El concejal Daniel Ribetti (Juntos por Carlos Paz) presentó un proyecto para que el municipio avance con acciones administrativas y judiciales sobre un predio de Haendel al 600 que, según la iniciativa, está ocupado de manera irregular. El texto también exige respuestas a reclamos históricos de vecinos, un plan de reubicación en 90 días y medidas contra conexiones clandestinas y actividades comerciales ilegales.
El concejal Daniel Ribetti presentó un proyecto de ordenanza para que la Municipalidad de Villa Carlos Paz promueva acciones concretas para recuperar un espacio verde de barrio El Fantasio que, según sostiene la iniciativa, se encuentra ocupado de manera irregular y donde incluso se ofrece en venta una vivienda construida dentro del predio. La propuesta tomará estado legislativo en la sesión de este jueves del Concejo de Representantes.
“Es un proyecto vinculado a un reclamo histórico de vecinos de El Fantasio. Hay una ocupación irregular de un espacio verde destinado a plaza y el municipio no hace nada. Hay una casa construida allí que está a la venta. Esto refleja la falta absoluta de una política de vivienda y de control por parte del municipio”, señaló Ribetti, al resumir el eje de la iniciativa.
El texto parte de una publicación detectada en la plataforma Marketplace, donde se ofrecía una vivienda de madera instalada en un predio público ubicado en Haendel al 600, con mención explícita a una situación de ocupación irregular. A partir de ese hecho, el proyecto propone que el Departamento Ejecutivo avance con medidas para recuperar el lugar, frenar actividades no habilitadas y dar respuesta a denuncias que, según se expone, vecinos del sector vienen presentando desde hace años.
De acuerdo con la documentación citada en el proyecto, el inmueble está identificado en Catastro como “ESPACIO VERDE”, con nomenclatura catastral 23-04-55-38-03-014-001, número de cuenta municipal 230431504770 y una superficie total de 7.864 metros cuadrados. Además, el texto afirma que sobre ese terreno existen 652 metros cuadrados edificados y que la valuación fiscal total al mes de enero de 2026 asciende a $ 464.514.300,12, discriminada en $ 154.997.277,40 por el terreno y $ 309.517.022,72 por las mejoras.
Recupero del predio y plan de reubicación
En su artículo primero, la iniciativa instruye al Ejecutivo a promover las acciones administrativas y/o judiciales necesarias para la recuperación del espacio verde. El segundo artículo, en tanto, ordena inspeccionar el lugar para procurar el cese de cualquier actividad comercial ilícita y erradicar gallineros o criaderos que no estén permitidos por la normativa municipal.
Uno de los puntos centrales del proyecto aparece en el Artículo 3°, que dispone que el municipio deberá elaborar y ejecutar, en un plazo máximo de 90 días corridos desde la promulgación, un plan de reubicación para las personas que ocupen el predio, priorizando su inserción en programas habitacionales municipales. A la vez, deja expresamente afuera de cualquier beneficio social a quienes tengan otros inmuebles a su nombre o hayan participado en la comercialización de parcelas ocupadas irregularmente.
El texto sostiene que los espacios verdes públicos son bienes de dominio público municipal, inalienables e imprescriptibles, y plantea que la ocupación de esos lugares provoca un perjuicio directo para la ciudad al privar a los vecinos de áreas recreativas, de esparcimiento y mitigación ambiental. En esa línea, agrega que la oferta pública de bienes emplazados en esos predios “podría configurar, además, el delito de estelionato”, al pretender disponer de bienes ajenos como propios.
Reclamos vecinales sin respuesta
Otro de los aspectos que el proyecto pone en primer plano es el de los reclamos históricos de los vecinos. Según el texto, habitantes del sector presentaron notas formales y denuncias ante el municipio sin haber obtenido respuesta fehaciente. Entre las actuaciones mencionadas figuran el Expediente 93004/11, la Denuncia 1669 de mayo de 2018, el Expediente 186174/20 y una presentación en la Justicia Municipal de Faltas bajo el número 8490.
Por eso, el Artículo 4° instruye al Departamento Ejecutivo a responder de manera pronta, escrita y fundada, en un plazo máximo de siete días, todas esas notas y denuncias, detallando qué acciones se adoptaron o se adoptarán frente a la ocupación del espacio verde.
La iniciativa también incorpora un señalamiento sensible: sostiene que, según información aportada por vecinos del sector, en el predio ocupado “han sido identificados trabajadores municipales como habitantes” del lugar. A partir de ello, el proyecto propone que se abran actuaciones administrativas para determinar si existieron responsabilidades funcionales de agentes o funcionarios que, por acción u omisión, hubieran facilitado el avance de las ocupaciones. Si surgieran indicios de la posible comisión de delitos, el Ejecutivo debería remitir los antecedentes a la autoridad judicial competente.
Registro público, ventas sin validez y controles de servicios
Además de las medidas puntuales sobre el caso de Haendel al 600, el proyecto propone crear un Registro Municipal de Espacios Verdes ocupados indebidamente, que quedaría a cargo de la Dirección de Catastro y Espacios Públicos. Ese registro debería incluir georreferenciación, estado de ocupación, denuncias recibidas y acciones judiciales en trámite, con acceso público y actualización trimestral.
Otro punto relevante es el Artículo 7°, que establece que cualquier acto jurídico de disposición, comercialización, cesión, transferencia o locación que recaiga sobre construcciones, mejoras u ocupaciones asentadas en ese espacio de dominio público carece de validez jurídica y no será reconocido por la Municipalidad. Según el proyecto, esos actos no generarán derecho alguno frente al Estado municipal, sin perjuicio de las acciones que correspondan para recuperar el predio y remover las ocupaciones.
En paralelo, la iniciativa instruye al Ejecutivo a solicitar a la empresa provincial de energía eléctrica y a la Secretaría de agua y saneamiento relevamientos para detectar y eliminar conexiones clandestinas en el sector. El proyecto advierte que este tipo de instalaciones precarias genera riesgos de incendios, electrocución y accidentes, además de comprometer la seguridad de la zona.
Por último, se establece que el Departamento Ejecutivo deberá remitir al Concejo, cada 60 días, un informe detallado sobre el estado de cumplimiento de la ordenanza, incluyendo avances en desalojos, reubicaciones, denuncias y recuperación de espacios públicos.
En el planteo de Ribetti, el caso de El Fantasio condensa dos ejes que el proyecto busca poner en discusión: por un lado, la falta de respuesta oficial ante las denuncias vecinales por la ocupación de una plaza; por otro, la gravedad de que una vivienda asentada en un espacio verde público aparezca ofrecida en venta como si se tratara de un bien privado.
Es el colmo ,que se quiera vender una propiedad que es de todos por haberse echo en un espacio público, ademas de que no pagan ,los mismos costas de luz y agua ni taza municipal . Estuvieron viviendo todos estos años de prestado ,usurpando y ahora pretenden vender y el municipio ,se le aviso innumerables veces de las construcciones sin permiso .parece que estan haciendo populismo con la nuestra ! Ademas se incrementaron los robos .