Con fecha 22 de noviembre, Lucila Reñicoli ingresó una nota dirigida a la presidenta del Concejo de Representantes, Alejandra Roldán, pidiendo hacer uso de la Banca del Ciudadano.
La idea es presentar un proyecto de ordenanza que tiene por objetivo principal ‘frenar la violencia institucional’ en el marco del municipio de Villa Carlos Paz.
La nota fue presentada con el aval de 120 firmas de vecinos.
Según anticipó la mujer, exempleada municipal, en la Banca del Ciudadano espera exponer su proyecto y la compleja situación que la llevó a realizar una denuncia por violencia de género en contra de tres funcionarios municipales.
En este sentido vale precisar que la presentación judicial se tramita en la Oficina Única de Violencia Familiar y Género de Villa Carlos Paz e involucra a Carlos Ceballos, Roberto Buzzurro y Roberto Giménez.
En este marco la justicia dictaminó una restricción de acercamiento y ordenó cesar actos de intimidación a los tres denunciados, que se siguen desempeñando en la órbita municipal. En principio la medida era por 30 días, pero el plazo se extendió a tres meses.
Cabe recordar que la mujer, tras ser despedida a fines de julio pasado, realizó una serie de denuncias públicas, primero, y en la justicia, después, respecto a situaciones de hostigamiento y violencia laboral que padeció siendo empleada municipal.
Lucila trabajaba como contratada en el área de Vía Pública y Seguridad Urbana y, según relató, durante un largo tiempo tuvo que soportar ‘insinuaciones con connotaciones impropias de funcionarios públicos’. E incluso, antes que la desvincularan, fue enviada ‘como castigo’ al Cementerio, a pesar del expreso pedido para no ir, ya que allí tiene un hijo sepultado.
La angustia por la situación la llevó a atentar contra su vida.
El proyecto de ordenanza que impulsa busca generar una comisión que estudie los casos de violencia laboral, profundizando sobre las situaciones denunciadas. En ese marco, ‘tanto el municipio como el trabajador podrán contar con una representación que garantice sus intereses’.
‘Hoy las decisiones son arbitrarias y basta con cuestionar, disentir o no prestarse para hacer campaña para que dejen a los trabajadores en la calle sin más razón que el capricho infantil’, advirtió.
‘Yo fui víctima de violencia de género y maltrato por parte de tres funcionarios actuales. Mi caso está siendo investigado por la justicia y ya hay una medida cautelar de restricción.
Como mi caso hay muchos, pero hay mucho miedo a hablar debido a las represalias. Espero que este sea el comienzo de un cambio muy necesario’, se ilusionó.
En el caso de que se le otorgue la Banca del Ciudadano, Reñicoli solicitó a Roldán que ‘arbitre las medidas necesarias para el cumplimiento de la cautelar de restricción de acercamiento y comunicación’, teniendo en cuenta que uno de los denunciados (Giménez), es el actual prosecretario legislativo.
En relación a la causa judicial, la abogada querellante Daniela Pavón contó que el pasado miércoles se desarrolló la primera audiencia ‘donde la víctima pudo ser escuchada y ratificar todos sus dichos’.
Estuvo presente el juez de Control, Menores y Faltas, Daniel Strasorier.
Los denunciados, en tanto, presentaron un escrito negando todos los hechos.
De todos modos, fueron citados para otra audiencia a desarrollarse el 14 de diciembre próximo.
‘A partir de esa instancia, se va a producir la prueba dentro de este proceso. Lo que esperamos de esto es que sea escuchada la víctima, y que se pueda determinar que estas prácticas violentas y tan hostiles son más comunes de lo que parecen’, expresó Pavón en una entrevista con Bambacoop. Y agregó: ‘Sabemos que Lucila no ha sido la única víctima, que hay muchas, muchas personas más que han sufrido violencia, que han padecido acoso y que, por diversos motivos no hicieron la denuncia en sede judicial. En el caso de Lucila sucede a su favor, principalmente, que se ha animado a denunciar, sobre todo estas prácticas que tienen que ver con hacer que una persona llegue a su extremo. El hostigamiento y maltrato ha sido continuo a punto tal de sufrir profundas consecuencias en su salud’.
‘Lo que esperamos es que se tomen todas las medidas del caso; que la víctima sea escuchada y protegida, y que los violentos sean condenados por sus acciones, remarcó.
En el Concejo
El tema ya tuvo una primera discusión en el ámbito legislativo.
En la sesión del pasado 9 de noviembre, el concejal Daniel Ribetti (Juntos por Carlos Paz) presentó un pedido de interpelación al responsable del área de Recursos Humanos ‘para que nos explique de qué manera están abordando las denuncias contra los funcionarios’.
La convocatoria planteaba indagar sobre procesos internos para determinar la responsabilidad de los funcionarios denunciados; evaluar el cumplimiento de los denunciados con la Ley Nacional 27.499 (ley Micaela); e investigar las medidas tomadas en relación a los denunciados.
También se abordaba el estado de la solicitud de restitución del puesto de trabajo de la exagente municipal.
‘Esta situación, de gran relevancia, involucra a una madre, único sostén de familia con dos hijos y su madre discapacitada’, enfatizó Ribetti.
El edil sostuvo, en este sentido, que desde el bloque de JxCP ‘estamos comprometidos con la transparencia y el bienestar de nuestra comunidad. Seguimos trabajando por un municipio que responde a las necesidades de todos sus habitantes y de sus trabajadoras en particular’.
Sin embargo, ‘como es costumbre, se desarrolló una estrategia de encubrimiento por orden de Avilés y el proyecto no prosperó’.
[…] Fuente: La Jornada Web […]