Por Daniel Ribetti (Concejal Juntos por Carlos Paz)
A pocos días del inicio del nuevo período legislativo, el Intendente sigue postergando una decisión clave para el futuro de nuestra ciudad: levantar el cepo a la construcción o renovarlo in aeternum.
Este cepo (ordenanza 7001), impuesto hace ya dos años, fue presentado a la sociedad bajo supuestos argumentos “ecológicos”, pero lo único que hace es reducir la construcción a la mitad en muchos sectores de la ciudad. Donde antes se podía hacer una unidad de vivienda cada 400 metros cuadrados, ahora solo se permite cada 200 metros cuadrados. Detrás de ese relato, lo que se esconde es una profunda crisis de infraestructura y un grave déficit en la gestión de los servicios públicos, especialmente el servicio de agua.
Según un informe elaborado por el propio equipo técnico del área de Agua Municipal, la capacidad del sistema está al límite. El problema no es la construcción: el problema es que, después de más de una década de cobrar a los vecinos un cargo específico para obras hídricas, el municipio no ha hecho las obras necesarias. El sistema está colapsado porque no se invirtió lo que se debía, la ciudad siguió creciendo y hoy la idea brillante que se les ocurre es frenar todo.
Y ante esa realidad, el Intendente, en lugar de hacerse cargo y planificar las inversiones necesarias, decide prohibir nuevas construcciones para tapar el agujero que dejó su propia inacción. Es decir: se castiga a los vecinos, a los trabajadores y al segundo sector productivo de la ciudad —la construcción— por la ineptitud del gobierno municipal.
Días atrás, en el seno del CPUA (Consejo de Planificación Urbano Ambiental), el Ejecutivo apuró la aprobación de una ordenanza que refuerza las restricciones, con el voto asegurado de los concejales oficialistas y los representantes del Ejecutivo. Así, los mismos que redactan los proyectos, los votan. Y los imponen, aun cuando la mayoría de las instituciones convocadas para debatir —el Colegio de Arquitectos, Técnicos Constructores, la Asociación Inmobiliaria, ADARSA— expresaron su desacuerdo. El único apoyo institucional fue el CEPIA. El resto, votos del oficialismo. Una falta de respeto a quienes participan de forma voluntaria y aportan recursos, tiempo y experiencia para ayudar a la ciudad.
Este nuevo endurecimiento del cepo, además de injusto, tendrá consecuencias económicas gravísimas: aumentará artificialmente el valor de las propiedades, expulsará del mercado a los vecinos de clase media y consolidará un proceso de gentrificación que ya afecta a muchas ciudades turísticas del país y del mundo, el cual ellos mismos han acelerado en estos 14 años de gobierno.
Peor aún: los mismos complejos edilicios que hoy el gobierno señala como problemáticos fueron aprobados bajo el Código de Edificación que ellos mismos sancionaron. No pueden culpar a nadie más. El Intendente es el único responsable de esta encrucijada en la que ha metido a Villa Carlos Paz.
La situación es crítica. La ciudad no tiene agua suficiente en época de estiaje, más del 50% de las viviendas con agua no tienen cloacas, y hace más de tres años que no se avanza un solo metro con la obra de gas. ¿Por qué? Porque el propio Intendente desmanteló Carlos Paz Gas y creó una empresa nueva, que ni siquiera cuenta con licencia de subdistribución. Eso también es responsabilidad directa del Ejecutivo.
Y mientras tanto, con argumentos “ecopopulistas”, se sigue asfixiando a uno de los motores productivos de nuestra economía. En este nuevo aniversario de la ciudad, Villa Carlos Paz se acerca cada día un poco más —en cámara lenta— al abismo del suicidio económico local. La parálisis de la construcción no es una política ambiental: es una decisión política deliberada de extinguir al segundo sector económico de la ciudad a causa de la inoperancia.
El dinero que se pierde por estas decisiones es el que falta en cada bache sin arreglar, en cada insumo que no llega al hospital, en el deterioro de los espacios públicos, en una ciudad que envejece sin inversión, y que ha perdido competitividad turística. En Semana Santa fuimos el quinto destino más buscado, cuando años atrás liderábamos el ranking.
Y a todo esto se suma una militancia rentada: 1.780 trabajadores que consumen casi el 50% del presupuesto municipal. Esa estructura está pensada para sostener un aparato electoral, no para prestar mejores servicios. Obras caras, de baja calidad, y una constante necesidad de construir un relato para culpar a otros de sus fracasos.
Por eso, no tengo dudas de que, en el discurso de apertura de sesiones, el Intendente intentará responsabilizar a la oposición por todo lo que no funciona, y anunciará alguna medida sobre el cepo a la construcción que viene paralizando la economía local.
¡Regalo de cumpleaños de la ciudad!
Desde nuestro espacio, no nos limitamos a criticar. Tenemos propuestas concretas:
- Sabemos cómo ampliar la provisión de agua con alternativas técnicas viables.
- Creemos que el Intendente debería invertir toda su energía para destrabar el problema del gas natural.
- Y estamos convencidos de que es urgente reformar profundamente la Carta Orgánica Municipal para modernizar la ciudad y garantizar un desarrollo sostenible, justo y democrático, no solo para discutir lo referente al defensor del sueldo, sino también aspectos clave como la gobernabilidad, la propiedad estatal de los servicios públicos y los mecanismos de financiación del Estado.
