Las denuncias por presuntas irregularidades durante la gestión de la exintendenta de San Antonio de Arredondo siguen sin resolución judicial, a diez años de haber sido presentadas.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dio por cerrado el caso conocido como “la causa Vialidad” contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, volvió a poner en debate el rol de la Justicia: su velocidad, su independencia, y también su silencio en causas que —a fuerza de años— van quedando enterradas en los archivos.
Mientras en Buenos Aires se dictan sentencias con peso político y mediático, en los pueblos del interior los expedientes duermen. Tal es el caso de las denuncias penales presentadas en 2016 contra Patricia Cicerone, exintendenta de San Antonio de Arredondo. Casi una década después, aún no hay definiciones judiciales. ¿Qué está esperando la Justicia local?
Las acusaciones no fueron menores: contrataciones irregulares, pagos por vehículos que nunca llegaron, obras adjudicadas a empresas sin actividad real, fondos provinciales y nacionales cuyo destino sigue sin aclararse. Incluso se detectaron saldos informados al Ministerio de Educación que distaban mucho de lo que mostraban los balances municipales. Todo eso fue documentado, denunciado y elevado al fiscal Ricardo Mazzuchi. Sin embargo, desde entonces, el silencio ha sido casi total.
Días atrás, el actual intendente Ariel Moyano, en una entrevista televisiva, volvió a plantearlo con claridad: “Así como la Corte se pronunció en una causa de alto perfil, en San Antonio de Arredondo también estamos esperando hace diez años una respuesta judicial. No puede ser que las causas se eternicen y nadie rinda cuentas”.
Tiene razón. La democracia no se construye sólo con votos, sino también con instituciones que funcionen. Y una Justicia que no responde, que no investiga, que no define, se convierte en cómplice de la impunidad.
Lo que está en juego no es sólo el pasado. Es el presente de una comunidad que necesita confiar en que los fondos públicos se cuidan, en que quienes gobiernan deben rendir cuentas, y en que los delitos —cuando los hay— no prescriben por olvido o conveniencia.
La pregunta que flota es inevitable: ¿por qué no avanza la causa Cicerone? ¿Hay desinterés, hay presiones, o simplemente hay una Justicia demasiado lenta para ser justicia? ¿Cuántos años más tendrán que esperar los vecinos para saber qué ocurrió con los recursos públicos durante aquella gestión?
