El concejal puso en debate el destino de los fondos públicos y reclamó mayor apoyo para la Escuela Especial Mariette Lidis, única en su tipo en la ciudad.
El concejal de Villa Carlos Paz, Fernando Revello, volvió a manifestar su preocupación por la situación que atraviesan las personas con discapacidad en la ciudad y, especialmente, la Escuela Especial Mariette Lydis. Lo hizo a través de una carta abierta en la que cuestionó con dureza el gasto destinado al funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, al que consideró excesivo frente a las necesidades insatisfechas de sectores vulnerables.
“Estamos hablando de más de 100 millones de pesos para organizar una elección que muchos vecinos ni siquiera saben que existe y 500 millones anuales para sostener la defensoría, mientras la única escuela pública para personas con discapacidad de nuestra ciudad tiene que hacer ferias, rifas y pedir donaciones para sobrevivir”, expresó.
En su escrito, el edil apuntó directamente al Ejecutivo municipal por lo que consideró una falta de sensibilidad y de prioridades a la hora de asignar recursos públicos. “No se trata solo de una elección costosa. Se trata de una falta total de prioridades. ¿De qué nos sirve un Defensor del Pueblo si el propio Estado municipal no garantiza los derechos más básicos de los sectores más vulnerables?”, planteó.
Una escuela fundamental, sin apoyo suficiente
La Escuela Especial Mariette Lydis es la única institución de educación especial en Villa Carlos Paz. Allí se brinda atención educativa, contención y asistencia integral a niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Sin embargo, desde hace años enfrenta una delicada situación económica, con reclamos reiterados por falta de presupuesto, transporte adecuado y condiciones edilicias dignas.

“El Municipio mira para otro lado. Se lava las manos. La escuela no es municipal, pero tampoco es invisible. Si no van a invertir ni un centavo ahí, ¿entonces por qué se gastan millones de pesos en la defensoría?”, agregó Revello.
El concejal pidió formalmente que se reconsidere la asignación de fondos previstos para el proceso electoral y el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, y propuso que se redirijan hacia programas de apoyo a la educación especial. En ese sentido, reclamó que el gobierno local asuma un rol más activo en la garantía de derechos para las personas con discapacidad en la ciudad.