El Pantanillo no se toca… ¿o sí?

Por Alejandro Gómez

---

El decreto 058/DE/2025, fechado el 31 de enero, promulgó de hecho la ordenanza que establece la cuarta etapa del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de Villa Carlos Paz. La polémica normativa había sido aprobada por mayoría durante la tensa sesión del Concejo de Representantes desarrollada el pasado 16 de enero.

El ordenamiento redefine el uso del suelo en la zona oeste de la ciudad y estableciendo nuevas regulaciones sobre las dimensiones mínimas de los lotes, las alturas de las construcciones, la creación de estacionamientos y las modificaciones en las áreas protegidas del sector. Además, afecta a los terrenos anexados al ejido municipal en 2018, que ahora estarán bajo un nuevo régimen. Organizaciones ambientalistas, vecinos y representantes de colegios profesionales como el de Arquitectos y el CEPIA alertaron tanto dentro del CPUA (Consejo de Planificación Urbano Ambiental) como en la audiencia pública de rigor sobre el impacto que tendrían estas nuevas urbanizaciones en el arroyo El Sauce y el humedal El Pantanillo.

Las advertencias no fueron escuchadas y el oficialismo, con el acompañamiento de la mayoría de la oposición, avanzó con la sanción de la ordenanza y su promulgación. El argumento principal giró en torno a la necesidad de “normalizar el territorio y garantizar su inclusión en el sistema de prestación de servicios municipales”.

Sin embargo, una resolución de la secretaría de Ambiente de la provincia reconociendo que el humedal El Pantanillo es categoría de conservación II (amarillo), y por lo tanto no se permite el cambio de uso de suelo, pone un manto de duda sobre la viabilidad del proyecto de urbanización en el sector que involucra a la empresa Quattro Pilares.

Explicaciones y críticas

Desde la aprobación de la ordenanza, el tema tomó estado público y la polémica escaló. Vecinos autoconvocados y organizaciones ambientalistas se movilizaron y comenzaron a reunirse en defensa de El Pantanillo. Durante estas reuniones (la última se realizó a principios de mes en la plaza de barrio Colinas), se debatió sobre las consecuencias ambientales que podría generar la aplicación de la ordenanza, destacando la alteración del equilibrio hídrico, la desaparición de especies y la disminución de la calidad de vida en la región. 

En el plano político, y más allá de las críticas hacia la política ambiental que llevan adelante los sucesivos gobiernos de Carlos Paz Unido desde 2011 en adelante (siempre bajo el liderazgo de Esteban Avilés), el proyecto representó el último golpe para la fractura del espacio Juntos por Carlos Paz (los concejales Noe García Roñoni y Fernando Revello votaron a favor; Daniel Ribetti y Pía Felpeto en contra).

“No estoy dispuesto a avalar algo que considero inadmisible. Esto no solo pone en juego nuestra identidad partidaria, sino también mi prestigio y mi palabra”, había dicho Ribetti.

“Estoy convencido de haber hecho mucho más por el ambientalismo votando a favor de ese proyecto que votando en contra”, justificó Revello.

En una entrevista con VillaNos Radio, el edil planteó que, como integrante de las minorías, “no tengo el poder para decidir esto se hace o no se hace. Ante la inminencia de que algo se haga, lo que trato es de dialogar para tener el mejor impacto, y lo hago con total convicción.

Bajar el impacto al medio ambiente me pareció importantísimo, y eso fue fruto del diálogo entre algunos concejales de las minorías, parte del gobierno y la empresa privada”.

“Es muy fácil a veces esconderse detrás del voto negativo. Nadie me hubiese cuestionado absolutamente nada, pero pensé que había que buscar una solución.

Y lo hice por eso, con total y absoluta responsabilidad. Me hago totalmente responsable de la situación”, dijo Revello. Y enfatizó que, “a mí me trajeron desde el vecinalismo y yo escucho la voz de los vecinos. Yo fui a hablar con los vecinos de Las 400 Viviendas y querían esto. Voy a legislar para ellos”.

Su líder político, Emilio Iosa, también fue golpeado por el escándalo, sobre todo porque el eje de su narrativa ha sido siempre la cuestión ambiental. Tras un largo silencio, difundió un comunicado donde se diferenció del “ambientalismo dogmático que, lejos de ofrecer soluciones reales, se ha convertido en una suerte de militancia ambigua, que disfruta de todos los beneficios del progreso pero que ideológicamente se niega a discutir sin tapujos las consecuencias de abandonar o profundizar este modelo de progreso”.

“El ambientalismo que me parece inteligente y democrático, es aquel que dialoga, escucha y recibe sugerencias. El problema radica en que el enfoque dogmático, no sólo desacredita al movimiento ambientalista en su conjunto (que cuenta con colectivos y exponentes individuales que han logrado enormes progresos) sino que también abre la puerta a liderazgos que se alimentan del rechazo visceral, sin aportar alternativas viables. ¿Cuántas veces hemos visto a líderes autoproclamados guardianes de la naturaleza cuya única propuesta es ‘que no se haga nada’?”, se preguntó.

“Las consecuencias del cambio climático no se resuelven desde trincheras ideológicas, sino desde puentes que unan sectores, intereses y disciplinas.

La verdadera sostenibilidad requiere compromisos incómodos, debates abiertos y un liderazgo que valore la ciencia y la acción por encima del discurso vacío. Es momento de salir del pantano del dogmatismo y avanzar hacia un ambientalismo regenerativo, colaborativo y efectivo. Un ambientalismo en constante diálogo con el sector público y privado. En constante diálogo con el poder real”, definió el médico sanitarista.

Desde la ONG Educación, Ambiente y Trabajo, Juan Carlos Paesani no tuvo reparos en fustigar la “política ambiental hipócrita del gobierno de Esteban Avilés”.

Advirtió que la decisión de avanzar con la cuarta etapa del Plan de desarrollo Urbano Ambiental contradice estudios técnicos y normativas vigentes y reclamó que los funcionarios que avalaron el proyecto “asuman las consecuencias de sus actos”.

Asimismo, y recordando que cada 2 de febrero se conmemora el Día Mundial de los Humedales, Paesani explicó que estos ecosistemas son vitales para regular el agua y albergar biodiversidad. “El Pantanillo es el humedal emblemático de la ciudad, pero no debemos olvidar los arroyos Las Catitas, Huahuas Mayun y Cuenca 28”, destacó.

La intervención de Adarsa

A través de un comunicado, la Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA) confirmó que la Secretaría de Ambiente del gobierno de la provincia reconoció que el humedal El Pantanillo es categoría de conservación II (amarillo), y por lo tanto no se permite el cambio de uso de suelo.

“Desde ADARSA ONG y otras instituciones denunciamos que la Ley de Bosques prohibía urbanizar El Pantanillo, sin embargo, el gobierno de Villa Carlos Paz decidió avanzar hasta promulgar la ordenanza. Ahora, con la respuesta oficial, queda en evidencia que quienes promovieron el proyecto serían pasibles de ser investigados por el probable delito de abuso de autoridad (amén de mostrar un profundo desconocimiento de las leyes ambientales y el desprecio por quienes las protegen)”, destacaron desde la entidad.

Marcela Fernández, abogada de ADARSA, detalló a VillaNos Radio que el 3 de noviembre de 2024 presentaron un pedido de información pública, sabiendo que se venía el debate sobre la llamada “cuarta etapa del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental”. Al no ser respondido en tiempo y forma, desde la ONG presentaron un pedido de pronto despacho el 30 de noviembre. Finalmente, la notificación llegó recién el 17 de febrero, aunque con fecha del 14 de noviembre.

“Qué casualidad que la respuesta llegue ahora y no antes del debate en el CPUA o de la audiencia pública. De todos modos, si vemos los mapas y la legislación de bosques, sabemos que esa área está categorizada entre zona roja y amarilla y por lo tanto no se puede urbanizar”, insistió Fernández. 

La abogada también cuestionó el proceso legislativo que llevó a la aprobación de la ordenanza, afirmando que, “el debate en el Concejo de Representantes fue vergonzoso, con chicanas políticas en lugar de una discusión de fondo sobre la protección del Pantanillo”.

“El único camino posible es la derogación de la ordenanza, ya que contradice abiertamente la legislación vigente”, remarcó.

Además, la Secretaría de Ambiente confirmó en su resolución que es el órgano de aplicación de la Ley de Bosques y que, por su categoría de conservación, el predio no debe ser afectado por cambios de uso del suelo. También reveló que existe un expediente en trámite en Policía Ambiental por infracción, lo que refuerza la ilegalidad de cualquier intervención en el humedal.

En este contexto, Fernández alertó sobre las implicaciones legales para los funcionarios que aprobaron la ordenanza. “Cuando un funcionario incumple la ley, puede ser investigado por abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esto ya ocurrió con el exsecretario de Ambiente, y podría suceder nuevamente en el municipio”, planteó.

La referencia es a la causa contra el exsecretario de Ambiente de la Provincia de Córdoba, Raúl Costa, quien fue condenado a tres años de prisión por el delito de abuso de autoridad. Fue acusado de autorizar a Epec para que instalara una estación eléctrica y a la empresa GAMA para que construyera un emprendimiento inmobiliario en “zonas rojas” de protección de flora y fauna, establecida por la Ley de Bosques, dentro del ejido de San Antonio de Arredondo.

Por otro lado, Fernández señaló la posible presión de sectores económicos e inmobiliarios detrás del intento de urbanización. “Algunos creyeron que la ampliación del ejido era solo un negocio, sin importar la conservación del humedal, que es fundamental para el futuro del agua y el ecosistema”, afirmó.

Conocida la resolución de la secretaría de Ambiente de la provincia, habrá que esperar ahora cuál es la decisión que se toma desde la gestión conducida por el intendente Esteban Avilés. Y parece haber solo dos caminos: volver sobre sus pasos y derogar la ordenanza, asumiendo el costo político; o hacer de cuenta que no ha pasado nada y seguir adelante, exponiéndose a presentaciones y denuncias judiciales que ya cuentan con antecedentes a nivel provincial.

Nota correspondiente a la edición n° 608 del periódico La Jornada, del 26 de febrero de 2025.