Concejales y un legislador provincial expresaron su respaldo al reclamo salarial y solicitaron al Tribunal Superior de Justicia que habilite canales de diálogo.
En el marco del conflicto salarial que mantienen los empleados judiciales con el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), el bloque Juntos por Carlos Paz —integrado por los concejales Pía Felpeto y Daniel Ribetti— , junto al legislador provincial Walter Gispert recibió a representantes de los judiciales autoconvocados de Villa Carlos Paz.
Durante el encuentro, los referentes políticos entregaron un escrito dirigido al presidente del TSJ en el que manifestaron su apoyo al pedido realizado por legisladores provinciales para que el máximo tribunal cordobés reciba en audiencia a los delegados de la denominada Mesa de Lucha. Según expresaron, la apertura de canales de diálogo es “esencial para avanzar en una solución que restablezca el pleno funcionamiento del servicio de justicia”.
Preocupación por el impacto del conflicto en el Poder Judicial
Felpeto manifestó “su profunda preocupación ante la continuidad del conflicto que afecta el normal funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, como consecuencia de las legítimas medidas de fuerza adoptadas por los trabajadores judiciales”.
Por su parte, Gispert subrayó: “Reconocemos el derecho constitucional de los trabajadores a reclamar por la pérdida del poder adquisitivo y la necesidad de mejorar sus condiciones laborales”.
Los judiciales autoconvocados expusieron durante la reunión las condiciones laborales que motivan el plan de lucha vigente en toda la provincia, y remarcaron que el conflicto tiene consecuencias directas sobre la ciudadanía.
En ese sentido, Ribetti advirtió que, “la prolongación del conflicto genera un grave impacto en la ciudadanía, limitando el acceso a un servicio de justicia ágil y eficaz, y perjudicando tanto a los justiciables como al ejercicio profesional de los abogados”.
Llamado a las autoridades judiciales
Tanto los concejales como el legislador coincidieron en la necesidad de que “las autoridades competentes actúen con urgencia, responsabilidad y vocación de consenso, priorizando siempre el bienestar de los cordobeses”.
