La ONG denunció que la Municipalidad de San Antonio de Arredondo otorgó habilitaciones en un área de bosque nativo, lo que contradice la normativa ambiental vigente.
La Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA) expresó su rechazo a la decisión de la Municipalidad de San Antonio de Arredondo de autorizar un emprendimiento privado en un área protegida de bosque nativo. Según la organización, la habilitación otorgada a la empresa Chill de montaña S.A.S para la instalación de un resto bar a cielo abierto con viñedo y diversas construcciones en el predio denominado Chita Valle del Espacio contradice la Ley de Bosques y la normativa ambiental vigente.
En un comunicado que compartió en sus redes, ADARSA informó que solicitó acceso a información pública y que la respuesta oficial del municipio confirma la autorización en una zona categorizada como roja y amarilla según la Ley de Bosques, donde no se permite el cambio de uso de suelo ni actividades comerciales que afecten la biodiversidad y el ecosistema.
“Es incomprensible que la administración municipal haya avalado la instalación de una actividad con evidente impacto sobre el bosque nativo que debe ser protegido”, señalaron desde la ONG, y agregaron que “es preocupante que se promuevan emprendimientos privados antes de reglamentar y poner en funcionamiento el área protegida creada por la ordenanza Nº 353/2021”.
Ante esta situación, ADARSA solicitó a las autoridades municipales:
- La revocación de la habilitación otorgada y la implementación de medidas urgentes para restaurar el predio afectado.
- Explicaciones públicas sobre los motivos de la autorización, considerando que contradice la normativa ambiental vigente.
- La intervención de Policía Ambiental y de los organismos provinciales competentes para evaluar el daño ambiental y aplicar sanciones.
- Garantías para el cumplimiento estricto de la legislación ambiental dentro del ejido municipal y la pronta reglamentación del área protegida.
Finalmente, la ONG reafirmó su compromiso con la defensa del ambiente y el derecho de la comunidad a un entorno sano y sustentable, subrayando la necesidad de “políticas ambientales firmes que eviten la vulneración de derechos ambientales y preserven el equilibrio ecológico de la región”.
