Por Alejandro Gómez
Desde que Esteban Avilés asumió su tercera gestión como intendente de Villa Carlos Paz, en agosto de 2023, se repite un libreto que ya parecía aprendido de memoria: en cada discurso público se presenta como garante de la “transparencia”, mientras en la práctica profundiza una estrategia de opacidad que convierte al Concejo de Representantes en un ámbito incapaz de ejercer el rol de control.
No es la primera vez que ocurre. Las gestiones previas de Carlos Paz Unido también habían mostrado un marcado desprecio por la ordenanza 4699 de Información Pública Municipal, que obliga al Ejecutivo a difundir de manera completa y notoria información sobre su funcionamiento. La página web institucional está lejos de cumplir con lo que manda la norma. Pero en esta gestión, el vaciamiento de información pública alcanzó otro nivel: ni siquiera el Concejo de Representantes logra acceder a los datos.
El mecanismo es simple: cada pedido de informe presentado por los concejales de la oposición es enviado a comisión. Allí duerme el sueño eterno. El procedimiento técnico funciona como un rechazo liso y llano. No se debate, no se responde, no se aclara. El silencio se convierte en estrategia de gobierno.
Una montaña de pedidos, un cajón como respuesta
Los números son elocuentes. Entre agosto de 2023 y septiembre de 2025, las minorías presentaron 94 proyectos de resolución para obtener información sobre distintos aspectos de la gestión o interpelar a funcionarios. El detalle: Daniel Ribetti (32), Pía Felpeto (17), Fernando Revello (14) y Carlos Quaranta (31). Ninguno prosperó.
Los temas abordados atraviesan prácticamente todas las áreas del municipio:
- Servicios básicos: agua potable, cloacas, alumbrado, transporte urbano.
- Medio ambiente: funcionamiento del Centro Ambiental, denuncias por robo de combustible, control de podas, contaminación de cursos de agua.
- Salud pública: situación de dispensarios, planes de prevención, respuesta frente al dengue.
- Gestión administrativa: contrataciones directas, gastos en eventos, publicidad oficial, exenciones impositivas.
- Obras y urbanismo: loteos irregulares, ejecución de obras demoradas, control del Código de Edificación.
- Áreas sensibles: registro de alquileres temporarios, designación de funcionarios, funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
El abanico de problemáticas demuestra que no se trató de planteos aislados, ni de maniobras “obstructivas” de la oposición, como suele argumentar el oficialismo. Fue un intento sistemático de ejercer control sobre áreas clave de la gestión.
Interpelaciones que nunca fueron
La parálisis legislativa no se limita a los pedidos de informes. Los 94 proyectos de resolución presentados incluyen 15 pedidos de interpelación a funcionarios de primera línea.
Entre los citados figuraban secretarios y directores de Coordinación de Gabinete, Desarrollo Urbano, Salud, Recursos Fiscales, Seguridad Urbana, Agua y Saneamiento, Transporte y Educación. La lista incluía también al presidente del Tribunal de Cuentas.
Las razones eran diversas y contundentes: denuncias de violencia laboral, obras inconclusas como el Paseo de los Artesanos, el robo de combustible en el Centro Ambiental, aumentos de tasas sin explicación, la crisis sanitaria por el dengue, el manejo del transporte urbano, la falta de planificación en agua y cloacas, o el estado del registro municipal de alquileres temporarios.
Ninguna de esas interpelaciones avanzó. Todas fueron bloqueadas por la mayoría oficialista, que se atrincheró en la misma respuesta: el cajón.
Las voces de la oposición
La bronca de los concejales opositores quedó plasmada en declaraciones que, lejos de la tibieza, apuntaron directo al corazón de la gestión.
Daniel Ribetti (Juntos por Carlos Paz) fue lapidario. Recordó que “en este período presenté 86 proyectos, de los cuales 32 son pedidos de informe sobre temas de interés comunitario y legislativo. Ninguno de ellos salió del recinto”. Y agregó que, junto a otros concejales, impulsaron iniciativas que el Ejecutivo está obligado a responder al menos una vez al mes.
Las respuestas, sin embargo, estuvieron lejos de lo esperado. “Las contestaciones que recibimos son indignantes: parecen redactadas por un niño de quinto grado. No tienen profundidad, evaden las preguntas concretas y revelan una incapacidad intelectual alarmante para comprender consignas básicas. En lugar de dar respuestas serias, buscan ocultar datos o disfrazar su incompetencia con excusas vacías”, sostuvo. Y remató: “Si la gestión de Avilés fuera limpia, honesta y coherente, no tendrían nada que ocultar. Pero cada evasiva confirma lo contrario: gobiernan con arbitrariedad, improvisación y sin criterios profesionales. Por eso responden mal o directamente no responden: porque cualquier contestación seria dejaría en evidencia la desidia con la que manejan el municipio y la precariedad de sus verdaderas capacidades”.
Fernando Revello (Juntos por Carlos Paz), en cambio, se enfocó en el funcionamiento de las comisiones legislativas. “Desde nuestro bloque vemos con mucha preocupación cómo funcionan las comisiones. Tenemos muchos proyectos presentados que llevan meses e incluso años sin tratarse, aunque el reglamento dice claramente que deberían debatirse en un máximo de 45 días. El oficialismo, que tiene la obligación de convocar, deja los proyectos guardados y los vecinos siguen sin respuestas”.
Para Revello, las comisiones deberían ser el lugar natural para la discusión y el enriquecimiento de propuestas. “Quizás puede pasar que no crean que sea la solución, y es válido también, pero tienen que darnos una explicación y ponerse de acuerdo. La falta de trabajo solo aleja más al Concejo de la gente. Pedimos que se respeten las reglas y que se empiece a trabajar en serio por cada propuesta”, reclamó.
En la misma línea crítica, Pía Felpeto (Juntos por Carlos Paz) subrayó que su agenda legislativa estuvo centrada en la transparencia. “En este tiempo he presentado proyectos que buscaban algo sencillo pero fundamental: más transparencia y más control en la gestión municipal. Pedí informes sobre obras demoradas, contrataciones poco claras, gastos en eventos y exenciones impositivas. También impulsé iniciativas como Ficha Limpia y la actualización del Código de Ética”.
Sin embargo, nada prosperó. “Todos fueron rechazados o enviados a comisión, es decir, cajoneados. Esto demuestra que el oficialismo prefiere el silencio antes que la verdad, y el cajón antes que la discusión. Cada rechazo no es en contra mío, sino contra los vecinos que merecen saber cómo se administran sus recursos. Lo que hoy se niega a debatir es lo que mañana pagamos con falta de obras, inseguridad y menos oportunidades. Mi compromiso es claro: seguir insistiendo hasta que la transparencia sea la regla y no la excepción”, concluyó.
Finalmente, Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente) aportó una mirada institucional. Para él, “la efectividad de la democracia requiere de transparencia, debate y la posibilidad real de que las minorías puedan ejercer su rol de control. Lamentablemente, esto no ocurre en nuestro municipio”.
El edil advirtió que incluso a los propios representantes electos se les restringe información esencial: “Si a nosotros se nos impide acceder a datos fundamentales del Ejecutivo, ¿qué puede esperar el vecino común, que sólo cuenta con una página web con información limitada? La publicidad de los actos de gobierno es una obligación del Estado y un derecho del ciudadano que hoy en nuestra ciudad parece ser un privilegio”.
Además, apuntó contra la dinámica interna de las comisiones. “El oficialismo hizo uso de su mayoría para imponer los presidentes de todas las comisiones, y acto seguido cada presidente decide unilateralmente no convocar a reuniones para debatir nuestros proyectos. Nunca dijimos que nuestras propuestas deben ser aprobadas, pero sí reclamamos algo básico en democracia: que se debatan, y que en todo caso se rechacen con argumentos, no con el bloqueo sistemático”.
Y cerró con un mensaje directo: “El silencio con el que se nos responde es una forma de anular el debate y, en definitiva, de evitar rendir cuentas. Los vecinos se merecen más que eso de un gobierno que se auto titula ‘Gestión Comunitaria’”.
La transparencia que no es
El balance es tan evidente como preocupante. En dos años de gestión, los concejales de la oposición presentaron casi un centenar de pedidos de informes, incluyendo quince pedidos de interpelación, sobre múltiples temas. Ninguno prosperó. Ninguno se debatió. Ninguno fue respondido con seriedad.
La paradoja es insoslayable: un intendente que grita transparencia en cada acto público, y un bloque oficialista que levanta un muro para evitar que la transparencia se materialice. El contraste entre discurso y realidad es tan brutal que no requiere adjetivos: alcanza con contar lo ocurrido.
La política del silencio se consolidó como la principal herramienta del oficialismo. Un silencio que bloquea la información, anula el control y erosiona la confianza ciudadana.
Avilés podrá repetir que la “gestión comunitaria” que lidera es transparente, pero mientras los pedidos de informes sigan acumulando polvo en las comisiones, esa transparencia no será más que un eslogan vacío.
Será apenas el discurso naranja, enfrentado a un cajón gris donde se archiva cualquier intento de control.
Nota correspondiente a la edición n° 615 del periódico La Jornada, del 24 de septiembre de 2025.
