El presidente Javier Milei vetó en su totalidad el proyecto de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica que destinaba partidas adicionales al Hospital Garrahan; el Ejecutivo argumentó motivos de equilibrio fiscal y faltas de fuentes claras de financiamiento.
El Ejecutivo publicó este jueves en el Boletín Oficial la decisión de vetar las dos normas que habían sido aprobadas por el Congreso en las últimas semanas: el proyecto de financiamiento para las universidades públicas y la ley que declaraba la emergencia pediátrica para otorgar fondos y recomposiciones salariales al Hospital Garrahan. Según el texto oficial, el veto al paquete —dictado mediante el Decreto N° 651/2025— se fundamenta en el riesgo fiscal que implicaría la ejecución de ambos programas sin fuentes de financiamiento previstas.
Desde la Casa Rosada se defendió la medida como una acción alineada con la prioridad de “no aumentar el gasto público sin sustentabilidad”, y se señaló que algunas partidas y reclamos contemplados en las leyes deben ser rediscutidos en el marco del Presupuesto y de controles administrativos que, asegura el Ejecutivo, ya garantizan el funcionamiento del Garrahan.
Las reacciones fueron inmediatas: sindicatos docentes, organizaciones de la salud, legisladores opositores y referentes del sector denunciaron que el veto pone en riesgo la mejora de salarios, la compra de insumos críticos y la capacidad de atención pediátrica en uno de los centros de referencia nacional. Voces del mundo académico también advirtieron que el rechazo al financiamiento universitario complica la previsibilidad salarial y presupuestaria de las casas de estudio.
En el Congreso ya se mencionó la posibilidad de la “insistencia” para sortear el veto: la Cámara que originó las leyes puede volver a aprobarlas y exigir su promulgación, lo que abriría una nueva pulseada política entre el Ejecutivo y el Parlamento en las próximas sesiones. Diversos bloques legislativos adelantaron que evaluarán mecanismos y plazos para responder al veto.
Qué implica en lo práctico
- Para el Garrahan, la ley vetada incluía recomposiciones salariales y partidas extraordinarias para insumos y equipamiento; ahora esas medidas deberán buscarse en la negociación presupuestaria ordinaria.
- Para las universidades, la normativa vetada proponía actualizaciones periódicas de partidas y complementos salariales para docentes y no docentes; su rechazo deja sin ese esquema de actualización automática a los planteles.
- Políticamente, los vetos llegan en un momento de alta tensión entre el Gobierno y gobernadores/provincias que reclaman recursos, y amplifican la conflictividad en torno a la elaboración del Presupuesto 2026.
El anuncio oficial cierra por ahora la vía administrativa inmediata, pero abre un nuevo capítulo en la disputa entre el Ejecutivo y amplios sectores sociales y políticos que habían impulsado las leyes. Se esperan movilizaciones de apoyo a las iniciativas vetadas y un calendario de gestiones parlamentarias para la semana próxima.
