La investigación judicial escaló en las últimas horas: la Fiscalía Penal Juvenil de 4° Turno elevó a ocho el número de adolescentes imputados por “amenaza agravada por anonimato”, mientras en distintos puntos de la provincia siguen activos los protocolos preventivos y la presencia policial en establecimientos educativos. El foco más sensible continúa en Capital y en el corredor de Punilla, donde aparecieron nuevos mensajes intimidatorios.
La principal novedad judicial es que la causa ya tiene ocho adolescentes imputados. El dato fue confirmado este viernes 17 de abril por el Ministerio Público Fiscal, que además informó que trabaja sobre más de 100 hechos en la ciudad de Córdoba y que también hay actuaciones abiertas en La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María.
En paralelo, desde el área educativa provincial señalaron que hasta este viernes se habían contabilizado 61 denuncias vinculadas con amenazas en escuelas y remarcaron que estos episodios no deben ser leídos como una broma o un juego, sino como un delito que requiere denuncia formal y actuación coordinada con la Justicia.
Por ahora, el Gobierno de Córdoba mantiene la decisión de no suspender las clases en las instituciones alcanzadas. El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, confirmó que siguen activos los protocolos de seguridad y que cada escuela debe informar el hecho a las autoridades educativas y luego radicar la denuncia correspondiente. El funcionario también dijo que una de las hipótesis en análisis es la de un posible reto viral difundido en redes sociales.
Uno de los frentes más delicados está en Punilla. En Villa Carlos Paz y localidades cercanas, la Policía redobló la presencia en ingresos y egresos escolares luego de una reunión con la fiscal del 3° turno, Jorgelina Gómez. El operativo preventivo fue confirmado por el subjefe de la Departamental Punilla, Andrés Aguirre, quien sostuvo que la prioridad es resguardar la integridad física de los estudiantes mientras la investigación continúa bajo reserva.
En esa zona, además, se amplió la nómina de instituciones afectadas. A los casos ya conocidos en el Carande Carro, el René Favaloro y el IPEM 316 Eva Duarte, se sumaron episodios en el Bernardo D’Elía, el IESS y el Instituto Cristo Obrero, además de situaciones detectadas en Parque Síquiman y antecedentes recientes en Cosquín y La Falda.
Mientras tanto, la causa sigue avanzando con allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos y peritajes para determinar el origen de los mensajes y establecer si existe conexión entre los distintos episodios. Con más imputados, más denuncias y nuevos operativos, la Provincia atraviesa por estas horas la etapa más intensa de una investigación que ya dejó de ser una alarma aislada para convertirse en un problema extendido del sistema educativo.
