El proyecto busca limitar la función de la entidad a preservar el valor de la moneda, impedir que financie al Tesoro y reforzar la estabilidad de sus autoridades. La iniciativa deberá ser tratada por el Congreso.
El presidente Javier Milei presentó una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina que busca prohibir el financiamiento monetario del Tesoro, reducir los objetivos de la entidad y reforzar su independencia frente al poder político.
La iniciativa deberá ser aprobada por el Congreso antes de entrar en vigencia. El Gobierno la considera una de las principales reformas económicas de su gestión y sostiene que permitirá evitar que futuras administraciones recurran a la emisión para cubrir el déficit fiscal.
Durante el mensaje difundido este jueves, Milei calificó al esquema actual como una herramienta utilizada históricamente para financiar el gasto público y responsabilizó a ese mecanismo por los procesos inflacionarios atravesados por el país.
Un único objetivo para el Banco Central
Uno de los principales cambios estará concentrado en el artículo 3 de la Carta Orgánica, que establece la finalidad de la autoridad monetaria.
Desde la reforma aprobada en 2012, el Banco Central tiene entre sus objetivos promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, dentro del marco de las políticas fijadas por el Gobierno nacional.
El proyecto anunciado por Milei propone eliminar esa multiplicidad de funciones y establecer un mandato único: preservar el valor de la moneda.
El Ejecutivo sostiene que concentrar la misión del organismo permitirá evaluar con mayor claridad sus decisiones y reducir la posibilidad de que la política monetaria sea utilizada para financiar objetivos del Gobierno de turno.
Prohibición de financiar al Tesoro
El eje central de la reforma es impedir que el Banco Central financie directa o indirectamente al Estado nacional.
La prohibición alcanzaría a los adelantos transitorios, un mecanismo mediante el cual la autoridad monetaria puede asistir al Tesoro dentro de determinados límites vinculados con la base monetaria y la recaudación nacional.
También quedarían vedadas otras operaciones utilizadas para obtener recursos del Banco Central, entre ellas la entrega de títulos públicos a cambio de reservas.
El Gobierno plantea que la entidad no pueda cubrir déficits fiscales mediante emisión monetaria ni utilizar sus activos para facilitar el financiamiento de la administración nacional.
La restricción también alcanzaría a mecanismos indirectos, con el objetivo de evitar que la prohibición sea eludida mediante operaciones contables o financieras diferentes de los adelantos tradicionales.
Letras intransferibles y reservas
Otro de los puntos anunciados es la eliminación del mecanismo de las Letras Intransferibles del Tesoro.
Esos títulos fueron utilizados por distintos gobiernos para obtener reservas del Banco Central destinadas, principalmente, al pago de deuda pública. A cambio de los dólares, el Tesoro entregaba a la entidad instrumentos que no podían negociarse libremente en el mercado.
El Ejecutivo sostiene que esa práctica deterioró la composición patrimonial del Banco Central y lo convirtió nuevamente en una fuente de financiamiento estatal.
La reforma pretende impedir nuevas operaciones de ese tipo y establecer limitaciones para que las reservas no puedan ser reemplazadas por títulos sin liquidez.
Restricciones sobre las utilidades
La propuesta también busca limitar la transferencia al Tesoro de las ganancias contables del Banco Central.
Parte de esas utilidades puede originarse por la revaluación en pesos de activos denominados en dólares. Cuando aumenta el tipo de cambio, esos bienes registran una ganancia nominal dentro del balance, aunque no necesariamente exista un ingreso efectivo de recursos.
El proyecto establece que esos resultados deberán incorporarse a una reserva técnica y no podrán distribuirse libremente al Gobierno.
Milei indicó que existirían excepciones ante determinados escenarios de deflación, aunque el alcance concreto de esa cláusula dependerá del texto que finalmente trate el Congreso.
Mayor protección para las autoridades
Otro capítulo de la reforma apunta a modificar las reglas de funcionamiento del directorio.
Actualmente, el presidente, el vicepresidente y los directores del Banco Central son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y permanecen durante seis años en sus cargos. La legislación también contempla mecanismos para su remoción.
El Gobierno pretende elevar las exigencias necesarias para desplazar a las autoridades y otorgarles mayor estabilidad frente a los cambios de administración.
La intención declarada es que el presidente y el directorio puedan ejercer sus funciones con mayor independencia y sin quedar sujetos a las decisiones inmediatas del Poder Ejecutivo.
Los detalles del nuevo procedimiento de remoción deberán quedar establecidos durante el tratamiento legislativo.
Las sanciones penales irán por otra vía
Milei también anunció que buscará imponer consecuencias penales a los funcionarios que habiliten el financiamiento monetario del déficit.
Según explicó anteriormente el Gobierno, esas sanciones no formarían parte de la Carta Orgánica del Banco Central, sino de una reforma separada del Código Penal.
El Presidente sostuvo que la emisión destinada a financiar al Tesoro debería ser considerada una estafa y mencionó la figura de asociación ilícita. Sin embargo, la definición de los delitos, las responsabilidades y las penas requerirá un proyecto específico y el correspondiente debate parlamentario.
Por ese motivo, la presentación realizada por Milei no implica que esas conductas ya hayan quedado tipificadas como delitos.
El “grillete fiscal”, un proyecto diferente
Dentro del mismo anuncio, el Presidente anticipó una iniciativa denominada “grillete fiscal”, destinada a establecer consecuencias automáticas cuando las cuentas públicas permanezcan en déficit.
El mecanismo prevé restricciones sobre gastos, contrataciones y actividades estatales no esenciales si el Congreso no restablece el equilibrio presupuestario dentro de un plazo determinado.
Las jubilaciones, pensiones, asignaciones y los servicios esenciales de salud y seguridad quedarían exceptuados de esas limitaciones, según la explicación presidencial.
Aunque ambas propuestas forman parte del paquete económico del Gobierno, la reforma del Banco Central y el “grillete fiscal” son iniciativas diferentes y deberán atravesar sus propios procesos legislativos.
El debate en el Congreso
La reforma de la Carta Orgánica no puede entrar en vigencia mediante una decisión administrativa del Banco Central ni por un anuncio presidencial.
Para modificar la Ley 24.144, el oficialismo deberá conseguir la aprobación de ambas cámaras del Congreso.
El Gobierno comenzó a presentar el proyecto ante sus legisladores y buscará sumar el respaldo de bloques aliados. El debate incluirá la prohibición del financiamiento monetario, el nuevo mandato del organismo, la administración de las reservas y la autonomía de sus autoridades.
