El Juzgado Federal N° 3 dio a conocer este viernes los nombres de ocho víctimas del terrorismo de Estado cuyos restos fueron recuperados durante 2025 en Loma del Torito. Entre ellas hay trabajadores, estudiantes, profesionales y militantes políticos y sindicales. El avance fue posible gracias al trabajo forense y al cotejo genético con familiares, a quienes la Justicia convocó a continuar aportando muestras.
La Justicia Federal de Córdoba reveló este viernes 23 de octubre las identidades de otras ocho personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar, cuyos restos fueron recuperados en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla. Con estas nuevas confirmaciones, ya son 38 las víctimas identificadas en el marco de las investigaciones sobre los enterramientos clandestinos en ese sector de la provincia.
El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en los Tribunales Federales de Córdoba, encabezada por el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, titular del Juzgado Federal N° 3, con la participación de familiares que habían sido notificados previamente sobre los resultados.
Las identificaciones corresponden a restos óseos hallados durante las excavaciones realizadas en 2025 en Loma del Torito, dentro de la Guarnición Militar de La Calera. El trabajo científico estuvo a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), con la colaboración del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba y especialistas de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
El análisis de los fragmentos recuperados y su comparación con muestras de ADN aportadas por familiares permitieron devolverles sus nombres a ocho hombres y mujeres que permanecían desaparecidos desde 1976.
Las ocho personas identificadas y sus historias
Pascual Delfín Ludueña Leyva, conocido como Tolo, nació el 29 de septiembre de 1946 en Comechingones, Córdoba. Trabajaba en Fiat Concord, donde desarrollaba actividad sindical como delegado, y era socio del Club Atlético Belgrano. Fue secuestrado el 24 de marzo de 1976, el mismo día del golpe de Estado, en su vivienda de barrio Patricios. Tenía 29 años. Sus hermanos Olga y Raúl sostuvieron durante décadas la búsqueda de su paradero.
Juan Carlos Soulier Guillén, apodado El Negro, nació el 1° de noviembre de 1952 en La Rioja y se radicó en Córdoba durante su infancia. Trabajaba como electricista, estudiaba Ingeniería en Construcciones en la Universidad Tecnológica Nacional y participaba de la militancia estudiantil y política. Fue secuestrado el 15 de agosto de 1976, a los 23 años, junto con su esposa Adriana María Díaz Ríos y su hijo de apenas cinco meses, en una vivienda de barrio Villa Páez. El bebé pudo ser recuperado por su familia. Soulier permaneció cautivo en el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba y posteriormente en La Perla.
Mónica Protti Tamintti de Guillén nació el 1° de agosto de 1952 en Río Cuarto. Se había recibido de maestra normal y posteriormente comenzó a estudiar Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. Militaba en el Partido Comunista. Fue secuestrada el 21 de septiembre de 1976, a los 24 años, en su vivienda de barrio Villa Belgrano, junto con su compañero Enrique Daniel Guillén y en presencia de otros familiares. Su cautiverio en La Perla fue reconstruido durante los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad.
María Luisa Salto Segovia, conocida como Mara o Marita, nació el 8 de diciembre de 1955 en Cipolletti, Río Negro. Estudiaba Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba y militaba en la Juventud Universitaria Peronista. Fue secuestrada en la vía pública el 28 de julio de 1976, cuando tenía 20 años. Su hermano Dante recorrió durante años comisarías, hospitales y otras dependencias en busca de información sobre su destino. La investigación judicial permitió reconstruir que había permanecido detenida clandestinamente en La Perla.
Néstor Albino Acosta Ludueña, apodado Langosta, nació el 11 de diciembre de 1955 en Córdoba. Era trabajador ferroviario y participaba de la actividad sindical. En 1976 integraba una lista opositora a la conducción de la Unión Ferroviaria. Fue secuestrado el 16 de junio de ese año, a los 20 años, en su vivienda de barrio Talleres Sud, delante de su madre y sus hermanos. Sus padres, Sara Rosa Ludueña y Sipriano Acosta, murieron sin conocer qué había ocurrido con él.
Claudio Norberto Nardini Lambir nació el 28 de diciembre de 1941 en Buenos Aires. Trabajaba en la empresa SanCor y tenía participación gremial. Fue secuestrado el 23 de abril de 1976, a los 34 años, de su vivienda ubicada en el camino a Monte Cristo. El operativo ocurrió en presencia de su madre, su hermano y su cuñada. Permaneció cautivo en La Perla y su caso fue incluido en los juicios que investigaron los crímenes cometidos en el centro clandestino.
Cecilia Alicia Pessina Libro de Ávila nació el 22 de octubre de 1948 en Río Tercero. Era psicóloga egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, profesora de piano y militante de la Organización Comunista Poder Obrero. Estaba casada con Benjamín Ávila y tenían una hija, Carolina. Su esposo fue asesinado el 13 de agosto de 1976 y ella fue secuestrada al día siguiente, a los 27 años, en su domicilio de barrio Alto Alberdi, delante de su hija. Después del secuestro, su padre también fue detenido ilegalmente y torturado en el Departamento de Informaciones de la Policía provincial.
Mercedes del Valle Ramírez Agüero nació el 9 de marzo de 1954 en Córdoba. Cursaba cuarto año del secundario en el Colegio Juan Larrea, trabajaba en un negocio de lanas y participaba de la militancia estudiantil. Fue secuestrada el 3 de julio de 1976, cuando tenía 22 años, y permaneció cautiva en La Perla. Su desaparición fue investigada durante la megacausa La Perla-La Ribera-D2, que concluyó con una sentencia histórica en 2016.
La presentación de este viernes también incluyó una referencia a Alejandro Ernesto Jesús Jerez Bodereau, cuya identificación había sido confirmada a fines de agosto. Tenía 22 años cuando fue secuestrado el 5 de mayo de 1976 en barrio Alberdi, en la ciudad de Córdoba. Estudiaba Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba y trabajaba en la planta de IKA-Renault. Su caso ya integraba el registro de víctimas identificadas antes de que se conocieran los ocho nuevos nombres.
Una búsqueda que atravesó cinco décadas
Las nuevas identificaciones forman parte de la investigación judicial conocida como Averiguación de enterramientos clandestinos, que permitió localizar restos humanos en sectores próximos al antiguo centro clandestino.
El trabajo tuvo un avance decisivo el 22 de septiembre de 2025, cuando comenzaron a recuperarse los primeros fragmentos óseos en Loma del Torito.
Durante 2026 se sucedieron los anuncios: primero fueron identificadas 12 personas, luego otras 17 y, en agosto, se confirmó la identidad de Alejandro Ernesto Jesús Jerez Bodereau. Las ocho identificaciones difundidas este viernes elevan el total a 38.
Vaca Narvaja destacó la importancia de las técnicas científicas que permitieron obtener información genética a partir de restos óseos pequeños y fragmentados, pese a las maniobras realizadas por la dictadura para ocultar los cuerpos.
El juez recordó que, en 1979, antes de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los militares utilizaron maquinaria pesada y camiones para remover enterramientos clandestinos y trasladar restos humanos.
Según explicó, esas operaciones tenían como finalidad borrar las pruebas de los crímenes cometidos en el lugar.
Sin embargo, casi cinco décadas después, los análisis genéticos permitieron reconstruir identidades y establecer el destino de personas que habían sido secuestradas y permanecían desaparecidas.
El magistrado también confirmó que sigue abierta una investigación para determinar adónde fueron trasladados los restos removidos por los militares durante aquellas operaciones.
El testimonio de una familia: alegría y dolor después de 50 años
Entre los familiares que participaron del anuncio estuvo Graciela, hermana de Cecilia Alicia Pessina, quien destacó el significado de haber podido identificarla a partir de un pequeño fragmento óseo de una de sus manos.
“El huesito, al ser hallado, te cuenta una historia”, expresó durante una entrevista posterior a la conferencia.
Para su familia, ese fragmento permitió confirmar lo que habían sostenido durante décadas acerca del secuestro y el destino de Cecilia.
Graciela describió sentimientos que conviven de manera difícil: la alegría de haberla encontrado y el dolor de confirmar definitivamente su muerte.
Su testimonio reflejó el significado que tienen estas identificaciones para las familias que durante cincuenta años buscaron respuestas sobre lo ocurrido con sus seres queridos.
La Perla y los crímenes del terrorismo de Estado
La Perla funcionó principalmente entre 1976 y 1978 bajo la órbita del Tercer Cuerpo de Ejército, comandado por Luciano Benjamín Menéndez.
Fue uno de los mayores centros clandestinos de detención, tortura y exterminio del país. Las investigaciones históricas y judiciales estiman que entre 2.200 y 2.500 personas pasaron por sus instalaciones, muchas de las cuales continúan desaparecidas.
El predio formó parte de un sistema represivo que incluyó secuestros, torturas, asesinatos y desaparición forzada de personas.
Los testimonios de sobrevivientes permitieron reconstruir que numerosos detenidos eran trasladados desde el centro clandestino hacia sectores cercanos donde posteriormente fueron asesinados y enterrados.
Las excavaciones realizadas durante los últimos años aportaron nuevas pruebas sobre el funcionamiento de ese sistema y abrieron la posibilidad de identificar a víctimas cuyo destino permaneció desconocido durante décadas.
Piden nuevas muestras de sangre para continuar las identificaciones
Durante la presentación, Vaca Narvaja insistió en la necesidad de ampliar la participación de familiares de personas desaparecidas en los procesos de identificación genética.
El juez explicó que las nuevas campañas de excavación permitieron recuperar numerosos fragmentos óseos que todavía deben ser estudiados. Para establecer a quiénes pertenecen, resulta fundamental contar con muestras de referencia de sus familias.
El Equipo Argentino de Antropología Forense mantiene abierta una convocatoria a familiares de víctimas de desaparición forzada entre 1974 y 1983.
La toma de muestras es gratuita, voluntaria y confidencial, y la información genética se utiliza exclusivamente con fines identificatorios.
Quienes deseen consultar pueden comunicarse al 0800-345-3236, de lunes a viernes de 9 a 16, enviar un mensaje de WhatsApp al +54 9 11 2348-5229 o escribir a [email protected].
Mientras continúan las investigaciones y los análisis de laboratorio, cada nueva identificación permite reconstruir una historia personal, aportar pruebas sobre los crímenes cometidos y ofrecer respuestas a familias que llevan medio siglo buscando a sus seres queridos.
