El ex candidato a defensor del Pueblo, Santiago Juliá, presentó dos notas formales para que el Consejo Educativo Municipal y la Defensoría del Pueblo activen todos los mecanismos de protección institucional frente a las denuncias por presuntos abusos sexuales contra niñas de 3 y 4 años en un jardín de infantes religioso de Villa Carlos Paz.
En medio de la preocupación social que generaron las denuncias por presuntos abusos sexuales en el Jardín de Infantes Parroquial del Niño de Dios, el ex candidato a defensor del Pueblo, Santiago Juliá, presentó dos escritos formales ante el Concejo de Representantes y la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz, reclamando la intervención de los organismos locales de control y protección de derechos.
En su planteo, Juliá sostiene que la situación “reviste una gravedad social, institucional y comunitaria” porque involucra hechos denunciados contra niñas de 3 y 4 años, y remarca que la normativa vigente obliga al Estado municipal a activar todos los mecanismos previstos para resguardar los derechos de las infancias y acompañar a las familias.
Pedido de convocatoria urgente al Consejo Educativo Municipal
En la presentación dirigida al Concejo de Representantes, Juliá solicita que se convoque de manera urgente al Consejo Educativo Municipal, en los términos de la Ordenanza 5046.
Fundamenta su pedido en artículos de la Carta Orgánica Municipal y de la ordenanza que regula el Consejo Educativo, donde se establece que este órgano debe funcionar como espacio de concertación y coordinación ante problemáticas que afecten a la comunidad educativa, colaborar con la gestión educativa local, solicitar información a las instituciones involucradas e intervenir, junto al Ejecutivo, en problemas de seguridad que impacten en las escuelas.
Entre los puntos centrales de la nota, reclama que:
- El Consejo Educativo incorpore en el orden del día el tratamiento específico de los hechos de público conocimiento vinculados a la institución denunciada.
- Se requiera a ese establecimiento “toda la información pertinente” para esclarecer lo ocurrido y evaluar su actuación institucional.
- Se convoque a representantes de las familias afectadas, SENAF, Ministerio de Educación, Fiscalía y demás autoridades competentes, en un ámbito formal y documentado.
- Todas las actuaciones, informes y comunicaciones del Consejo Educativo sean elevadas al Concejo de Representantes para su conocimiento y eventual intervención legislativa.
Además, pide que el Concejo de Representantes exhorte al Departamento Ejecutivo Municipal a que, a través de las áreas de la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana —en particular la sede local de SENAF y la Dirección de Desarrollo Social, Educación, Género y Diversidad— se activen de manera urgente los protocolos previstos para este tipo de situaciones, garantizando asistencia, acompañamiento, orientación y protección a las familias.
Presentación ante la Defensoría del Pueblo
En paralelo, Juliá elevó otra nota a la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz, donde solicita la apertura inmediata de una actuación formal en el marco de las facultades que la Carta Orgánica otorga a ese organismo para intervenir ante hechos u omisiones de la administración municipal o de entidades privadas que afecten derechos, garantías o intereses colectivos.
El escrito repasa que las denuncias se hicieron públicas la semana pasada, aunque los hechos habrían sido reportados desde mayo, y menciona el “profundo malestar” de las familias por la falta de respuestas suficientes y por supuestos actos de destrato y amedrentamiento de parte de la institución educativa. También cuestiona que, en un comunicado enviado a las familias, el jardín haya calificado la denuncia de abuso sexual como “inverosímil”, expresión que —según plantea— resta veracidad a los relatos y contribuye a la revictimización de las niñas.
Ante este escenario, Juliá pide a la Defensoría que:
- Requiera a la institución denunciada toda la información institucional relevante, incluidos protocolos aplicados, actuaciones desde mayo, comunicaciones oficiales y fundamentos de la negativa a recibir a los padres o brindar información.
- Actúe como organismo de intermediación, convocando en un marco institucional formal a las autoridades del jardín, a las familias de las niñas afectadas y a las autoridades municipales y provinciales, dejando constancia escrita de todo lo actuado.
- Garantice acompañamiento institucional a las familias, con asesoramiento, orientación y presencia en las distintas instancias administrativas y comunitarias vinculadas al caso.
En las consideraciones finales, la presentación sostiene que la gravedad de lo denunciado “exige una intervención inmediata, clara y efectiva de la Defensoría del Pueblo” y remarca que la normativa “no solo habilita, sino que obliga” a esa institución a actuar cuando están en juego derechos fundamentales de niñas y adolescentes.
“De más está decir que esto no es algo político, sino más bien una necesidad de que todos los resortes del Estado puedan accionar, acompañar, contener y también interceder para resolver esto”, aclaró Juliá.
Un caso bajo investigación judicial
Las presentaciones se suman al reclamo de las familias que en los últimos días se movilizaron frente a Tribunales y al jardín de infantes, y a las actuaciones que llevan adelante la Fiscalía de Competencia Múltiple del Tercer Turno, a cargo de Jorgelina Gómez, y la Fiscalía de Instrucción N° 2, a cargo de Ricardo Mazzuchi, en distintas aristas de las denuncias.
Desde el Ministerio Público Fiscal se informó oficialmente que ya se concretaron intervenciones de Medicina Legal, Química y Genética de la Policía Judicial y equipos técnicos interdisciplinarios, y que la causa se encuentra bajo secreto de sumario.
Mientras tanto, las familias insisten en que se investigue con celeridad, se brinde protección integral a las niñas y se garantice información clara y suficiente sobre el avance de las causas, al tiempo que ahora se suman los pedidos formales para que los organismos municipales activen todos los instrumentos de acompañamiento y control institucional previstos por la normativa local.
