La concejal de Juntos por Carlos Paz presentó dos proyectos para esclarecer el incidente que afectó los sistemas del Municipio. Pidió información sobre los contratos con proveedores tecnológicos, las medidas de seguridad y el posible compromiso de datos de los vecinos. También reclamó que los contribuyentes no sufran recargos por las dificultades ocasionadas.
El ataque informático que afectó los sistemas de la Municipalidad de Villa Carlos Paz abrió una discusión sobre las medidas de seguridad, los controles sobre los proveedores tecnológicos y las responsabilidades del Estado municipal frente a este tipo de incidentes.
En ese contexto, la concejal Pía Felpeto, del bloque Juntos por Carlos Paz, impulsó dos proyectos destinados a esclarecer lo ocurrido y obtener información documentada sobre el funcionamiento y la protección de los sistemas informáticos del Municipio.
Las iniciativas contemplan un pedido de informes al Departamento Ejecutivo y la solicitud de una auditoría externa e independiente, con el objetivo de determinar el alcance del ataque, evaluar las condiciones de seguridad y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.
“La responsabilidad del Municipio no termina en contratar una empresa: también debe controlar y exigir resultados”, sostuvo Felpeto al fundamentar su planteo.
Qué ocurrió y qué medidas de seguridad existían
El primero de los proyectos apunta a conocer el alcance del incidente informático y determinar si pudieron quedar comprometidos datos personales, tributarios o financieros de los vecinos.
La concejal también solicita precisiones sobre las medidas de protección implementadas antes del ataque y los sistemas de respaldo con los que contaba la administración municipal.
El requerimiento busca establecer qué herramientas de seguridad estaban disponibles y cuáles eran los procedimientos previstos para proteger la información.
Otro de los aspectos centrales está relacionado con los servicios tecnológicos contratados por el Municipio.
Felpeto pide revisar los contratos con PGM Tools y los demás proveedores involucrados, conocer los montos que se abonan por esos servicios, las obligaciones asumidas por las empresas y las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder.
El planteo pone el foco en la función de supervisión que debe ejercer la administración municipal sobre los servicios informáticos que contrata.
“Los vecinos tienen derecho a saber qué pasó con su información y con los recursos públicos”, remarcó la edil.
El proyecto requiere que el Ejecutivo remita respuestas documentadas en un plazo de cinco días hábiles administrativos.
Una auditoría externa para esclarecer el incidente
La segunda iniciativa solicita la realización de una auditoría externa urgente, en caso de que todavía no se haya dispuesto una investigación de esas características.
Felpeto propone que esté a cargo de especialistas independientes, sin vínculos con las empresas involucradas, para garantizar una evaluación técnica ajena a los intereses de los proveedores.
El trabajo debería examinar las causas del ataque, las posibles fallas de seguridad, la eventual afectación de información y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos.
También plantea la necesidad de preservar las pruebas relacionadas con el incidente y establecer medidas destinadas a prevenir nuevos episodios.
La propuesta busca que las conclusiones sobre lo ocurrido estén respaldadas por una revisión técnica independiente.
Que los contribuyentes no sufran recargos
Otro de los puntos incluidos en el pedido de informes es el impacto económico del ataque informático.
Felpeto solicita además que se contemplen prórrogas de vencimientos sin intereses ni recargos para aquellos contribuyentes que pudieran resultar afectados por las dificultades derivadas del incidente.
La intención es evitar que los vecinos deban afrontar consecuencias económicas por problemas relacionados con el funcionamiento de los sistemas municipales.
“No alcanza con comunicar el ataque”
Más allá de la investigación técnica, la concejal plantea una discusión sobre las obligaciones de control del Estado municipal.
Su cuestionamiento apunta a establecer si existían medidas de seguridad adecuadas, qué compromisos habían asumido las empresas contratadas y de qué manera el Municipio supervisaba el cumplimiento de esas obligaciones.
“No alcanza con comunicar el ataque: hay que rendir cuentas”, expresó Felpeto.El planteo deja abiertas preguntas que deberán responderse a partir de esa información: cuál fue el alcance del ataque, si existieron fallas de seguridad, qué responsabilidades corresponden a los proveedores y qué medidas se adoptarán para proteger los sistemas municipales y la información de los vecinos.
