La medida forma parte de la reestructuración del Estado y será publicada oficialmente este martes. Gremios advierten por despidos masivos y falta de mantenimiento vial.
El presidente Javier Milei firmó este lunes un decreto que dispone el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, junto con otros organismos del sistema vial como la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una nueva avanzada del Gobierno nacional sobre la estructura del Estado.
La medida se enmarca en el plan de achique fiscal, reorganización de funciones y delegación de servicios al sector privado, y será publicada en el Boletín Oficial este martes. Según el Gobierno, busca terminar con lo que considera una “estructura obsoleta” y combatir la corrupción en la obra pública.
“El aparato de corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción”, aseguró Adorni en conferencia de prensa.
Qué cambia a partir de ahora
Con la disolución de Vialidad Nacional, las funciones de mantenimiento, construcción y control de rutas quedarán bajo órbita del Ministerio de Economía, que podrá reasignarlas o concesionarlas según sus criterios. Además:
- El control del tránsito y la seguridad en rutas nacionales pasará a manos de Gendarmería Nacional, que operará bajo convenio con provincias y municipios.
- La CNRT será reformada para asumir el nuevo rol de Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte.
- Se habilitará un esquema de concesión directa para más de 9.000 km de rutas nacionales, actualmente en manos del Estado.
Reacciones y críticas
La medida generó un fuerte rechazo en sindicatos y sectores ligados a la obra pública. Desde el gremio de trabajadores viales, Graciela Aleñá, secretaria General, advirtió que el cierre de Vialidad implica el despido de más de 5.500 empleados y el riesgo de paralización en al menos 118 rutas nacionales.
“Habrá rutas de la muerte. Se pone en riesgo la seguridad vial en todo el país”, afirmó. Además, denunció que el objetivo del Gobierno es “entregar el mantenimiento y la inversión en rutas al negocio privado”.
Desde distintos sectores se anticipan presentaciones judiciales para frenar la aplicación del decreto, mientras crece la preocupación en provincias y municipios que dependen de la articulación con Vialidad para el sostenimiento de la red vial.
Qué impacto puede tener en Córdoba
La medida podría repercutir de manera directa en Córdoba, especialmente en tramos claves de la región como la Ruta Nacional 38 y los accesos a Punilla. Aún no está claro cómo se garantizará el mantenimiento y control de estos corredores si se avanza con la disolución completa de las estructuras locales de Vialidad.
Por ahora, no hay definiciones oficiales a nivel provincial, pero el escenario abre un nuevo foco de tensión entre Nación, provincias y municipios en torno al manejo de la infraestructura estratégica del país.
