La crisis hídrica de comienzos de enero no fue solo un episodio crítico en plena temporada turística. En el sur de Punilla dejó al descubierto un problema de fondo: la concentración de la gestión de servicios esenciales en un solo municipio, Villa Carlos Paz, y la ausencia de reglas claras para un sistema que abastece a toda la región.
Al cierre de esta edición (lunes 23), el intendente Esteban Avilés no había respondido aún a la invitación formal que le cursó el Ente Regional Punilla Sur para sentarse en una mesa de diálogo sobre agua, cloacas y residuos. Tampoco hubo nuevas reuniones del Ente. Las comunas y municipios, en cambio, sí recibieron una nota oficial de la Municipalidad de Villa Carlos Paz con las explicaciones técnicas sobre el colapso de la planta potabilizadora de Cuesta Blanca, el episodio que dejó sin agua a miles de vecinos en pleno verano.
De la creciente de enero al conflicto regional
El punto de quiebre se produjo en la primera semana de enero de 2026, cuando una fuerte creciente del río San Antonio, de alrededor de cinco metros, tapó los conductos de captación de la planta potabilizadora de Cuesta Blanca, operada por Villa Carlos Paz. La avería dejó sin servicio de agua tanto a la ciudad cabecera como a las comunas del sur en uno de los fines de semana de mayor afluencia de visitantes, con impacto directo en la actividad turística y en la convivencia institucional entre las jurisdicciones.
Con la bajante del río y la colaboración del DUAR y del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, los equipos técnicos municipales determinaron que la principal causa del colapso fue el arrastre y desplazamiento de una compuerta en el sistema de captación, que permitió el ingreso masivo de sedimentos y obstruyó la toma de agua. Según informó el Municipio, esa pieza fue reemplazada por una cobertura de materiales de mayor resistencia y espesor, con el objetivo de reforzar la estructura ante futuras crecidas, y el uso de reservorios urbanos permitió atenuar el impacto hasta restablecer el servicio.
La explicación técnica fue acompañada por un mensaje político. A través de sus redes sociales, Avilés aprovechó el episodio para responsabilizar al “kirchnerismo local y regional”, al que acusó de haber “destruido los servicios públicos” durante la etapa en que la Cooperativa Integral administraba los servicios regionales, y cuestionó que sectores vinculados a ese espacio tengan hoy representación en el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep). El dardo apunta, sin nombrarla, a la vicepresidenta del organismo y excandidata a intendenta, Mariana Caserio. Al mismo tiempo, reivindicó la gestión actual y sostuvo que Villa Carlos Paz “es la ciudad que más invierte en infraestructura de agua y cloacas”, con un “fuerte compromiso regional y social”.
Un solo operador para servicios que atraviesan todo el corredor
La crisis se da sobre un esquema que cambió de raíz en 2021, cuando un fallo del Tribunal Superior de Justicia respaldó la potestad del municipio de Villa Carlos Paz sobre el servicio de agua potable. A partir de esa sentencia, la ciudad tomó el control de la planta que durante 57 años había administrado la Cooperativa Integral y pasó a vender agua en bloque a las localidades vecinas de la cuenca del San Antonio.
La concentración también se extiende a otros servicios. Hoy, la Municipalidad de Villa Carlos Paz gestiona en forma exclusiva la planta potabilizadora de Cuesta Blanca, que abastece con agua potable a la ciudad y a las comunas del sur; el sistema de cloacas, con una red y una planta de tratamiento que también reciben efluentes de localidades vecinas; y el Centro Ambiental, donde se realiza el tratamiento de los residuos sólidos urbanos que envían los distintos municipios y comunas.
Desde el Ejecutivo local se insiste en que esa estructura se sostiene con fuertes inversiones municipales: nuevos reservorios como el del Distrito Oeste, obras de interconexión de acueductos que integran al Distrito Norte al sistema de Cuesta Blanca, y la incorporación de filtros de anillas en la Planta Potabilizadora Cooperativa San Roque para captar agua del arroyo Los Chorrillos, entre otras intervenciones.
El argumento del municipio frente al conflicto actual es que Villa Carlos Paz asume los costos completos de potabilización, operación y mantenimiento de la infraestructura, mientras que algunas comunas acumularían deudas por la compra de agua en bloque y por el uso del Centro Ambiental. Según señalan desde el entorno de Avilés, esos distritos cobran regularmente ambos servicios a sus contribuyentes, pero no estarían trasladando en la misma proporción los fondos al municipio cabecera, lo que generaría un desbalance en la ecuación económica del sistema regional.
La mirada del sur: reglas, mediciones y gobernanza
Del lado del Ente Regional Punilla Sur, la prioridad se ubica en otro punto: la falta de un marco regulatorio claro para servicios que atraviesan múltiples jurisdicciones. Las autoridades de San Antonio de Arredondo, Villa Río Icho Cruz, Mayu Sumaj, Tala Huasi y Cuesta Blanca recuerdan que gran parte de las obras estructurales fueron financiadas por la Provincia, pero señalan que la operación cotidiana del agua, las cloacas y los residuos quedó concentrada en Villa Carlos Paz sin que se definieran criterios homogéneos de prestación y control.
En ese esquema, el Ersep aparece en el centro de las demandas. Las administraciones del sur reclaman que el organismo defina reglas explícitas para el funcionamiento de sistemas regionales como el de Punilla, con estándares verificables de medición, facturación y calidad del servicio.
Uno de los puntos más sensibles es la tarifa del agua. Las comunas cuestionan que no se haya transparentado la estructura de costos ni el detalle del volumen efectivamente suministrado a cada localidad. En ese contexto, se instaló la sospecha de que el esquema vigente podría derivar en un subsidio cruzado, donde los usuarios de las localidades vecinas terminen financiando, en parte, el valor que pagan los vecinos de Villa Carlos Paz.
Algo similar ocurre con el Centro Ambiental. Referentes del sur sostienen que no existen mediciones objetivas, públicas y periódicas de la cantidad de residuos que ingresa desde cada jurisdicción, lo que complica la verificación de los montos que se reclaman por ese concepto.
El Ente Regional Punilla Sur ya había expresado sus reparos tras la crisis hídrica de enero, cuando hizo público un documento reclamando revisar el esquema de gestión del servicio de agua potable y pidió la intervención del Gobierno provincial para ordenar las reglas del juego.
La invitación a Avilés y el rol de la Provincia
El lunes 2 de febrero, tras una reunión del Ente Regional, los intendentes y presidentes comunales del corredor resolvieron formalizar una invitación al intendente de Villa Carlos Paz para abrir una mesa de diálogo sobre la gestión de los servicios de agua, cloacas y residuos sólidos urbanos. Participaron del encuentro los jefes de San Antonio de Arredondo, Ariel Moyano; Villa Río Icho Cruz, Paulo Tesio; Mayu Sumaj, Fabián Flores; Tala Huasi, Marcelo Mainardi; y Cuesta Blanca, Ana Gaitán.
La nota presentada al municipio cabecera plantea la necesidad de discutir, con información técnica, cómo se está gestionando el sistema regional y qué criterios se aplican para la prestación y la facturación. En paralelo, el Ente viene reclamando que el Gobierno de Córdoba se sume como mediador y soporte técnico, a través de los ministerios competentes y del Ersep.
Los puntos que se proponen para esa agenda incluyen definir parámetros comunes para la prestación de agua, cloacas y residuos en un esquema interjurisdiccional; establecer métodos de medición y auditoría confiables para el volumen de agua entregado y la cantidad de residuos ingresados al Centro Ambiental; revisar la estructura de costos y las tarifas que se aplican a las comunas; y actualizar o renegociar los convenios vigentes entre Villa Carlos Paz y cada localidad.
Las autoridades del sur sostienen que, sin reglas claras y sin una mesa estable de gobernanza regional, cualquier crisis —ya sea por cortes de agua, problemas en las cloacas, residuos o reclamos de pago— termina escalando rápidamente y deteriorando la convivencia institucional.
Por eso, remarcan que la invitación a Avilés no busca profundizar el conflicto, sino abrir un canal para bajar la tensión y acordar criterios técnicos y políticos compartidos sobre servicios que exceden la competencia de cada municipio tomado por separado.
Al cierre de esta edición, el intendente de Villa Carlos Paz no había respondido a la convocatoria. Tampoco se habían producido nuevas reuniones del Ente Regional.
Un modelo en discusión
Lo que empezó como una crisis hídrica puntual en plena temporada turística derivó en un debate más profundo sobre el modelo de gestión de los servicios regionales en el sur de Punilla. De un lado, un municipio que se presenta como principal inversor en infraestructura y que exige el cumplimiento estricto de convenios y pagos para sostener el sistema. Del otro, comunas y municipios que piden transparencia en los costos, mediciones confiables, control independiente y una distribución más equilibrada de decisiones y responsabilidades.
En el medio, miles de vecinos y turistas que dependen de que el agua llegue cuando abren la canilla, de que las cloacas funcionen sin colapsar y de que los residuos sean tratados de manera adecuada.
El desenlace de esta disputa, dirá si la región avanza hacia un esquema más participativo o si se profundiza un modelo donde los servicios esenciales quedan atados a decisiones unilaterales y a conflictos que se reactivan cada vez que una creciente, una intimación o un corte de suministro vuelve a poner en evidencia las grietas del sistema.
Nota correspondiente a la edición n° 620 del periódico La Jornada, del 25 de febrero de 2026.
