El servicio de cloacas de Villa Carlos Paz se encuentra en una etapa decisiva. El 31 de marzo es la fecha definida por el intendente Esteban Avilés para que el municipio asuma la prestación del servicio.
Previo a eso, el gobierno de Carlos Paz Unido avanzó en soledad con la declaración de emergencia del servicio y amplió su denuncia contra la Cooperativa Integral. “Durante décadas los carlospacenses sufrimos a una casta corporativa integrada por la dirigencia de la Cooperativa Integral y la mayor parte de la oposición. Desde la Gestión Comunitaria seguiremos trabajando para mejorar la calidad de vida de los carlospacenses con honestidad, transparencia y respeto a la ley”, dijo Avilés, reiterando su habitual libreto de acusaciones.
La emergencia, en lo concreto, habilita al Ejecutivo a “adoptar todas las medidas extraordinarias y urgentes que resulten necesarias, tendientes a garantizar la prestación del Servicio de Saneamiento y Desagües Cloacales en nuestra Ciudad, tales como: entablar acciones judiciales necesarias a tales fines; establecer auditorías del servicio, disponer el ordenamiento e instrumentación del régimen económico tarifario, firmar convenios o tomar créditos para adquirir bienes que tiendan a la óptima prestación del servicio y toda otra medida que estime pertinente, resultando el detalle precedente meramente enunciativo”.
El proyecto original ni siquiera tenía plazos. En el debate sobre tablas se incorporó la fecha: 31 de julio de 2027. Desde los diferentes bloques de la oposición criticaron la medida, enfatizando en que se trata de una delegación de facultades, algo que está prohibido por la Carta Orgánica.
“Esto que estamos haciendo está prohibido, salvo que exista una situación de excepción. La excepción debe darse frente a una emergencia pública. Lamentablemente nosotros no tenemos todos los elementos para hacer semejante afirmación. Con el escaso conocimiento técnico, con la premura que llega este proyecto -menos de 24 horas de anticipación- y sin tener toda la información, no tenemos los elementos para saber si estamos ante una situación de emergencia”, argumentó el concejal de Carlos Paz Inteligente, Carlos Quaranta.
“No estoy de acuerdo con que, a través de una emergencia, se otorgue la suma del poder público al Departamento Ejecutivo”, expresó la concejala radical Pía Felpeto.
“Entiendo la emergencia ambiental que se plantea, pero acompañar este proyecto sería firmar un cheque en blanco. No dudamos que la municipalidad tiene que asumir el servicio y que puede mejorarlo con responsabilidad, pero consideramos que el artículo 2 de este proyecto es muy amplio y difuso. Con este proyecto, una vez más, estamos delegando facultades legislativas al Departamento Ejecutivo”, dijo a su turno la concejala del PRO, Noelia García Roñoni.
La nueva tarifa, con “capitalización municipal”
A los pocos días de declarada la emergencia y delegación de facultades, el Ejecutivo giró al Concejo un proyecto para definir el nuevo esquema tarifario. El mismo incluye el monto básico, los valores por consumos excedentes y se suma un cargo fijo que lleva el sugestivo nombre de “Recuperación operativa integral del servicio de cloacas”.
Durante el tratamiento del proyecto en el recinto, la concejala oficialista Raquel Merlino dijo que la incorporación de este aporte extraordinario tiene por objetivo “hacer frente a los gastos que demande la recomposición de las deterioradas instalaciones” que hoy tiene el servicio.
Sin muchas vueltas, el concejal Quaranta salió al cruce de esta maniobra señalando que se trata de una “capitalización municipal”. “En definitiva, lo que está haciendo el municipio es determinar un nuevo monto, que le ponemos otro nombre, pero en definitiva es una capitalización para poder invertir y mejorar o adecuar el servicio según lo que están planteando”, expresó el edil y remarcó que la promesa de reducir en un 50% la tarifa no será cumplida ya que el ahorro para los vecinos será de apenas 5.500 pesos.
¿Qué pasará con los trabajadores?
Desde el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (SIPOS) manifestaron la inquietud ante la negativa municipal de definir qué pasará con las y los trabajadores de la COOPI cuando el municipio asuma la prestación del servicio de cloacas.
Esteban Lupiano, secretario Gremial del sindicato, señaló que, a pesar de las audiencias llevadas a cabo en la Secretaría de Trabajo, el gobierno municipal no ha dado garantías claras sobre la continuidad laboral.
Uno de los principales puntos de conflicto en la actualidad es el número de empleados que serán incorporados al municipio. El municipio sostiene que solo 13 trabajadores serían necesarios para la prestación del servicio de cloacas, un número que desde SIPOS consideran “insuficiente e inviable”.
“Solo para la operación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Costa Azul, se necesitan al menos dos o tres operadores por turno, ya que funciona las 24 horas durante los 365 días del año”, ejemplificó Lupiano.
Desde el sindicato se estima que el número mínimo de trabajadores requeridos para garantizar el servicio con eficiencia es no menor a 50.
Para agravar la situación, el dirigente denunció que mientras el municipio sostiene públicamente que solo tomará a 13 empleados, ha lanzado convocatorias en redes sociales para la incorporación de nuevos trabajadores en el área de saneamiento, lo que desde el gremio interpretan como “una maniobra de mala fe” en el proceso de negociación.
“Por un lado dicen que con 13 trabajadores pueden prestar el servicio y a su vez sacan esta convocatoria. Lo mismo hicieron con el tema del agua. Además, estamos hablando de trabajadores que desde hace años vienen brindando el servicio de cloacas, es decir, es personal calificado. Hablamos de compañeros de 15, 20, 30 años de antigüedad. Además, detrás de cada trabajador hay una familia”, destacó Lupiano.
Más allá del conflicto laboral, Lupiano advirtió sobre los riesgos que implicaría para la comunidad un traspaso del servicio sin el personal calificado suficiente. “Estamos hablando de un servicio esencial para la salud pública. No se puede improvisar en este tema. Los trabajadores de la COOPI tienen décadas de experiencia en el sector y son los únicos que pueden garantizar la correcta operatividad del sistema”, señaló.
Al parecer, todo se encamina a que sea la Secretaría de Trabajo la que defina, a través de un laudo arbitral -como lo hizo con el servicio de agua-, cuántos trabajadores pasarán al municipio.
Nota correspondiente a la edición n° 609 del periódico La Jornada, del 26 de marzo de 2025.
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