Los denunciantes cuestionaron la decisión de la Sala Acusadora y acusaron al oficialismo de proteger privilegios y degradar la credibilidad institucional.
La decisión de la Sala Acusadora del Concejo de Representantes de cerrar el capítulo sin investigar al defensor del Pueblo, Víctor Curvino, desató una ola de críticas por parte de los dos ciudadanos que habían impulsado las denuncias: Marcelo Iriarte y Santiago Juliá.
Ambos, candidatos a la Defensoría en los comicios de junio, habían presentado de manera independiente pedidos de juicio político luego de la viralización de un video que muestra a Curvino conduciendo de noche por la Costanera con una copa en la mano, en la previa de las elecciones.
Este viernes, el oficialismo (Leonardo Villalobo, Sebastián Guruceta, Raquel Merlino y Marcela Bosch) votó en bloque contra la admisibilidad del proceso, mientras que la oposición (Pía Felpeto y Fernando Revello) se inclinó por abrir la investigación.
Para Iriarte, la resolución significa “frenar la rendición de cuentas” y envía un mensaje equivocado a la sociedad. “La conducta exhibida por Curvino en el video es inaceptable y contradictoria con el cargo que ocupa. Como defensor del Pueblo, se espera que actúe con integridad y ejemplaridad, y su comportamiento en este caso es un claro incumplimiento de esas expectativas”, expresó. Lamentó que no se considerara “la gravedad de la situación” y aseguró que seguirá reclamando “justicia y transparencia” en la ciudad.
Juliá, en cambio, apuntó con un tono más ácido. Calificó el episodio como “otro papelón institucional en Carlos Paz” y acusó a “los arrastrados de siempre” de cerrar el caso con un argumento “digno de sketch”: una foto con fecha agregada, presentada como prueba suficiente para descartar el juicio. “Mañana cualquiera podrá mostrar una foto vieja de un semáforo en verde y decir que no pasó en rojo”, ironizó.
El ex candidato también cuestionó la lógica del oficialismo, que justificó la decisión asegurando que el hecho ocurrió antes de que Curvino asumiera como funcionario. “¿Y cómo saben eso si no lo investigaron? ¿Se los dijo la copa? ¿Lo reveló el duende de la ética? ¿Tienen una bola de cristal?”, lanzó, antes de advertir que el “camino lógico” era aceptar la denuncia, dar derecho a defensa y analizar las pruebas.
Para Juliá, lo ocurrido “no fue defensa institucional, sino defensa de un feudo” que actúa “impune” y sin temor al juicio social. “Carlos Paz no tiene una Defensoría del Pueblo: tiene un club de privilegios sostenido por lacayos. Y cada vez que gana la impunidad, pierde un poco más la libertad de todos”, sentenció.
Ambos recordaron que fueron los únicos en formalizar las denuncias cuando el video se hizo público, pese a que cualquier ciudadano podía hacerlo. “Todos se indignan, pero pocos se arremangan”, resumió Juliá, mientras Iriarte insistió en que el Concejo perdió una oportunidad para “restablecer la credibilidad institucional”.
La lectura política que circula entre referentes opositores y vecinos críticos al oficialismo es clara: la “Sala Protectora” volvió a funcionar como un escudo, evitando que un hecho que generó un amplio repudio social sea analizado en profundidad. Así lo dejaron ver también los propios concejales opositores que integran la Sala Acusadora. Fernando Revello advirtió que “la ciudadanía merece claridad, no especulaciones”, y defendió la necesidad de habilitar la investigación para establecer con pruebas fehacientes la fecha del video. Pía Felpeto, por su parte, acusó al oficialismo de “atrincherarse para sostener privilegios” y alertó que la decisión “es un acto de encubrimiento político” que erosiona la credibilidad institucional.
