El programa de pavimentación 2026/2027 recupera intervenciones aprobadas en 2023 que todavía no fueron ejecutadas e incorpora nuevas calles y accesos escolares. La iniciativa requiere doble lectura, audiencia pública y una mayoría agravada de ocho votos para convertirse en ordenanza. En la primera instancia, Carlos Paz Unido alcanzó ese número con el acompañamiento de Noe García Roñoni.
El Concejo de Representantes aprobó en primera lectura el “Programa de Obras 2026/2027 – Plan de Pavimentación Calles con Conectividad Estratégica y Obras Civiles Complementarias”, una iniciativa que contempla una inversión base de $1.597.248.500, actualizable al momento de la contratación, y recupera obras autorizadas en 2023 que todavía no fueron ejecutadas.
El proyecto fue aprobado durante la sesión del jueves 25 de junio con ocho votos afirmativos: los siete integrantes del bloque oficialista de Carlos Paz Unido y Noe García Roñoni, de Juntos por Carlos Paz.
Ese número no es un dato menor. Por tratarse de un programa de obras sujeto al régimen de contribución por mejoras, la iniciativa debe atravesar un procedimiento de doble lectura, con una audiencia pública entre ambas instancias, y necesita una mayoría agravada de ocho votos para convertirse definitivamente en ordenanza.
Carlos Paz Unido cuenta con siete bancas, por lo que necesita al menos un acompañamiento opositor. En esta primera lectura, ese octavo voto fue aportado por García Roñoni, quien respaldó el plan aunque reclamó seguimiento y respuestas concretas para los vecinos que esperan las obras desde hace más de tres años.
La discusión no giró únicamente alrededor de la necesidad de pavimentar calles. También estuvo atravesada por las demoras acumuladas, la proximidad de una nueva etapa electoral y la diferencia entre los vecinos incluidos en este programa, que afrontarán el 30% del costo, y aquellos que deben financiar otras obras mediante esquemas distintos.
La reaparición de proyectos aprobados en febrero de 2023, ahora incorporados a un plan para 2026 y 2027, habilitó cuestionamientos políticos sobre los tiempos elegidos para su ejecución.
Esa coincidencia no prueba por sí misma una finalidad electoral, pero fue utilizada por la oposición para plantear que algunas respuestas llegan cuando la ciudad comienza a ingresar en un nuevo período preelectoral.
Cuatro sectores con obras aprobadas y no ejecutadas
El mensaje enviado al Concejo reconoce expresamente que el programa incluye una “readecuación de las obras oportunamente aprobadas por Ordenanza N.º 6939, que a la fecha no se han ejecutado”.
Las intervenciones pendientes alcanzan a cuatro sectores:
- En El Fantasio, la pavimentación de calle Díaz Colodrero.
- En Villa del Lago, las calles Sand, Goethe, Schiller y Godoy.
- En Villa del Río, la conexión interna por Puerto Argentino.
- En Solares de las Ensenadas, la unión con el circuito del transporte público mediante Los Glaciares y Lago Argentino.
El nuevo programa incorpora además la pavimentación con hormigón de Valle de Calamuchita, en Altos del Valle, donde se prevé darle tratamiento de calle canal porque recibe desagües pluviales superficiales.
También incluye accesos a establecimientos escolares sobre Alfonsina Storni, en La Quinta Cuarta Sección, y sobre El Salvador, en barrio El Canal.
Daniel Ribetti, de Juntos por Carlos Paz, puso el foco en los antecedentes del plan.
“Este conjunto de obras, que ahora son siete en la propuesta general, está constituido por cuatro que fueron votadas en 2023 y que no se hicieron”, afirmó.
El concejal sostuvo que fueron presupuestadas y posteriormente demoradas, y vinculó tanto la aprobación original como su reactivación con el calendario político.
García Roñoni acompañó y reclamó controles
García Roñoni recordó que en noviembre de 2023 impulsaron un pedido de informes a partir de reclamos de vecinos de Villa del Lago.
Según expuso, la obra había sido licitada y adjudicada, pero solo se ejecutó el cordón cuneta y quedó pendiente el adoquinado.
“Los vecinos ya están demasiado cansados y quieren respuestas concretas sobre estas obras”, sostuvo.
La concejala anticipó su acompañamiento al proyecto y reclamó controlar que esta vez las intervenciones se ejecuten efectivamente.
Su voto permitió que el oficialismo alcanzara en la primera lectura los ocho apoyos exigidos para este tipo de ordenanzas. El proyecto deberá reunir nuevamente esa mayoría agravada cuando regrese al recinto después de la audiencia pública.
El cruce por los tiempos electorales
Fernando Revello, de Juntos por Carlos Paz, aclaró que su bloque viene acompañando créditos y proyectos destinados a infraestructura, pero cuestionó los tiempos elegidos para concretar las obras.
“Mi cuestionamiento pasaba por una cuestión de tiempos políticos, tiempos electorales y tiempos de la gente”, afirmó.
También remarcó que existen vecinos que llevan tres años esperando y que no deberían depender de una campaña electoral para recibir una respuesta.
Desde Carlos Paz Unido, Laura Soledad Gallardo rechazó esa interpretación y sostuvo que las obras se ejecutan cuando se encuentran reunidas las condiciones técnicas, administrativas y financieras.
“Es importante en este momento no generar estas interpretaciones políticas donde hay procesos de gestión”, respondió.
Gallardo defendió la continuidad de las inversiones municipales y señaló que las obras públicas forman parte de una política sostenida en infraestructura, saneamiento, iluminación, espacios públicos y servicios.
“Los vecinos no necesitan especulación, necesitan soluciones”, afirmó.
Marcela Bosch también presentó el plan como continuidad de la política de infraestructura del oficialismo. Sostuvo que las gestiones de Carlos Paz Unido mantuvieron la inversión incluso en contextos económicos adversos y que la reformulación se volvió necesaria por los cambios registrados desde la aprobación de los proyectos originales.
Una inversión base que será actualizada
El presupuesto oficial se divide en dos contrataciones:
- $1.310.728.500 para materiales y mano de obra de pavimento de adoquines.
- $286.520.000 para materiales y mano de obra de pavimento de hormigón simple.
El total asciende a $1.597.248.500.
Sin embargo, no será necesariamente el costo definitivo. La ordenanza establece que deberá actualizarse mediante el Índice del Costo de la Construcción de Córdoba correspondiente al mes del llamado a licitación o concurso de precios.
El proyecto fija como valores base $45.000 por metro cuadrado de pavimento de adoquines y $65.000 por metro cuadrado de pavimento de hormigón simple.
Bosch indicó durante el debate que el plan representa casi cinco kilómetros de calles y más de 29.000 metros cuadrados de nuevo pavimento.
El municipio paga y recupera el 30% de los frentistas
La ordenanza declara las obras de interés público y pago obligatorio.
El municipio abonará a las empresas contratistas el 100% de la mano de obra y los materiales, pero posteriormente cobrará a los propietarios frentistas el 30% del monto correspondiente.
Sobre el presupuesto base actual, ese porcentaje representa aproximadamente $479,2 millones, mientras que el 70% restante, cerca de $1.118 millones, quedaría a cargo del municipio.
Ambos valores podrán modificarse cuando se actualice el costo definitivo de las obras.
El importe se prorrateará según los datos de dominio y las dimensiones del frente de cada lote registrados en el catastro municipal. La liquidación se realizará una vez terminada la obra completa o un tramo que el municipio considere finalizado en todos sus ítems.
Los frentistas podrán optar por:
- Pago contado, con un descuento del 10%.
- Hasta 24 cuotas, con un interés de financiación del 2,5% mensual directo.
- Hasta 36 cuotas, con la misma tasa, para inmuebles con frentes superiores a 30 metros, jubilados, pensionados o personas de escasos recursos con informe socioeconómico.
También se establece un interés resarcitorio del 3% mensual en caso de atraso.
El Departamento Ejecutivo podrá eximir completamente del pago a personas en situación de vulnerabilidad social, siempre que esa condición sea acreditada mediante un informe profesional.
El debate sobre el origen de los recursos
Bosch destacó que el municipio absorberá el 70% del costo y presentó ese porcentaje como el principal esfuerzo económico del programa.
Revello relativizó esa diferenciación. Señaló que los recursos municipales también provienen de los contribuyentes y que no debe presentarse al Estado como un actor separado de quienes sostienen sus ingresos.
“Los frentistas son los que aportan para que el Estado municipal tenga plata y ahora tienen que volver a pagar un 30% más para poder tener el asfalto”, cuestionó inicialmente.
Más tarde aclaró que no se oponía a que los propietarios beneficiados realizaran un aporte, debido a la valorización que la obra produce sobre los inmuebles.
Su crítica apuntó a la forma en que el oficialismo presentó el financiamiento y a los tiempos de ejecución.
Sebastián Guruceta, de Carlos Paz Unido, defendió el régimen de contribución por mejoras. Explicó que el aporte se cobra porque existe un beneficio directo sobre la propiedad y porque resultaría injusto que vecinos de otros barrios financiaran completamente una obra localizada.
“La contribución por mejora se le cobra al frentista porque se presume que hay un enriquecimiento del inmueble cuando se hacen mejoras de este calibre”, sostuvo.
La discusión por la equidad entre barrios
Ribetti planteó una objeción diferente. Según señaló, los propietarios incluidos en el programa pagarán solo el 30%, mientras otros vecinos que no acceden a planes de conectividad estratégica pueden tener que afrontar el costo total de obras similares.
“Estas personas que tengan la suerte de entrar en este programa van a pagar solamente el 30% de lo que cueste. El resto de los vecinos va a tener que ponerla completa”, sostuvo.
Para el concejal, esa diferencia plantea una situación de inequidad entre barrios y propietarios.
El proyecto no explica de manera detallada todos los criterios utilizados para seleccionar los sectores beneficiados.
Carlos Quaranta, de Carlos Paz Inteligente, acompañó el objetivo general, pero reclamó conocer los planos y las razones por las que fueron elegidas determinadas calles y no otras.
“Nos gustaría conocer los planos y, sobre todo, la decisión de por qué determinados sectores de la ciudad y por qué otros no”, planteó.
Esa discusión quedó abierta para la audiencia pública y el posterior tratamiento en comisión.
El criterio de “conectividad estratégica” ofrece una justificación general, pero no resuelve por sí solo el interrogante sobre cómo se priorizan barrios que reciben un aporte municipal del 70% frente a otros sectores con necesidades similares.
La advertencia sobre Valle de Calamuchita
Revello también formuló una observación técnica sobre la pavimentación de Valle de Calamuchita.
Advirtió que por esa calle escurre el antiguo arroyo Los Sauces y pidió revisar los planos y las condiciones de drenaje antes de ejecutar la obra.
El texto enviado al Concejo confirma que la calle será construida con hormigón simple y que recibirá tratamiento de calle canal por ser colectora de desagües pluviales superficiales.
Durante el debate no se detallaron los estudios hidráulicos, las dimensiones de la intervención ni las obras complementarias previstas para controlar el escurrimiento.
Audiencia pública y una segunda votación decisiva
El programa recibió los ocho votos necesarios para superar la primera lectura y avanzar hacia la audiencia pública.
Después de esa instancia, regresará al Concejo para su tratamiento definitivo. Para convertirse en ordenanza deberá volver a reunir una mayoría agravada de ocho votos.
Oficialismo y oposición coincidieron en la necesidad de mejorar calles y accesos, pero difirieron sobre las demoras, los criterios territoriales, el financiamiento y la oportunidad política.
El proyecto ofrece una nueva posibilidad de ejecutar obras que llevan más de tres años pendientes. Al mismo tiempo, la reactivación en el inicio de una etapa preelectoral, la actualización futura del presupuesto y la diferencia entre quienes abonarán el 30% y quienes deben afrontar otros esquemas mantienen abierta una discusión que excede la pavimentación.
La audiencia pública y la segunda lectura deberán servir no solo para completar el procedimiento formal. También serán la oportunidad para precisar plazos, estudios técnicos, costos actualizados y criterios de selección, y para explicar por qué algunos barrios acceden a un aporte municipal mayoritario mientras otros vecinos continúan esperando o deben financiar obras por vías diferentes.
La discusión en el recinto
