El Presidente mantuvo su silencio frente al resultado electoral de Brasil, pese a haber respaldado a Flávio Bolsonaro. En Casa Rosada pidió a sus ministros profundizar las reformas, en una reunión marcada por la ausencia de Patricia Bullrich. Amnistía Internacional anunció que acudirá a la CIDH y la ONU por sus descalificaciones contra periodistas que investigaron el caso $LIBRA.
El presidente Javier Milei atravesó este lunes una jornada marcada por tres frentes políticos: su falta de reconocimiento público a la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, la reafirmación del programa económico ante su Gabinete y el anuncio de una denuncia internacional por sus ataques a periodistas.
A casi 24 horas de conocerse el resultado electoral brasileño, ni Milei ni la Cancillería argentina habían felicitado al mandatario reelecto, una posición que contrastó con la respuesta de otros gobiernos latinoamericanos, incluidos varios de orientación conservadora.
El silencio tuvo como antecedente el respaldo explícito que el Presidente argentino brindó a Flávio Bolsonaro durante la campaña y sus reiterados cuestionamientos a Lula, a quien incluso acusó de intentar manipular las elecciones.
Mientras tanto, en la Casa Rosada, Milei reunió a sus principales funcionarios para exigirles que profundicen las transformaciones en marcha y descartar modificaciones en el rumbo económico de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
La jornada sumó otro episodio de relevancia institucional cuando Amnistía Internacional anunció que llevará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organismos de Naciones Unidas las recientes descalificaciones del Presidente contra periodistas vinculados con la investigación del caso $LIBRA.
El silencio frente a la victoria de Lula
El resultado de la segunda vuelta brasileña dejó a Milei ante un escenario político contrario al que había respaldado públicamente.
Según los resultados definitivos del Tribunal Superior Electoral de Brasil, Lula obtuvo el 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro, con una diferencia superior a 4,4 millones de sufragios.
La victoria representó una remontada del actual mandatario, que había terminado segundo en la primera vuelta del 4 de octubre, y le permitirá iniciar su cuarto mandato presidencial en enero.
Milei había participado personalmente de la campaña de Bolsonaro. En julio viajó a San Pablo para acompañar el lanzamiento de su candidatura y, durante las semanas siguientes, multiplicó sus cuestionamientos al presidente brasileño.
El 20 de octubre llegó a calificar a Lula de «zurdo ladrón» y sugirió, sin presentar pruebas, que el oficialismo brasileño podría intentar alterar el resultado electoral.
Tras la votación del domingo, el Presidente argentino compartió publicaciones en X que cuestionaban la extensión del horario de los comicios y, ya durante el lunes, replicó un mensaje crítico hacia quienes habían votado por Lula.
Sin embargo, no emitió una felicitación ni un pronunciamiento institucional sobre la victoria, aunque tampoco se conoció una decisión diplomática formal del Gobierno argentino de desconocer el resultado proclamado por la Justicia Electoral brasileña.
La postura se produjo mientras Flávio Bolsonaro rechazaba admitir su derrota y anunciaba que solicitaría la anulación de los comicios por la decisión judicial que permitió extender dos horas la votación en determinados establecimientos.
El Tribunal Superior Electoral confirmó la victoria de Lula y explicó las medidas adoptadas para garantizar la participación de los ciudadanos. Las denuncias y sospechas de irregularidades difundidas por el sector bolsonarista no modificaron el resultado oficial.
El contraste con otros dirigentes argentinos fue significativo. Mauricio Macri y el PRO felicitaron a Lula y destacaron la necesidad de preservar la cooperación entre ambos países.
También celebraron el resultado Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa, mientras la Unión Cívica Radical expresó su reconocimiento a la voluntad popular brasileña.
En Córdoba, el gobernador Martín Llaryora puso el acento en la relación bilateral y sostuvo que Argentina y Brasil comparten una identidad regional y grandes oportunidades de crecimiento y cooperación.
El vínculo con Brasil tiene una importancia que excede las diferencias ideológicas: se trata del principal socio comercial de Argentina y de uno de sus aliados estratégicos dentro del Mercosur.
Una reunión de Gabinete con definiciones económicas y ausencias
En medio de ese escenario, Milei encabezó por la mañana una nueva reunión de Gabinete en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada.
El encuentro se extendió durante poco más de una hora y estuvo centrado en la continuidad del programa económico, el contexto internacional y las prioridades legislativas del oficialismo.
Según el comunicado oficial, el Presidente convocó a sus funcionarios a redoblar los esfuerzos para profundizar las reformas y fue categórico al descartar cambios de orientación por motivos electorales.
«No vamos a corrernos ni un milímetro de las ideas de la libertad», afirmó ante sus ministros.
También sostuvo que modificar el rumbo para mejorar las perspectivas electorales sería «inmoral, injusto, un error técnico y una grave afrenta a la credibilidad y reputación» construidas durante su gestión.
Las definiciones estuvieron acompañadas por una mirada hacia las elecciones presidenciales de 2027. Milei planteó que los argentinos deberán elegir entre lo que denominó el partido de la libertad y la prosperidad y el partido del Estado.
En materia económica, repasó los efectos de los conflictos internacionales, el aumento del precio del petróleo y las presiones sobre los precios y las tasas de interés, que afectan particularmente a las economías emergentes.
El mensaje llegó en una jornada de fuertes pérdidas para los activos argentinos, con retrocesos de acciones y bonos, y un riesgo país que alcanzó los 765 puntos básicos, en medio de la turbulencia financiera regional provocada por el resultado brasileño.
En el plano legislativo, el Gobierno ratificó su intención de avanzar con iniciativas como la reforma electoral, que contempla la suspensión de las PASO, la ley de patentes y el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.
La victoria de Lula no fue abordada durante la reunión, según confirmaron fuentes oficiales.
Entre los participantes estuvieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros integrantes del equipo gubernamental.
Una de las ausencias más significativas fue la de Patricia Bullrich, actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, quien había mantenido diferencias públicas con Milei durante el fin de semana. Desde su entorno atribuyeron la ausencia a motivos personales.
Tampoco participó el ministro de Defensa, Carlos Presti, quien se encontraba de viaje.
El contrapunto con Bullrich había quedado expuesto el domingo, cuando la senadora cuestionó las expresiones del Presidente contra periodistas y sostuvo que había cruzado un límite al hablar de quemarlos en una hoguera.
«Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan», afirmó la legisladora, aunque reconoció el derecho del mandatario a responder a las críticas.
Además, planteó diferencias sobre la marcha económica y consideró que se necesitan «ciertos correctivos» para que los resultados del programa oficial lleguen a los ingresos y la vida cotidiana de las familias.
Amnistía Internacional acudirá a organismos internacionales por los ataques a periodistas
El tercer frente político de la jornada estuvo relacionado con las declaraciones que Milei pronunció el viernes durante una actividad de la Fundación Faro, cuando cuestionó duramente a periodistas que investigaron el caso de la criptomoneda $LIBRA.
En aquella intervención, el Presidente mencionó a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, a quienes descalificó en relación con sus trabajos periodísticos.
Entre las expresiones utilizadas figuraron acusaciones de ser «ensobrados», «corruptos» y «mercenarios de la mentira». En el mismo discurso, Milei afirmó que «los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta».
Las declaraciones provocaron cuestionamientos de organizaciones periodísticas y referentes políticos, a los que se sumó este lunes Amnistía Internacional Argentina.
La organización anunció que presentará los hechos ante la CIDH y Naciones Unidas, como parte de su seguimiento de las condiciones de ejercicio de la libertad de expresión en el país.
En su comunicado, calificó los dichos presidenciales como una «grave e inadmisible escalada en la hostilidad presidencial hacia la prensa» y advirtió sobre las consecuencias que pueden tener los señalamientos públicos desde la máxima autoridad del Estado.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, sostuvo que las descalificaciones y las referencias a imágenes de violencia contribuyen a generar un clima de intimidación que puede favorecer nuevas agresiones.
Belski remarcó, además, que la investidura presidencial exige una responsabilidad especial para garantizar que los periodistas puedan investigar e informar sin sufrir hostigamiento.
La organización también recordó los registros del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), que durante 2025 contabilizó 278 ataques contra la prensa, de los cuales atribuyó 119 directamente al Presidente.
Por el momento, Amnistía comunicó su decisión de acudir a los organismos internacionales, sin que se hubiera confirmado la radicación formal de las presentaciones anunciadas.
El episodio se produjo después de que Milei cuestionara reiteradamente la cobertura del caso $LIBRA, una investigación que generó controversias políticas y judiciales por su intervención en la difusión de la criptomoneda.
La libertad de expresión protege tanto el derecho de los funcionarios a responder cuestionamientos como el de los periodistas a investigar y publicar información de interés público. La controversia planteada por Amnistía se concentra en el uso de descalificaciones personales y referencias violentas desde la Presidencia de la Nación.
La jornada dejó así abiertos distintos asuntos para el Gobierno: la relación institucional con el Brasil de Lula, la continuidad de su programa económico frente a los reclamos de modificaciones dentro del propio oficialismo y las consecuencias internacionales que podrían tener los cuestionamientos presidenciales a la prensa.
