La respuesta oficial confirma que el sector aún no está habilitado para desarrollos urbanísticos y refuerza los cuestionamientos a la iniciativa del Ejecutivo municipal de Carlos Paz.
El Ministerio de Ambiente de la Provincia de Córdoba confirmó que el área conocida como El Pantanillo continúa en etapa de evaluación debido a los daños ambientales detectados en años anteriores. La información, brindada oficialmente a la militante ambiental María Mancuello, refuerza los cuestionamientos sobre la legalidad y viabilidad de los proyectos urbanísticos que impulsa el Ejecutivo Municipal de Villa Carlos Paz en ese sector.
La zona, de alto valor ambiental y geomorfológico, fue recientemente incluida por el gobierno local en una propuesta para establecer una nueva zona de servicios, a pesar de su condición de protección bajo múltiples normas: la Ley Nacional 26.331 de Bosques Nativos, la Ley Provincial 9.814, el Decreto Reglamentario N.º 170/11, la Ley General del Ambiente 25.675, y el artículo 106 de la Carta Orgánica Municipal, que garantiza la participación ciudadana en la planificación ambiental y el principio de sustentabilidad.
La respuesta del Ministerio, en el marco de un pedido de información pública presentado por Mancuello, aclara que el área continúa siendo analizada por las autoridades ambientales y que se encuentra en proceso de definición de medidas de recomposición ambiental. Entre las acciones previstas se contemplan planes de reforestación con especies nativas y la recuperación del ecosistema, lo que confirma que el destino final de la parcela aún no está determinado.
Este pronunciamiento reviste especial importancia, ya que cualquier cambio en el uso del suelo que no respete las instancias administrativas y legales vigentes podría ser inconsistente con la normativa ambiental provincial y nacional.
Un conflicto con antecedentes
El caso del Pantanillo tiene antecedentes directos. María Mancuello, referente del espacio Carlos Paz Despierta y vecina del sector, presentó en 2018 y 2019 denuncias ante la Policía Ambiental por desmonte ilegal, remoción de suelo sin autorización y omisión de remediación. También denunció en 2020 la instalación de una planta hormigonera sin habilitación, que afectaba la calidad de vida de los vecinos y generaba contaminación ambiental. Aunque esta última no fue registrada formalmente con número de expediente, fue incorporada como antecedente en el expediente general.
En paralelo, la organización ADARSA también obtuvo una respuesta del Ministerio de Ambiente que reconoce la superposición de la parcela con el mapa oficial de bosque nativo, lo que refuerza la incompatibilidad de los proyectos propuestos por el municipio. En la misma línea, y ante un pedido de Juan Carlos Paesani, referente de la ONG Educación, Ambiente y Trabajo, la Dirección de Bosques confirmó que La Ley 9814 de Ordenamiento Territorial de la provincia de Córdoba determina que la parcela que el municipio pretende urbanizar en el oeste de Villa Carlos Paz cuenta con categorías de conservación que impedirían el cambio de uso del suelo.
La comunidad se moviliza
La reciente inclusión del Pantanillo en una nueva área de servicios encendió las alarmas en sectores vecinales y organizaciones ambientales, que comenzaron a organizar acciones de visibilización y exigir que se respete el valor ecosistémico del lugar.
“El Pantanillo cumple funciones ambientales esenciales para toda la comunidad, y defenderlo no es un capricho: es una responsabilidad”, expresó un vecino autoconvocado.
Este conflicto se está convirtiendo en un caso emblemático sobre la tensión entre el avance urbano y la preservación de los bienes comunes, y pone en evidencia la importancia de garantizar que toda decisión territorial se rija por principios de legalidad, transparencia y sustentabilidad ambiental.
