de la parte empresaria dentro del circuito formal previsto por la ordenanza.
Merlino sostuvo que, desde la promulgación de la norma, “no hubo consultas formales ni informales de las empresas de redes de transporte”, y añadió que sí existieron intentos del municipio por notificarlas. En el caso de Uber, explicó que se enviaron comunicaciones a domicilios de CABA, pero que esas notificaciones “regresaron por cambio de domicilio o domicilios inexistentes”, y mencionó nuevas gestiones que tampoco habrían tenido respuesta.
La concejala también defendió el accionar municipal en la calle mientras el registro sigue en proceso. Señaló que “entre el primero de enero y el 31 de marzo de este año se controlaron aproximadamente 270 vehículos” en operativos diarios, incluidos fines de semana y feriados. Además, indicó que sí hubo consultas informales de personas interesadas en prestar el servicio: “5 propietarios y 26 choferes”.
Con ese cuadro, cerró su exposición con una defensa explícita de la gestión: “acá no hubo desidia ni parálisis”, sino regulación, reglamentación, plataforma habilitada, notificaciones y controles.
La réplica de Felpeto: “Se lo deberían trasladar al área de transporte”
En la respuesta final, Felpeto cuestionó la coherencia entre lo dicho por el oficialismo en el recinto y la información que, según ella, brinda el propio municipio a quienes consultan por el tema.
“Todo lo que me acaba de informar en esta sesión se lo deberían trasladar al área de Transporte”, planteó, antes de señalar que había realizado averiguaciones personales para verificar el estado del sistema.
En ese sentido, sostuvo que “yo misma me he tomado el trabajo de llamar al área para solicitar los requisitos y toda la situación para poder inscribirme como un Uber”, y agregó que allí le respondieron “lo que dice el proyecto”.
Con ese cierre, volvió a pedir que se aclare públicamente “a la gente” cuál es “la situación real” de la ordenanza y de su implementación.
El debate dejó así dos versiones contrapuestas sobre el mismo punto. Para la oposición, la norma está vigente pero no funciona en la práctica. Para el oficialismo, la herramienta existe, aunque todavía no puede completarse porque las empresas no ingresaron al esquema formal. Mientras esa diferencia persiste, el servicio sigue activo en la calle y la regulación continúa atrapada entre la letra de la ordenanza y su aplicación concreta.
