El intendente envió al Concejo un proyecto para disponer libremente de los recursos que los vecinos aportan vía contribuciones específicas para obras, seguridad, turismo, gas y otras finalidades. La norma replica y extiende el esquema aprobado en 2023, que ya había sido cuestionado por vaciar el sentido de estos fondos.
El intendente Esteban Avilés elevó al Concejo de Representantes un proyecto de ordenanza que apunta a habilitar la libre disponibilidad de las llamadas cuentas con afectación específica de origen municipal: es decir, los fondos que los vecinos pagan como adicionales en distintas tasas para financiar objetivos concretos (obras, seguridad, promoción turística, gas, infraestructura deportiva, entre otros).
En la nota de elevación, Avilés argumenta que, aunque se registra una mejora en los indicadores macroeconómicos nacionales, la situación todavía no se traduce en la economía cotidiana, por lo que —según plantea— resulta “preciso continuar con la libre disponibilidad de los recursos provenientes de cuentas con afectación específica” para dotar a la Tesorería de “liquidez más inmediata” y agilizar el cumplimiento de las obligaciones de la Administración.
El proyecto es breve pero contundente. En su Artículo 1, establece:
“ESTABLECER la libre disponibilidad de los recursos provenientes de cuentas con afectación específica de origen municipal para el Ejercicio 2025. La ejecución presupuestaria anual constituirá la rendición de cuentas con el detalle de la utilización de los fondos”.
En los hechos, eso significa que el gobierno municipal podría usar, sin límites previos ni obligación de reposición, el dinero que los vecinos aportaron con destino específico, para cualquier otro gasto que se defina de manera discrecional.
Qué son las contribuciones de afectación específica
De acuerdo con la ordenanza Tarifaria, el municipio cobra actualmente nueve contribuciones con afectación específica, que se suman a distintas tasas vinculadas a inmuebles, actividad comercial, espectáculos públicos, ocupación de la vía pública y obras privadas.
Se trata de los siguientes ítems:
- 0,50% – Contribución para Expropiaciones.
- 2,00% – Contribución para Expropiaciones Faldeo Montañoso.
- 2,50% – Contribución para Seguridad.
- 1,25% – Contribución para Apoyo a Bomberos.
- 9,50% – Contribución para Obras Públicas y Desarrollo Local y Regional.
- 7% – Contribución para Obras de Gas.
- 1,25% – Contribución para Infraestructura Deportiva.
- 4% – Contribución para Promoción Turística.
- 6% – Contribución para Promoción, Desarrollo, Sustentabilidad e Infraestructura Turística.
En conjunto, estas cargas representan alrededor de un 34% adicional que los contribuyentes pagan sobre diversos conceptos, bajo la promesa de que esos recursos se destinarán específicamente a expropiaciones, seguridad, bomberos, obras, gas natural, infraestructura deportiva y promoción turística.
Con la ordenanza que propone Avilés, ese dinero dejaría de estar “protegido” por su destino original y podría afectarse a cualquier otro gasto municipal, quedando sólo la ejecución presupuestaria anual como rendición ex post.
El precedente de 2023 y la continuidad del esquema
No es la primera vez que el oficialismo impulsa una medida de este tipo. Un par de semanas antes de dejar la intendencia, en agosto de 2023, Daniel Gómez Gesteira promovió y consiguió aprobar una ordenanza que establecía “la libre disponibilidad de los recursos provenientes de cuentas con afectación específica de origen municipal para los Ejercicios 2023 y 2024”.
Aquel proyecto ya había generado polémica, justamente porque vacía de contenido el concepto de “afectación específica”: lo que el vecino paga como sobretasa para destinar a un rubro concreto, pasa a integrar un fondo general que el Ejecutivo puede usar de manera discrecional.
Ahora, Avilés propone extender ese esquema al Ejercicio 2025, al tiempo que su administración habla de superávit, cuentas ordenadas y buena gestión financiera.
La decisión reabre la discusión de fondo:
- Si las cuentas están saneadas, ¿por qué seguir apelando a los fondos especiales como caja de libre disponibilidad?
- ¿Tiene sentido que el vecino pague contribuciones diferenciadas para seguridad, gas o promoción turística si esos recursos pueden terminar destinados a cualquier otro fin?
Un 34% que deja de ser “intocable”
El punto político central no es sólo técnico o contable. Es de confianza. Las contribuciones de afectación específica se crearon como herramientas para blindar determinados objetivos (obras, seguridad, promoción turística, etc.) y garantizar que los recursos lleguen, efectivamente, a esos destinos.
Al habilitar la libre disposición de esos fondos, el gobierno convierte en relativos tanto el compromiso con esos objetivos como el mensaje hacia los contribuyentes: el 34% extra que se paga bajo la promesa de financiar obras y servicios concretos, puede ser usado para tapar otros baches del presupuesto.
A eso se suma otro dato político que no es menor: desde hace años, la Gestión Comunitaria se niega sistemáticamente a informar con detalle la evolución de estas cuentas cuando se le solicita. La falta de información precisa sobre cuánto se recauda y cómo se usa cada fondo especial agrava la preocupación por la discrecionalidad en su manejo.
Lo que se discute en el Concejo
El proyecto será ahora analizado por el Concejo de Representantes, donde el oficialismo pretende aprobarlo sobre tablas, pero deberá enfrentar críticas sobre:
- La coherencia entre el discurso de buena administración y la necesidad de manotear recursos específicos.
- La transparencia en el uso de las contribuciones que los vecinos pagan con finalidad concreta.
- La credibilidad futura de cualquier nuevo fondo de afectación específica que se pretenda crear.
En términos políticos, la discusión va mucho más allá de una fórmula contable: se trata de si el municipio respeta o no el contrato implícito con los contribuyentes, que pagan más con la expectativa —y la promesa— de que ese esfuerzo se traduzca en obras, servicios y políticas públicas concretas, y no en una caja disponible para cualquier urgencia del día a día.
Este proyecto, más los de Presupuesto y Tarifaria 2026, y los incrementos en servicios como taxis, remises y transporte urbano, serán tratados este viernes en el marco de una sesión especial que fue convocada para las 15:00 hs.
Inconstitucional. Se ca cambian las reglas al cierre, es como entregar un título terminado la competencia- Deberíamos hacer el espaldazo (como lo huzo Estudiantes a Rosario Central)?
Si el Defensor del Pueblo funcionara debria estar trabajando y anulando esta Ordenanza y acusando a los concejales por el mal desempeño de sus funciones.