El primer decreto del año, firmado por el intendente Esteban Avilés y la secretaria Soledad Zacarías, generó fuertes críticas por un posible conflicto de intereses. El vocal del Tribunal de Cuentas Gustavo Molina cuestionó la legalidad y la ética del procedimiento.
Un decreto firmado por el intendente Esteban Avilés y la secretaria de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana, Soledad Zacarías, ha desatado un fuerte debate en Villa Carlos Paz. El documento, surgido de un convenio entre el Ejecutivo y el Sindicato de Empleados Municipales, otorgó recategorizaciones a varios agentes de planta permanente. Sin embargo, el hecho de que Zacarías se incluyera como beneficiaria del ascenso ha sido señalado como un evidente conflicto de intereses.
El vocal del Tribunal de Cuentas por la minoría, Gustavo Molina, expresó públicamente su rechazo al considerar que el decreto vulnera la Ordenanza N°5922, en particular los artículos 5 y 11, que regulan cuestiones de ética y transparencia en la gestión pública. “En este instrumento legal, la secretaria actúa como juez y parte. Es escandaloso que alguien en su posición, con experiencia como concejal y presidenta del cuerpo legislativo, desconozca la ordenanza de ética pública”, afirmó Molina en declaraciones a VillaNos Radio.
Molina también detalló que Zacarías, empleada de planta permanente desde el año 2000, ha ocupado cargos políticos y jerárquicos en los últimos nueve años (fue concejala desde agosto de 2015 a julio de 2023; y desde esa fecha reviste como integrante del gabinete municipal), dejando de lado sus funciones originales. “Ella misma firmó una resolución que la beneficia directamente. Esto no solo es contrario a la Ley de Ética Pública, sino que también compromete la transparencia y la confianza en la gestión pública”, agregó.
El vocal explicó que la situación podría haberse evitado fácilmente excluyendo del alcance de la norma a los funcionarios de máxima jerarquía, como suele hacerse en estos casos. Sin embargo, denunció que en Villa Carlos Paz “los funcionarios se aumentan la categoría entre ellos” sin controles adecuados. “Es vergonzoso y no tiene explicación. Nadie se detiene a decir: ‘No puedo firmar esto porque estoy en la nómina’. Al menos podrían haber delegado esa responsabilidad en otra persona”, señaló.
Además, Molina cuestionó la falta de claridad sobre los criterios utilizados para las recategorizaciones y mencionó el impacto presupuestario que esto genera: “No sabemos si hubo capacitaciones o si se evaluaron antecedentes. Todo parece enmarcarse en un beneficio general que favorece al Ejecutivo, pero sin explicaciones concretas”.
Finalmente, Molina criticó los elevados gastos en comunicación oficial, asegurando que se destinan siete millones de pesos a redes sociales como Instagram y Facebook. “Todo eso lo pagamos nosotros, y las explicaciones siempre brillan por su ausencia. Hay cosas que hay que decir, y si están mal, hay que decirlas. No es cuestión de que siempre se hagan las buenitas. Si creen que estoy equivocado, que lo expliquen, pero hasta ahora es difícil de justificar lo que está ocurriendo”, concluyó.
El caso ha reavivado el debate sobre la transparencia y los controles en la administración pública de Villa Carlos Paz, y genera expectativas sobre las respuestas que puedan ofrecer el Ejecutivo y los organismos de control.
[…] Redacción: La Jornada Web […]