La medida fue instrumentada mediante resolución del Ministerio de Economía. Se argumentó que el programa de vivienda representaba una carga fiscal excesiva y presentaba falencias en su ejecución.
El Gobierno nacional oficializó este lunes la disolución del Fondo Fiduciario del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear), a través de la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, completando así lo dispuesto por el Decreto 1018/2024, emitido en noviembre del año pasado. La decisión implica el cierre definitivo de uno de los principales programas estatales de acceso a la vivienda implementados durante la última década.
Desde el Ejecutivo nacional justificaron la eliminación del plan Procrear al señalar que representaba una carga insostenible para las cuentas públicas, y que la financiación de viviendas debe ser una función del sistema bancario comercial, sin intervención directa del Estado. Además, aseguraron que el programa presentaba problemas de control, ejecución y transparencia.
Según la resolución, una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó múltiples irregularidades, incluyendo demoras en las entregas, deficiencias en las condiciones de habitabilidad y falta de actualización en los manuales de procedimiento, además de falta de transparencia en la gestión de fondos públicos.
El impacto del Procrear y la situación de los créditos vigentes
De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, entre abril de 2021 y agosto de 2023, en el marco de la segunda etapa del programa Procrear II, se otorgaron más de 65.000 créditos para construcción, lo que permitió construir más de 4 millones de metros cuadrados y generó un impacto positivo en la creación y sostenimiento del empleo formal. Además, el 83% de las viviendas financiadas por esos créditos fueron finalizadas.
Respecto a los créditos ya otorgados, el Ministerio de Economía firmará un contrato con el Banco Hipotecario S.A., que continuará administrando esas obligaciones. Esta entidad será la encargada de transferir los fondos recaudados al Tesoro Nacional, descontando previamente su comisión y gastos operativos.
Por otro lado, se autorizó a la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial a avanzar con la venta de carteras de crédito con rendimientos inferiores al 40%, y a supervisar la regularización de los bienes asociados al fondo.
En cuanto a los inmuebles en manos del fideicomiso, el Ministerio de Economía podrá transferir unidades a provincias, municipios u organismos estatales, tras la correspondiente tasación oficial. Si los terrenos fueron originalmente aportados por gobiernos provinciales o locales, se prevé su posible restitución.
Asimismo, las propiedades fiduciarias del Banco Hipotecario no vinculadas a obras activas serán transferidas a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), mediante convenios con la Secretaría de Obras Públicas. Las deudas pendientes del fondo serán saldadas con los ingresos provenientes del cobro de cuotas o de la venta de activos, conforme a lo estipulado en el contrato de fideicomiso original.
Finalmente, las causas judiciales pendientes vinculadas al Procrear pasarán a ser gestionadas por la unidad jurídica que designe la Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía, asegurando la continuidad del seguimiento legal del programa ya desactivado.
Con esta medida, el gobierno libertario avanza en su estrategia de ajuste del gasto público y desmonte de políticas de intervención estatal en áreas sociales clave, como el acceso a la vivienda.
