La comisión deberá decidir si habilita el proceso de investigación o archiva las denuncias. El oficialismo tiene mayoría y podría bloquear el avance.
La Sala Acusadora del Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz fue convocada para el próximo lunes 4 de agosto con el objetivo de tratar las denuncias contra el defensor del Pueblo, Víctor Curvino. La reunión fue citada por el concejal Leonardo Villalobos, presidente de dicha comisión, en el marco del procedimiento previsto por la Carta Orgánica Municipal y la ordenanza 5031.
La comisión deberá resolver si existen elementos suficientes para admitir las denuncias e iniciar el juicio político correspondiente, o si por el contrario considera que no hay fundamentos para avanzar y decide archivar las presentaciones.
El origen
La causa que motivó los pedidos fue la viralización de un video donde se ve a Curvino conduciendo de noche con una copa en la mano. El episodio, ampliamente repudiado en redes sociales y medios locales, derivó en una denuncia formal presentada por Marcelo Iriarte, ex candidato a defensor del Pueblo, quien adjuntó el video como prueba principal.
“El hecho existió. Lo reconozco”, admitió Curvino públicamente, aunque intentó desligarse de responsabilidad institucional al argumentar que el episodio ocurrió en agosto de 2021, cuando “aún no era funcionario”.
Iriarte, sin embargo, sostuvo que no se trata de una cuestión personal sin trascendencia, sino de una conducta que “afecta la credibilidad institucional del órgano que preside”, y exigió que se evalúe el caso conforme al artículo 184 de la Carta Orgánica Municipal y al Código de Ética de la Función Pública.
También el ex candidato a defensor del Pueblo, Santiago Juliá, presentó una denuncia solicitando el inicio de juicio político.
Composición de la Sala y posibles escenarios
La Sala Acusadora está conformada por seis concejales: cuatro oficialistas (Villalobos, Guruceta, Merlino y Bosch) y dos opositores (Felpeto y Revello). Para admitir la denuncia se requiere una mayoría de dos tercios de sus miembros, es decir, al menos cuatro votos afirmativos.
Con este esquema, el oficialismo que responde al intendente Esteban Avilés tiene los números necesarios para definir la situación: podría habilitar el proceso o bloquear su avance, impidiendo que el caso llegue a una etapa de investigación.
El desarrollo de esta instancia será clave para definir el futuro institucional del defensor del Pueblo, quien fue reelecto con apenas el 5% del padrón, en una elección marcada por la alta abstención y la deslegitimación pública del organismo.
