En la sonrisa que puso el intendente Esteban Avilés al firmar el decreto a través del cual decidió quitarle a la Cooperativa Integral la concesión del servicio de agua quedó todo claro. Era eso. Un deseo. Suyo y de su núcleo interno. Nadie más.
Acorralado ante la falta de consensos -y sin ánimo de construirlos tampoco, porque no olvidemos que sólo transcurrió un mes desde que Avilés anunció en su discurso de apertura de sesiones legislativas su intención de municipalizar el servicio de agua- el intendente firmó el decreto.
Un escueto documento de seis artículos que nada dice sobre de qué manera piensa el municipio comenzar a prestar el servicio, qué sucederá con los más de 200 trabajadores y trabajadoras cuyos ingresos dependen de su labor en la Cooperativa, cuanto le costará a la municipalidad la decisión que está tomando Avilés, qué sucederá con las Comunas del Sur a la que la Cooperativa Integral presta el servicio de agua, quien operará la planta potabilizadora de Cuesta Blanca… y tantas preguntas que se amontonan y que siguen sin ser explicadas por absolutamente nadie.
Aun así, Avilés siguió adelante.
En ediciones anteriores decíamos que el proceder del intendente era “salvaje”, sin respeto por las normas, sin ánimos de dialogar con nadie, sin intentos de construir consensos. Definitivamente, nos quedamos cortos.
Resolver a decretazo la municipalización del servicio de agua es la mayor muestra de debilidad que ha tenido en sus cinco años al frente del gobierno municipal. Distintos actores sociales, políticos, gremiales, clericales pidieron que se abran instancias de diálogo. Hasta hubo quienes se ofrecieron como mediadores en el conflicto. Nada eso sirvió.
Decidido a ir por la Coopi, Avilés se cortó solo.
Al comunicar la decisión ante la prensa, se lo vio nervioso. Sacado. Estaba acompañado por los secretarios de su gabinete y funcionarios de segundas y terceras líneas. No había ni un concejal. Ni siquiera los más leales, los que en todo momento justificaron (y justifican) su proceder autoritario.
“Nuestro gobierno se basa en el orden y en la legalidad; en la legitimidad y en la seguridadjurídica; en la transparencia, en la honestidad; en la pluralidad y en la tolerancia; en el respeto ala división de poderes. Respetamos totalmente la autonomía del Concejo, del Tribunal de Cuentas”, comenzó señalando Avilés como si el solo decir alcanzara para que esas expresiones tengan real carnadura en sus actos.
Recordó que desde el año 2012, la Cooperativa Integral se encuentra sin contrato. Y repitió las críticas señalas en su discurso del 1 de agosto, haciendo hincapié en las intervenciones en la vía pública sin autorización y la inclusión del rubro capitalización en la factura. “Se ha profundizado la falta de respeto, la ilegalidad y la ilegitimidad con la que se maneja la Cooperativa Integral”, acusó.
Recordó que envió un proyecto de ordenanza al Concejo de Representantes y que no prosperó por no conseguir la mayoría necesaria, la misma suerte que corrió el intento de convocar a un referéndum en el corto plazo. En este punto, fue muy crítico con los ediles, de quienes dijo que “frenaron la participación popular, y han dejado de lado al vecino”.
“Esto nos lleva a seguir asumiendo roles protagónicos. Fuimos fuertemente legitimados por la sociedad de Carlos Paz y esa legitimidad no nos lleva a estar cómodos en el uso del poder. No nos lleva a mirar para el costado como históricamente ha pasado con gobiernos anteriores al nuestro. Entendemos que el vecino quiere que el gobierno le solucione sus problemas históricos. Y más cuando hay mucha plata de por medio”, dijo Avilés.
Y volvió a apuntar contra los concejales: “Algunos han sido cómplices y otros han cambiado posiciones”. En clara alusión a los ediles del Frente Cívico, sostuvo que la preocupación por los trabajadores y la paz social “es un verso”.
“Es una intimidación, una amenaza a los ciudadanos y sus bienes”, aseguró.
Visiblemente alterado, Avilés afirmó que, “la mayoría de los concejales no asumió su responsabilidad”, y habló de “las excusas del poder político”.
“Ante esta posición de los concejales, que no asumen una posición clara con el vecino en no dejar que participen, porque al querer trasladarlos al año que viene, se distorsiona el concepto que tiene un referéndum. El referéndum es para que opine urgentemente el pueblo ante una situación manifiesta e irregular.
“Yo le digo a estos concejales que tienen la idea de tirar el referéndum para adelante ¿quién cubre esto que ya el ERSEP y la justicia se va a expedir?”, en alusión de nuevo a la capitalización.
“Hay muchos que hace años atrás reclamaban sobre esta fuerte irregularidad. Son los mismos que ahora hablan de los empleados de la Cooperativa y del problema de la paz social. Eso es un verso, muchachos. Vamos a decir las cosas como son”, dijo ofuscado.
En ese contexto, y merced al trabajo “que venimos haciendo con Asesoría Letrada”, firmó -sonriendo- un decreto notificando a la Cooperativa Integral que se da por extinguida la relación contractual de precariedad.
Y precisó que la Coopi “debe devolver los bienes el 14 de octubre” para que el municipio se haga cargo del servicio de agua de manera provisoria, hasta tanto se formalice la recepción definitiva de la prestación.
Tras la firma, el intendente se retiró rápidamente de la sala sin responder las preguntas de la prensa. El asesor letrado y secretario de gobierno, Juan Villa, fue quien asumió esa tarea. Negó que la decisión haya tenido un trámite urgente. “Llevamos cuatro años de precariedad desde el punto de vista legal”, dijo el funcionario.
Detalló que el marco regulatorio de la prestación del servicio establece una recepción provisoria y una definitiva. Villa dijo que la recepción provisoria se haría el 14 de octubre y la recepción definitiva, el 1 de noviembre. “Desde esa fecha, la prestadora exclusiva del servicio será la municipalidad”, aseguró.
Y añadió: “La idea inicial de la conformación de una subsecretaría, continúa. Se hará por vía de decreto para dar una contención desde el punto de vista administrativo”.
La respuesta de la Coopi
La reacción del cuerpo social de la Cooperativa Integral fue inmediata. Pasado el mediodía día del mismo jueves se llevó adelante una asamblea en la que se resolvió una movilización espontanea al edificio municipal.
Por la tarde, en la sesión del Concejo de Representantes hubo una masiva convocatoria. Minutos antes de que comience la sesión, las autoridades de la Cooperativa Integral se dirigieron a los concejales. “Estamos acá para manifestar públicamente el rechazo a una medida que consideramos totalmente arbitraria, autoritaria e irresponsable que ha tomado el intendente mediante un decreto”, dijo la presidenta de la institución, Alicia Clericó.
En esa línea, expresó que el intendente tampoco “tuvo en cuenta el trabajo serio que venía trayendo este Cuerpo, abriendo instancias de diálogo”.
“Creemos que es también un atropello hacia una institución, con un trabajo de 53 años”, señaló Clérico y remarcó que un anuncio de estas características “debería preocupar a todos”. “Estamos a dos meses de enfrentar una temporada. Nuestro rechazo a esta medida es absoluto”, reiteró.
Advirtió además que la resolución tomada por Avilés está en contra de lo establecido en la Carta Orgánica. “La toma de los servicios por parte del Ejecutivo debe pasar antes por este Cuerpo Legislativo. Debe ser analizada, con su proceso de primera y segunda lectura, con audiencia pública. Y esas instancias no ocurrieron”, subrayó.
Quien también hizo uso de la palabra fue el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Coopi, José Ipolito, que les habló directamente a los concejales tratándolos de “compañeros”. “Los trato de esta manera porque es la forma en que los trabajadores de la Cooperativa siempre nos hemos tratado”.
Dijo sentir mucha impotencia y más por los últimos hechos. En esa línea, cuestionó el vallado policial puesto en el ingreso al recinto legislativo y que impidió el ingreso de todas las personas que salieron a manifestarse en solidaridad con la Coopi.
“La situación que estamos atravesando hoy es absolutamente injusta”, dijo.
Seguidamente relató una conversación que tuvo con sus compañeros del área técnica. “Ya nos pusimos a pesar de qué manera íbamos a pasar la temporada. Porque no sé si saben que tenemos una infraestructura que presta el servicio a 80 mil habitantes estables. Pero también le damos agua a más de 2 millones de personas que pasan aquí durante los meses de diciembre, enero y febrero.
“No sé de qué otra forma hay que mostrar que la capacidad puesta de manifiesto por la Cooperativa y por sus trabajadores es una solución que va en busca de los problemas que tiene el servicio de agua. Solicitamos que recapaciten, compañeros. Por favor se lo estamos pidiendo”, dijo.
Y remarcó: “Detengan a este señor. Detenganlo”, en alusión al intendente. E insistió en la idea de que se convoque a una instancia seria de diálogo.
La sesión del Concejo de Representantes se llevó a cabo en medio de un fuerte operativo policial. Un cordón de agentes parados delante del ingreso impidió que los trabajadores y sus familias pudieran acceder a la sala de sesiones.
Sólo pasó un reducido grupo. Afuera, en tanto, atronaba la terminal el cántico “la Coopi no se vende” y algunos otros con alusiones directas al intendente.
Una vez que finalizó la participación en el Concejo, el cuerpo social de la Coopi mantuvo una multitudinaria asamblea en la sede central.
Allí se esbozaron las distintas estrategias que se llevarán a cabo para hacer caer el decreto de quita del servicio de agua.
Nota correspondiente a la edición n° 432 del semanario La Jornada, del 04 de setiembre de 2016.
