La Corte de Apelaciones rechazó el recurso presentado por el país en el litigio derivado de la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. El monto continuará acumulando intereses.
La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó este martes la sentencia que obliga a la Argentina a pagar US$390.907.115,55, más intereses, al fondo Titan Consortium por el litigio originado en la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral.
El tribunal rechazó el recurso presentado por el Estado argentino y mantuvo el fallo de primera instancia que había reconocido en Estados Unidos un laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
La decisión no volvió a analizar la estatización ni el monto de la indemnización. El único planteo considerado fue si Titan había iniciado fuera de término el proceso para ejecutar el laudo en la Justicia estadounidense.
Argentina sostuvo que debía aplicarse un plazo de prescripción de tres años y que la presentación realizada por el fondo en 2021 era tardía.
La Corte de Apelaciones rechazó ese argumento y concluyó que correspondía utilizar el plazo de 12 años establecido en el Distrito de Columbia para ejecutar sentencias que ordenan el pago de dinero. De esta manera, consideró que la demanda de Titan fue presentada en término.
El origen del reclamo
El litigio comenzó después de que el Estado argentino tomara el control de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Las compañías españolas que controlaban las aerolíneas recurrieron al CIADI y sostuvieron que la expropiación había violado el tratado bilateral de inversiones firmado entre Argentina y España.
En 2017, el tribunal arbitral les reconoció una indemnización superior a los US$320 millones. Argentina intentó anular el laudo, pero el planteo fue rechazado en 2019 y se agregaron más de un millón de dólares por costos del proceso.
Los derechos de cobro fueron posteriormente transferidos a Titan Consortium, que en 2021 acudió a los tribunales estadounidenses para ejecutar la sentencia.
En diciembre de 2024, una jueza del Distrito de Columbia ordenó pagar US$390,9 millones, una cifra que incorporó los intereses acumulados hasta ese momento.
Qué puede pasar ahora
La Procuración del Tesoro informó que analiza las herramientas legales disponibles para intentar revertir la decisión o reducir sus consecuencias para el Estado.
La Argentina podría solicitar una revisión ante el pleno de la Corte de Apelaciones o intentar llevar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos. Esos recursos, sin embargo, son extraordinarios y no implican que vayan a ser aceptados.
Titan también busca identificar activos argentinos en Estados Unidos que puedan ser alcanzados para cobrar la sentencia. La ratificación del fallo no genera un embargo automático: cualquier medida deberá ser solicitada y autorizada judicialmente, teniendo en cuenta las normas que protegen los bienes soberanos.
El caso es independiente del litigio por la expropiación de YPF, aunque ambos reclamos tienen su origen en estatizaciones realizadas durante gobiernos kirchneristas.
